A pesar de que la Covid-19 concentra la mayor parte de la atención política, social y mediática, la crisis catalana sigue siendo uno de los problemas centrales del Reino de España. Con los líderes en prisión y en el exilio, la continua persecución judicial, la prohibición de pasar al tercer grado penitenciario, haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales europeas contrarias a las decisiones de los jueces españoles y la más que probable inhabilitación del actual president de la Generalitat, Quim Torra, son hechos que siguen alimentando el polvorín. Lo es también el bloqueo durante meses de la mesa de diálogo acordada entre el gobierno y ERC y, para que la tormenta sea perfecta, hay que añadir la ruptura entre el PDeCAT y Puigdemont. Estamos ante una escisión política y orgánica que se disputa la referencia y la representación política del catalanismo de derecha y centro-derecha, con una propuesta independentista republicana, que socialmente representa a las clases medias y propietarias catalanas, parte de profesionales y de base social territorial agraria.
Ese es el marco de la parálisis política del independentismo. Existe una enorme dificultad para extraer las lecciones de octubre 2017 y definir un camino que vuelva a situar en primer plano el ejercicio del derecho de autodeterminación. Una de las virtudes de las rebeliones sociales es que modifican las representaciones políticas y estas tienden a aproximarse a los intereses de las clases y/o capas sociales que representan. Desde que comenzó el procés ha cambiado mucho el panorama político catalán, y quien ha sufrido más las consecuencias ha sido el espacio que representaba Convergencia i Unió. En las elecciones de 2010 obtuvo 62 diputados y el 46% de los votos. En 2012 bajó a 50 con el 30% de los votos. En 2015 se presentó como Junts pel Si en una candidatura conjunta con ERC. Y en 2017 se quedó en 34 diputados con el 21% de los votos. En estos años de convulsa vida política perdió más de la mitad de votos y representación. La explosiva combinación de la corrupción del 3%, del reconocimiento de evasión fiscal y de capitales por parte de Jordi Pujol y el movimiento por la independencia ha hecho saltar por los aires a quien dominó la escena política catalana durante varios decenios.
En 2015 se rompió la coalición entre Convergencia y la demócrata cristiana Unió (parte de sus continuadores son hoy aliados del PSC) En 2016 se disolvió Convergencia, para intentar salvar los muebles de su estrecha relación con la corrupción, para fundar el PDeCAT, que ya no ha podido evitar la implosión del espacio que lideraron Pujol y Mas. De ahí surgió Lliures (de tendencia liberal) La que fuera secretaria del PDdeCAT, Marta Pascal, abandonó el partido y fundó el PNC (Partido Nacionalista de Cataluña). Otras agrupaciones o plataformas de diverso tipo se han ido conformando en torno a la coalición JuntsxCat. Ya no se podrá decir que solo la izquierda se divide. Cuando la derecha entra en crisis también sabe ejercer el enfrentamiento y el cainismo. Una primera conclusión es que el movimiento popular, democrático y republicano catalán a quien más ha debilitado ha sido a la representación más burguesa, más a la derecha, del movimiento.
La carta Puigdemont
Y, sin embargo, a pesar de su profunda crisis, ha conseguido mantener la presidencia de la Generalitat, la base para tener la hegemonía del movimiento, siguen conservando una buena representación municipal y una particular influencia en la ANC (Asamblea Nacional Catalana).
¿Qué razones explicarían que, a pesar del retroceso electoral, la derecha siga manteniendo una mayoría, por exigua que sea, de la representación política? El más importante es lo que representa Puigdemont en tanto que president de la Generalitat destituido por la aplicación del artículo 155 y en el exilio. Se puede tener una opinión u otra sobre él, si cumplió o no las expectativas creadas en octubre de 2017, sobre su política social o económica, pero en Cataluña la representatividad de la Generalitat va más allá de las personas y del color político de quien es president. La Generalitat es la representación del país a través de la historia y existe un ligamen muy fuerte, que no existe en el Reino de España y diría que ni siquiera en otras comunidades históricas, entre la institución y el sentimiento de nación. Esa atracción nacional y electoral es el punto fuerte de lo que podríamos llamar el efecto Puigdemont sobre el cuerpo electoral. Valga como ejemplo que en las elecciones europeas de 2019 en Cataluña su candidatura fue la más votada.
Muchísimo más discutibles son sus políticas. Pretende aparecer como el que no se achanta ante el poder del Estado, en lo que hay más propaganda que realidad. Cuando en octubre de 2017 proclamó la república catalana tardó 15 segundos en hibernarla y la larga lucha judicial para evitar su extradición y que le sea reconocida su condición de europarlamentario es una necesaria batalla democrática, pero otros también la han llevado enfrentándose al Tribunal Supremo y purgando años de cárcel. Su práctica política se puede comprobar en la inutilidad y agotamiento del gobierno Torra. Un gobierno supeditado a Puigdemont y cuyos pasos para avanzar hacia la república todavía están por ver y que las ruedas de prensa o declaraciones institucionales no se orientan a movilizar a la población ni a construir alianzas políticas y sociales que abran nuevos escenarios. Un gobierno que en sus tímidos intentos sociales (algunos pactados presupuestariamente con los Comunes) se han visto frenados por las exigencias de los intereses del capital catalán y la tibia actuación de ERC, que dirige algunas de las consellerias sociales y económicas.
Esas políticas en vez de ayudar a que el movimiento independentista y republicano sea más fuerte, no hacen más que debilitarlo por el lado de las clases populares. El diputado de la CUP, Albert Botran, lo pone como ejemplo en este artículo. Un acuerdo para controlar los alquileres de viviendas con el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) apoyado por ERC, CUP, Comunes, Ómnium y ANC se descolgó JuntsxCat “parece que por presiones de las cámaras de la propiedad y sectores del negocio inmobiliario”. Como dice Botran: “En una sociedad como la nuestra, en la Cataluña de 2020, el independentismo no crecerá y le faltará fuerza de ruptura si no va asociado a un programa de transformación social”. Para ampliar la base social-cita a Julià de Jodar- se necesita “una nueva síntesis entre el eje nacional y el eje social”. Las políticas de Puigdemont y de JuntsxCat son, en realidad, una barrera porque para ellos la emancipación se limita a los aspectos nacionales y democráticos, que deberían ser un punto de confluencia de todos los demócratas y las izquierdas, pero insuficiente para lograr las mayorías necesarias para avanzar hacia la república y poner en práctica políticas sociales favorables a la mayoría de la población.
En esa imaginería de gestos que tan a menudo utilizan Puigdemont y los suyos, el último es la propuesta de “una confrontación inteligente”. ¿Y eso qué significa? Porque planes geniales, jugadas maestras, hojas de rutas imaginarias ya hubo muchas durante las jornadas de octubre de 2017 y, en todo caso, lo que se necesita son planes concretos, objetivos definidos y contar con las fuerzas necesarias para lograrlo, y de eso no se escucha palabra. Es conveniente mantener la confrontación cuando se acompaña de medios, planes y alianzas.
Esa sensación de parálisis y de falta de orientación no se resuelve con brindis al sol ni iniciativas ingeniosas sin una base social para realizarlas. Lo expresa también Josep Lluís Carod Rovira en este artículo: “Como no hay táctica, ni estrategia, ni hoja de ruta, ni carta de navegación, ni nada que se le parezca, esto tiene todo el efecto de una improvisación permanente. Se va a cada nueva cita sin preparar, ni prever, el escenario posterior, con la misma alegría inconsciente con que los niños van de excursión nocturna por el bosque, en las colonias, sin tener en cuenta los peligros. De esta manera, en lugar de consolidar el terreno ganado, cada nueva iniciativa se convierte en un problema, porque no forma parte de una estrategia acordada y se trata solo de un gesto aislado”.
Como a menudo ha sucedido en los movimientos nacionalistas un cierto mesianismo -del líder representando al conjunto de la nación- por encima de los partidos y las clases sociales se nota también en Puigdemont. Como antes lo fue Pujol y lo intentó Mas en las elecciones de 2012, y fracasó. La pluralidad de la sociedad catalana no parece estar para mesianismos sino para que esa diversidad encuentre unos objetivos comunes de emancipación nacional y social.
El efecto Puigdemont y el nuevo partido JuntsxCat representa un nuevo intento de mantener la hegemonía de la derecha en el movimiento catalán, incluso aunque intente “radicalizar” expresiones e incluso incorporar personas desde la izquierda (que no ha funcionado). Mientras sea así, el propio movimiento verá limitadas sus expectativas para ampliar las alianzas y la base social dado que seguirá dependiendo de las políticas de la derecha catalana que, como es evidente, pone por delante sus intereses de clase antes de los de la mayoría de la población. El nuevo partido quiere romper con la herencia corrupta de Convergencia, pero no con su política económica y social. Es un claro ejemplo la elección del nuevo conseller de Empresa, Ramón Tremosa, un defensor del neoliberalismo duro, eslabón para el entendimiento con el capital catalán y europeo.
¿Y las izquierdas?
Pero también debemos preguntarnos por qué si está en profunda crisis el ámbito de la derecha, cómo es que las izquierdas no han sido capaces hasta ahora de definir una estrategia política alternativa de emancipación nacional y social. Diversas son las explicaciones, como plurales son las izquierdas. En el caso de ERC porque no se ha atrevido a romper con la derecha y porque la falsa idea de que se necesita a la derecha para avanzar hacia la independencia le hace dependiente de su hegemonía. Mira más de reojo a JuntsxCat que hacia su izquierda. La CUP no ha logrado establecer una estrategia unitaria de las izquierdas, tanto independentistas como soberanistas, que permitiera acumular las fuerzas suficientes para avanzar. En cuanto a los Comunes su falta de claridad y de indecisiones respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación, oponiéndolo muchas veces a los también necesarios derechos sociales, les ha incapacitado para representar una alternativa de izquierdas a la actual hegemonía de la derecha. Miran más hacia el PSC, defensor del actual régimen, que hacia las izquierdas independentistas y soberanistas.
Y, sin embargo, un nuevo impulso de la rebelión catalana necesitaría un cambio de dirección para establecer una nueva estrategia republicana para el ejercicio del derecho de autodeterminación. Una estrategia de sumar fuerzas, de incorporar al movimiento obrero, sindical y asociativo, de buscar alianzas en el conjunto del Estado, exigir la amnistía para liberar a los presos políticos y que los exiliados puedan volver, de definir políticas sociales que respondan a las necesidades de la mayoría. ¿Es ilusorio? El hecho es que desde octubre de 2017 el movimiento se sostiene, la represión no ha logrado debilitarlo, pero persiste la desorientación y la falta de perspectivas. Un cambio de hegemonía no es solo un cambio electoral sino también un cambio de estrategia. Una alianza no exige hacerse amigos, si no se desea, sino sencillamente aceptar que es posible un cambio de políticas a través de la hegemonía de las izquierdas. Una segunda conclusión de octubre del 2017 es la necesidad de encontrar aliados en el Estado, pues un nuevo impulso por la autodeterminación en Cataluña necesitaría un paso adelante por la república en el Reino del Estado, ahora que la monarquía vuelve a estar en horas bajas.
El president Torra ha provocado una crisis del govern que significa una profundización del enfrentamiento entre el PDdeCAT y JuntsxCat, del que ni siquiera informó a ERC. Es un gobierno zombi cuyo principal objetivo es darse tiempo para preparar la candidatura de JuntsxCat. Seguirá bloqueado y más adaptado a los intereses neoliberales. Podría ser una excelente oportunidad para debilitar a la derecha catalana y que las izquierdas dieran el paso para una nueva estrategia política y social de movimiento democrático, independentista, soberanista y republicano catalán.
Miguel Salas es miembro del consejo editorial de Sin Permiso