El activista socialista, diseñador textil y novelista William Morris (1834-1896) escribió: “Las ‘lunas y los días’ nos traen de vuelta al aniversario de la tragedia más grande de los tiempos modernos, la Comuna de París de 1871, y nos plantean de nuevo a todos los socialistas la periódica tarea de celebrarla a la vez con entusiasmo e inteligencia”. Lo sorprendente es que 150 años después nos siga atrayendo y continúe siendo un poderoso imán de ideas y reflexiones para todo proyecto emancipador. Fracasaron todos los intentos para enterrarla o arrinconarla en la historia, pero resurge cual ave fénix porque, como el mismo Morris escribió, “La Comuna de París es tan solo un eslabón en la lucha de los oprimidos contra los opresores que se despliega a lo largo de toda la historia; y sin todas esas derrotas de los tiempos pasados hoy no tendríamos esperanzas en la victoria final”.
A lo largo de la historia la Comuna ha sido referencia para muchos de los procesos revolucionarios y para las distintas tendencias del movimiento obrero, marxistas, anarquistas, etc. Muchas de sus decisiones siguen siendo útiles para abordar los problemas políticos y sociales de este siglo XXI. Como ya hemos explicado en otros artículos [1 y 2], la Comuna no fue el resultado de un plan preestablecido, pero una vez la insurrección hubo vencido, el movimiento expresó las necesidades de las clases trabajadoras y puso en práctica las bases de una nueva sociedad opuesta a la dominación de la burguesía. Como expresó Marx: “La clase obrera no exigía milagros de la Comuna. No tenía utopías fijas y acabadas […] no tiene ideales por realizar; sólo tiene que poner en libertad los elementos de la nueva sociedad que ya se han desarrollado en el seno de la sociedad civil en quiebra”. En ese sentido, su actualidad perdurará hasta que logremos acabar con el capitalismo.
Un gobierno barato
Para las clases dominantes, el Estado, además de un instrumento esencial de opresión, siempre ha sido un botín del que aprovecharse para sus negocios, donde la corrupción campe por sus anchas y prolifere una burocracia por encima de la sociedad, ajena a ella, y normalmente bien retribuida. La Comuna decidió acabar con esos privilegios con dos medidas prácticas, radicales y democráticas: liquidar el ejército permanente y el servicio militar obligatorio y que el salario de la burocracia política (ministros, diputados, jueces, fiscales, jefes policiales, etc.) no superara el salario medio de un obrero cualificado. Con estas dos medidas dio un vuelco a la concepción burguesa del Estado. Un gobierno barato se convirtió en una idea práctica y posible.
En esa época el peso de los gastos de defensa en los presupuestos del Estado era superior al actual; sin embargo, todavía hoy sigue siendo muy significativo. El año 2020, con pandemia por medio, el gasto mundial de defensa subió en un 2,6%, en Europa un 4%, hasta alcanzar los 1,65 billones de euros. En España alcanza los 9.411 millones, que no incluye todos los gastos. Por ejemplo, los 3.685 millones que se han gastado en construir un submarino, con un sobrecoste de 1.550 millones. Es fácil imaginar lo que significaría aplicar en nuestro país las medidas de la Comuna, con un Estado muy burocratizado, con muchas funciones duplicadas, con altos salarios comparados con la media de la población y con un ejército y guardia civil con muchos oficiales, unos 46.000 para unos 170.000 efectivos, lo que supone que haya un oficial por cada 3 o 4 números. Otro gasto superfluo que habría que eliminar es el de la Monarquía. En los Presupuestos del Estado solo constan 8,4 millones, porque la mayoría de los gastos están repartidos entre varios ministerios: Presidencia, Interior o Exteriores.
Desde el neoliberalismo extremo se oyen voces demagógicas sobre la necesidad de “adelgazar” el Estado. Dichas tesis persiguen fines bien diferentes, como privatizar empresas esenciales, o que pasen a manos privadas funciones públicas, como la sanidad. Hablan de un gobierno pequeño desembarazado de la parte social del Estado (pensiones, sanidad y educación, etc.) que es el resultado de muchas luchas y conquistas de derechos. Para ellos la democracia resulta cara, pero no ponen en cuestión los privilegios; al contrario, defienden al rey, a los jueces, a los militares, la rebaja de impuestos para los ricos; lo que les molesta son los derechos. Eso es lo caro para ellos. Si defendemos un gobierno barato es para que lo común, los derechos, sea grande, y sean pequeños los privilegios, y quienes gestionen lo que pertenece a todos no tengan ventajas por encima de la sociedad.
No tiene nada de irreal ni de utópico. Más aún en nuestra época, en la que los avances técnicos e informáticos permiten una mayor eficacia y una renivelación salarial y social opuesta a los privilegios que impone el Estado burgués. Un paso en ese sentido sería la renta básica universal, que además de garantizar la base material de la existencia de todos los ciudadanos, simplificaría y abarataría el funcionamiento del Estado.
Participación y control democrático
Una nueva sociedad solo puede ser el resultado de la participación de la mayoría y del control por esta de sus instituciones y representantes. La Comuna decidió la elegibilidad de todos sus representantes, no solo de consejeros sino también de jueces, fiscales, responsables de la seguridad, etc. Los representantes estaban supeditados a los electores, que podían en cualquier momento exigir su dimisión si lo consideraban necesario. Para Lenin esta decisión “representa un cambio gigantesco de unas instituciones por otras de un tipo distinto por principio. Aquí estamos precisamente ante uno de esos casos de ‘transformación de la cantidad en calidad’”.
Situémonos en lo que podría ser el siglo XXI en el Reino de España: los diputados y diputadas elegidos, que solo cobran el salario medio obrero, pueden ser revocados si sus electores lo deciden. Sería una importante barrera al transfuguismo y para quienes pretenden vivir de la política. Los jueces, fiscales o comisarios de policía (que cobran lo mismo que los diputados) tienen que elegirse por votación popular y sus electores pueden pedirles responsabilidades y revocarlos si lo consideran conveniente. Sería relativamente fácil resolver el conflicto actual del Consejo del Poder Judicial, que lleva más de dos años ejerciendo alegalmente. De la misma manera, esta medida democrática evitaría la formación de una capa burocrática por encima de la sociedad, como lo es actualmente la judicatura. ¿Difícil? ¿Muchas elecciones o asamblearismo? No, de lo que se trata es de ejercer la democracia directa y la responsabilidad tanto de los elegidos como de los electores.
El problema de la vivienda
Desde que el capitalismo convirtió la vivienda en una mercancía, todas las grandes ciudades han sufrido este problema como una de las mayores afrentas de la desigualdad social. La Comuna estableció de inmediato la condonación de alquileres ante el asedio y la guerra. Posteriormente decidió requisar los pisos vacíos abandonados por los burgueses que habían huido de París para alojar a las familias de los barrios bombardeados por las tropas francesas de Versalles.
Se calcula que en España hay unos 3,4 millones de viviendas desocupadas. En poblaciones de más de 500.000 habitantes el 11,1% de los pisos están vacíos. En la Comunidad de Madrid el 10,7%; en la provincia de Barcelona el 13,1%; el 21% en la de Valencia y el 18,1% en Sevilla. ¡Una barbaridad! con los alquileres por las nubes y tantas familias desahuciadas. A pesar de que el gobierno anunció la moratoria de desahucios durante el estado de alarma, en 2020 hubo 30.000 desahucios. Según las organizaciones por el derecho a la vivienda, si se levanta la moratoria pueden multiplicarse los desahucios y agravar aún más la situación de miles de familias. Y el llamado Gobierno Progresista ni siquiera es capaz de aprobar una limitación de los precios de los alquileres. La propiedad privada pasa por delante de las necesidades de la población. La Comuna nos da algunas ideas para que los derechos estén por encima de quien expulsa sin contemplaciones a las familias de sus viviendas.
Iglesia y Estado
La Comuna fue también enérgica respecto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El 2 de abril de 1871 decidió “la separación de la Iglesia y el Estado y la supresión de todas las partidas del presupuesto del Estado para fines religiosos, declarando propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia”. El 8 de abril acordó la eliminación de las escuelas de todos los símbolos religiosos, imágenes, dogmas, oraciones, “todo lo que cae dentro de la órbita de la conciencia individual”. Una medida democrática de la que todavía estamos muy lejos en el Reino de España, donde el Concordato con el Vaticano sigue en vigor, la Iglesia Católica mantiene un papel muy importante en la educación y además está financiada por este Estado que se dice aconfesional. A todo ello hay que sumar el expolio cometido por las más de 35.000 inmatriculaciones de propiedades realizadas por la Iglesia, a partir de una ley modificada cuando gobernaba Aznar. La religión debe ser una cuestión de conciencia individual, independiente del Estado, ajena a la educación de la juventud y financiada por las personas que tienen creencias religiosas.
Trabajo
Por si hubiera alguna duda del carácter de clase del movimiento se puede confirmar por las estadísticas de los detenidos recopiladas por la justicia militar: 8% de empleados; 8% de pequeños comerciantes, miembros de profesiones liberales; 5% de sirvientes. 15% de jornaleros; 16% de trabajadores de la construcción; 12% de trabajadores metalúrgicos cualificados. Finalmente, los artesanos de los antiguos oficios parisinos (8% del sector del mueble, 8% de ropa, 10% de trabajadores del arte), muchos de los cuales fueron cuadros, oficiales y suboficiales de la Comuna. (Encyclopédie d’histoire. G. Duby)
En los 72 días que duró no le fue posible avanzar mucho en cuanto a una nueva organización del trabajo no supeditada al poder y a la propiedad capitalista. Se tomaron medidas como la prohibición del trabajo nocturno de los panaderos o la prohibición de las multas y retenciones sobre los salarios con que los patronos penalizaban a los trabajadores. Lo más que se pudo avanzar fue en la apertura de un registro de las fábricas clausuradas por los patronos y el inicio de su explotación por los obreros que trabajaban en ellas, con la idea de organizar sociedades cooperativas y coordinarlas en una gran unión productiva.
En este ámbito es donde las condiciones del desarrollo capitalista han cambiado más. Aunque en la época de la Comuna había ya algunas grandes empresas -como la metalúrgica Cail, que empleaba a 3.000 obreros; otras con centenares de trabajadores, como la fábrica de locomotoras Govin; los talleres ferroviarios en La Chapelle; la fábrica de armas del Louvre; la maderera Latry; la fabricante de pianos Thibouville, la fábrica de gas Vaugirard; la peletera Dufort o los productos químicos de Javel (La Comuna de París. Roberto Ceamanos)-, la inmensa mayoría de la clase trabajadora eran artesanos o trabajaban en muy pequeñas empresas. Todavía no se habían empezado a constituir sindicatos y no existía una organización obrera de masas. A pesar de ello, la tendencia que iniciaron los revolucionarios parisinos, siguiendo las opiniones de las mujeres -que fueron quienes propusieron poner a funcionar las fábricas abandonadas por sus propietarios-, es lo que intentó cada una de las posteriores revoluciones obreras: que las empresas fueran controladas (o autogestionadas, según el momento o la tendencia revolucionaria) por los trabajadores y que la propiedad pasara a ser social. Como escribió Antoni Domènech en sus referencias a la Comuna en El eclipse de la fraternidad: “De lo que se trata es de liberar a la vida social de una dominación del trabajo por el capital […] de liberar a la vida social de la asfixia burocrático-jerárquica del Estado clasista contemporáneo en que, de una u otra forma, se continúa la inveterada loi politique de las monarquías y de los principados absolutos europeos modernos”.
Derechos
En la medida que la clase trabajadora parisina se adueñó del poder, tuvo que ocuparse del conjunto de derechos y de actividades de la vida social. Abrieron los parques para el disfrute de las familias; se abrieron escuelas públicas y se dio especial importancia a la educación de las niñas; se organizaron centros sociales para el reparto de comida; los museos podían visitarse gratuitamente; se organizaron actividades culturales con precios asequibles para el teatro, la ópera y el ballet, hasta entonces limitado a las clases pudientes; artistas, pintores y dramaturgos se organizaron libremente y se concedieron los mismos derechos para todas las familias, fueran uniones reconocidas legalmente o simplemente de hecho. Sin embargo, la Comuna no llegó a legalizar el voto femenino, aunque las mujeres se organizaron y jugaron un papel importante en casi todas las actividades, inclusive la lucha en las barricadas.
La Comuna tuvo también una posición democrática, fraternal e internacionalista con los inmigrantes. De 36 millones de habitantes que tenía Francia en la época, alrededor de 700.000 eran inmigrantes. En París había una importante colonia de alemanes y polacos, perseguidos en su país tras el levantamiento de 1863. Les fueron reconocidos todos los derechos y algunos de ellos tuvieron importantes responsabilidades: el húngaro Leo Frankel fue el responsable de Trabajo, el polaco Jaroslaw Dombrowski fue responsable militar y murió en defensa de la Comuna y la rusa Elisabeth Dmitrieff, militante de la Primera Internacional y cofundadora de la Unión de Mujeres para la defensa de París.
Tránsito al socialismo
Algunas de las exigencias de 1871 se han conquistado como diferentes elementos de lo que conocemos como el Estado del Bienestar, pero las conquistas siempre estarán en cuestión mientras siga dominando el capital sobre el trabajo. Para los revolucionarios lo novedoso de la experiencia comunera estaba en que abría el camino hacia el socialismo, “la forma política, -diría Marx- descubierta, al fin, bajo la cual podía llevarse a cabo la emancipación económica del trabajo”. Lenin dedicaría a la Comuna todo un apartado de El Estado y la revolución para decir que “la completa elegibilidad y la revocabilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción; la reducción de su sueldo a los límites del ‘salario corriente de un obrero’: estas medidas democráticas, sencillas y ‘evidentes por sí mismas’, al mismo tiempo que unifican los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo”. Insiste Lenin, (la población) “ansía un gobierno ‘barato’. Esto puede realizarlo solo el proletariado, y, al realizarlo, da al mismo tiempo un paso hacia la transformación socialista del Estado”.
La historia ha demostrado que esos procesos son mucho más complejos, y la fracasada experiencia de la revolución rusa lo puso de manifiesto. Pero la explotación, la opresión y la desigualdad social que impone el capital solo puede encontrar salida en una nueva sociedad. La Comuna puso los cimientos de un edificio que hay que seguir levantando. El republicanismo y el socialismo del siglo XXI necesitarán de la combinación de esas enseñanzas históricas y de las experiencias de lucha de las actuales generaciones.
Organización
Uno de los déficits de la Comuna estuvo en la debilidad de las organizaciones políticas y sociales. El movimiento obrero todavía no había podido construir partidos, sindicatos, cooperativas, y eso es imprescindible para vencer. Se necesita a la clase obrera organizada en grandes sindicatos, a la ciudadanía organizada en barrios y ciudades, a las mujeres y jóvenes en sus organizaciones, y partidos políticos dispuestos a transformar la sociedad en un sentido socialista. Y, por lo tanto, hay que tener un programa, una alternativa política y de sociedad que permita movilizar y crear la conciencia para lograrlo. La Comuna es actual porque nos aporta ideas y propuestas para una nueva sociedad y nos ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos que aprender para lograrlo, para ser los comuneros del siglo XXI.
Miguel Salas Miembro del Consejo editorial de Sin Permiso