Por iniciativa de Òmnium Cultural, cuyo presidente lleva en la actualidad encarcelado desde octubre de 2017, se han reunido 50 firmas de personalidades internacionales, premios Nobel, políticos y activistas de derechos humanos que suscriben el manifiesto que se reproduce más adelante. Entre ellas están Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil; Gerry Adams, impulsor de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte; Yoko Ono, cantante; Ai Wei Wei, artista y activista chino exiliado en Alemania. Premios Nobel de la Paz como Shirin Ebadi, abogada iraní; Adolfo Pérez Esquivel, pacifista argentino; Jody Williams, activista americana por los derechos humanos; Mairead Corrigan, activista por la paz en Irlanda del Norte, y la escritora austríaca premio Nobel de Literatura, Elfriede Jelinek. También Relatores Especiales de Naciones Unidas, como Ben Emmerson o Michel Forst; presos políticos de diferentes países, como Osman Kavala (Turquía), Joshua Wong (Hong Kong) y Can Dundar (Turquía); activistas como Mirta Baravalle, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo; políticos internacionales como Ronald Kasrils, ministro de Sudáfrica y luchador contra el apartheid, Milan Kucan, expresidente de Eslovenia, Rémy Pagani, alcalde de Ginebra, José Bové, activista, sindicalista y eurodiputado; personalidades del mundo de la cultura, como la cantante y activista Joan Baez, y escritores como el escocés Irvine Welsh y la bosniana Lana Bastasic, ganadora del Premio de Literatura 2020 de la UE, y directores de instituciones internacionales que son una referencia por su defensa de los derechos humanos, como Clayborn Carson, director del Instituto Martin Luther King, Jr. y Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní director del Centro Mahatma Gandhi por la Paz. También el economista, teórico del precariado y defensor de la renta básica Guy Standing.
Esta respuesta forma parte de la campaña para reunir miles de firmas de apoyo que presionen al gobierno y las instituciones españolas. El pasado 18 de diciembre el Parlament de Cataluña aprobó una resolución a favor de la amnistía. Hubo 70 votos a favor (ERC, JxCat y CUP), 57 en contra de la derecha y 8 abstenciones ¡de los Comunes! Lamentable decisión la de abstenerse de una petición de amnistía. Que esta formación pida el indulto y la reforma del delito de sedición no debería oponerse a votar favorablemente por una amnistía. No fueron precisamente brillantes los argumentos que se dieron para justificar la abstención. Recuérdese, como también se dijo de forma clara en esta sesión parlamentaria, que el indulto es una medida de gracia que implica la aceptación de la justicia de la condena, en cambio la amnistía supone el reconocimiento de la legitimidad de lo que se está amnistiando. Desde un punto de vista legal, no existe obstáculo para que las Cortes Generales aprueben una ley de amnistía para los presos políticos y exiliados políticos. “El argumento de que la Constitución no lo permite no se sostiene”.
La mencionada resolución del Parlamento catalán tendrá que ser debatida en el Parlamento español durante esta próxima primavera.
La falta de credibilidad de la justicia española está rozando cotas difíciles de imaginar en un Estado europeo. Una de las últimas constataciones la aporta la justicia belga que acaba de confirmar que no hay ninguna razón legal para la petición de extradición del que fuera conseller de la Generalitat, Lluís Puig. Eso representa un golpe al Tribunal Supremo porque además echa por tierra el intento de extraditar a Puigdemont y al resto de consellers en el exilio y pone en cuestión todo el montaje judicial de condena a los líderes sociales y políticos que ahora están en prisión. En palabras de un conocido constitucionalista al comentar este nuevo golpe demoledor al sistema judicial español: “La justicia española ha sido condenada recientemente por falta de imparcialidad en el caso Bateragune. Esta vez puede acabar siéndolo por algo mucho más grave. La vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley conlleva siempre la vulneración del derecho al juez imparcial. No cabe mayor pérdida de imparcialidad que la del órgano judicial, que sin ser competente, considera que lo es y dicta sentencia. La sentencia del TS puede caerse como un castillo de naipes, porque tiene los pies de barro.”
El sistema judicial español tiene una densidad de convencidos franquistas que debería preocupar a cualquier demócrata, porque sus acciones son fruto, como se mencionaba en un reciente artículo, de “un régimen político surgido del pacto con las elites de una dictadura militar y en que no ha habido depuración de los aparatos militar, policial ni judicial y que no tiene el antifascismo como elemento constitutivo del consenso constitucional: que la defensa de los derechos fundamentales se considera poco menos que como extremismo antisistémico”. El Ejército, el poder judicial y el Borbón a su cabeza son los máximos garante de la unidad de España. El sistema judicial nunca fue depurado, nunca fue descentralizado: los resultados son una amenaza cada vez más asfixiante a las libertades democráticas. Se trata de defender el “alma del Estado” español. Quien de forma quizás más gráfica explicó lo que sea este “alma” fue Carlos Lesmes (que preside el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial) cuando ante la cúpula militar y el fiscal general del Estado, en 2019, declaró que no debía quedar inmune la “insolencia”. Por “insolencia” este hombre se refería nada más y nada menos que al derecho a la protesta contra la sentencia que se acababa de dictar a los presos políticos catalanes. Cuando derechos democráticos como el de manifestación, opinión y protesta se considera que no son más que una insolencia, nadie puede dudar del peligro para las libertades democráticas que conlleva tener en los máximos puestos del poder judicial a gente que así lo mantiene.
La amnistía es la respuesta posible y necesaria para el conflicto político. Porque hay políticos elegidos democráticamente exiliados y en prisión, pero además hay cerca de 3.000 personas encausadas por hechos diversos sucedidos durante la rebelión catalana. Un conflicto político necesita una respuesta política y no que los jueces y la represión se impongan por encima de los derechos democráticos.
MANIFIESTO AMNISTÍA AHORA
En los últimos años, el entendimiento entre Cataluña y el Estado español ha vivido uno de los periodos más complejos de la historia. La judicialización del conflicto político plasmada en el encarcelamiento por sedición de nueve líderes sociales y políticos, el exilio y la apertura de más de un millar de causas judiciales contra ciudadanos de nuestro país han llevado a la agudización de un conflicto, ya de por sí complejo.
Cataluña es una sociedad democrática, y la defensa de los derechos y las libertades no constituye ningún riesgo para la convivencia, sino una herramienta imprescindible para avanzar y hacer realidad los grandes consensos que cohesionan la sociedad. Un país plural que, en momentos difíciles, ha sido capaz de encontrar puntos en común, dentro de la diversidad, para hacer posible el progreso social y económico.
Ante este conflicto político, los firmantes creemos imprescindible que se anulen todas las causas abiertas a raíz de la judicialización del proceso soberanista. Hace falta que el conflicto vuelva al terreno de la política, de donde no habría tenido que salir nunca, y se tienen que encontrar los mecanismos democráticos necesarios para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir libremente su futuro político. De este modo, la vía política y la del diálogo es la única que puede resolver esta situación.
Es por eso que los firmantes, como miembros de la Plataforma Somos el 80%, y ante el escenario que se ha creado con la llegada del nuevo gobierno del Estado, queremos aprovechar para dirigirle las siguientes demandas:
1.- La renuncia de las vías de excepcionalidad jurídica y procesal que pongan fin, de manera definitiva, a todo tipo de represión política.
2.- La amnistía para todas las personas perseguidas judicialmente a raíz del llamado ‘proceso soberanista’. Es un paso imprescindible para fortalecer la apuesta por el diálogo.
3.- La apertura de un proceso de negociación sincera, sin condiciones ni renuncias, con el objetivo de pactar una solución real al conflicto político.
A la vez, hacemos un llamamiento a adherirse al manifiesto a todas aquellas personas que apuestan por poner fin a la represión y encontrar una solución política en el conflicto dando voz al conjunto de la ciudadanía.
Para firmar por la amnistía.
Daniel Raventós editor de Sin Permiso. Su último libro es «Renta Básica: ¿Por qué y para qué?” (Ed. Catarata, 2021)
Miguel Salas sindicalista y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso