Las huelgas en la enseñanza que se están extendiendo por Galicia, Comunidad Autónoma Vasca o Madrid avisan de lo mal que van las cosas en educación. La huelga de médicos que se prepara en Madrid o las movilizaciones sanitarias en el País Vasco lo hacen sobre la nefasta realidad de su atención primaria. Avisan también sobre un desempleo que empieza a desbocarse sin remisión las movilizaciones contra los cierres de empresas y los despidos que comienzan a crecer en Catalunya o Madrid. Todo ello advierte de la envergadura de las necesidades, del avance de la pobreza y de la galopante desigualdad. El llamado escudo social se ahoga en el mar neoliberal, en unos procedimientos y normas que no hay funcionarios que puedan aplicar; se estrella el escudo en la cicatería de los más ricos y su famosa austeridad. Es mucho lo que hay que cambiar, mover y remover y, sobre todo, mucha la gente y derechos que hay proteger. Necesitamos decisión. Una decisión que sin el empuje de la calle no aparecerá. Por eso las movilizaciones de esta semana y las próximas resultan tan importantes.
La semana pasada el gobierno de coalición progresista también recibió un aviso y no menor cuando, por 194 noes contra 156 síes, vio como no se convalidaba en el Congreso de los Diputados su decreto sobre los superávits de los municipios. PSOE y Unidas Podemos solo fueron capaces de sumar a su propuesta el solitario voto de Teruel Existe. Nació mal el acuerdo al que llegaron con Abel Caballero (presidente de la Federación de Municipios y Provincias) gracias a su voto de calidad. Un pacto claramente a contra pelo de sus protagonistas, los propios ayuntamientos.
Ayer el propio Ministerio de Hacienda comenzó a desenredar el lío en el que el solito se metió y decidió suspender la maldita regla de gasto para este año y parece que también para el que viene. Es un principio, que dará algo de dinero a unos municipios históricamente mal financiados, diezmados por los recortes impuestos por Montoro y Rajoy y que ahora viven desbordados por las urgentes necesidades provocadas por la crisis sanitaria, social y económica en la que nos hallamos inmersos por la Covid. Son imprescindibles, pero insuficientes los pasos de la Ministra de Hacienda María Jesús Montero. Para encarar con seriedad la cuestión es necesario derogar la Ley de Estabilidad presupuestaria de Montoro. Hoy existe mayoría en la cámara para lograrlo. Sin esa derogación, el pan de hoy será escaso y puerta al hambre de mañana.
La votación perdida en el Congreso por el gobierno representa además un aviso para la recién iniciada negociación presupuestaria. Indica que la única manera de conseguir una mayoría de gobierno con suficiente respaldo parlamentario pasa por tomar iniciativas que desmonten el andamiaje neoliberal, austeritario y autoritario del PP. En caso contrario, no existe mayoría.
Por su parte, la ministra Calviño ha ido estos días a Bruselas a presentar la “arquitectura” de las cuentas del reino. Es decir, a conocer el margen que “dejan” aquellos que avalan la deuda pública española. Conoceremos qué piden al gobierno de PSOE y Unidas Podemos para que éste pueda seguir engordándola todavía por un tiempo. Y la pregunta es ¿a qué avisos hará más caso Sánchez, a los de la calle o a los de Bruselas?