En Catalunya se vive desde hace años el mayor proceso de impugnación popular contra la monarquía y, de facto, contra los muros del marco constitucional del 78 de todo el reino. Es el baluarte del republicanismo por excelencia; la presión popular a favor de la independencia y la república empujan y el ánimo no decae. El 11 de septiembre se volvió a demostrar. Comparada con las movilizaciones prepandemia, esta vez hubo menos gente en la calle, pero todo y así, se movilizaron centenares de miles de personas por todo el territorio catalán. Existe división, pero la movilización y sus causas se mantienen. Lo resumió Jordi Cuixart, presidente de Omnium y uno de los indultados del procés, durante una intervención en la que exigió amnistía para los más de 3500 encausados y exilados. También defendió la república catalana y alertó de que la mesa de diálogo gobierno central- Generalitat sólo será eficaz y útil si respeta el derecho a la autodeterminación y el referéndum.
Para avanzar, la mesa de diálogo debe ahondar en la alianza dentro del bloque que sostiene al gobierno de coalición progresista y en lo que más puede ayudar a resolver la cuestión catalana: el referéndum y la situación de procesal de los 3.500. Sin duda, hay muchas cuentas pendientes, pero el actual fracaso de la ampliación del aeropuerto del Prat vuelve a demostrar que, por muchos problemas que surjan entre Administraciones, la complicación central responde a la falta de libertad, es decir, a la política. No parece que Sánchez ni tampoco Yolanda Díaz vayan por ese camino, pero habrá que esperar.
El soufflé de la deuda vuelve a subir. El Banco Central Europeo (BCE) nos avisa de que ralentizará la compra masiva de deuda pública que ha venido realizando hasta la fecha. No han llegado aún, más que en una proporción ridícula, los fondos Next Generation UE y ya empieza su descuento. El efecto inmediato de esa disposición del BCE supone que el precio de la deuda de los Estados del sur de la UE, empezando por el reino de España, ya se está incrementando. El dinero gastado por los gobiernos para hacer frente a la crisis de la Covid-19 no se ha afrontado aumentando ingresos vía subida de impuestos a las grandes fortunas, empresas y capital, sino dándoles más negocio, gracias a emisión de deuda pública. Deuda que el BCE respaldaba. Romper ese binomio representa el anuncio de un estrangulamiento de las cuentas del reino que, de concretarse, hipotecará inevitablemente toda la política del gobierno de coalición progresista y las cuentas de todas las administraciones. A las puertas de renegociar ERTES, con un “escudo social” muy escaso y con una revisión del salario mínimo no cerrada, no es la del BCE una buena noticia.
Tampoco lo es que suban los delitos de odio. Ese es el dato del Ministerio del Interior y el que avalan las movilizaciones que esta semana han recorrido las principales ciudades. Por mucho que se empeñen las derechas, no hay mentiras, provocadas por la razón que sea, que puedan tapar esa verdad.
Como no hay quien pueda ocultar que la luz sigue subiendo imparable. Las eléctricas continúan llenándose los bolsillos y el gobierno mostrado su insolvencia. Renuncia a cobrar a parte de los impuestos que cargan el consumo, pero no se toman medidas contra las compañías del sector.
El régimen, sus instituciones y normas se muestran incapaces de satisfacer las más elementales demandas de la mayoría de la población. Los parches de ahora constituyen solo la antesala de otros mayores el día de mañana. Mientras no avance la unidad republicana en torno a la libertad y la igualdad, la podredumbre seguirá ganando.