El volcán Cumbre Vieja le recuerda a la isla de La Palma que aquello que la creó y permitió la vida en ella resulta inseparable de su génesis destructiva. A día de hoy, más de 6.000 personas han sido evacuadas. Tierras de labor, casas, escuelas, empleos, recuerdos y muchas ilusiones están siendo engullidos por el lento e irrefrenable avance de la colada de lava. Las teles han transformado la isla en un vergonzoso plató y, lejos de preocuparse por la gente, sus vidas y necesidades, se regodean, preocupados por la audiencia, en el espectáculo y la sensiblería. Por el contrario, en muchas localidades ya se ha puesto en marcha la recogida de todo tipo de materiales para ayudar a los moradores de La Palma. Las autoridades señalan que no dejarán a nadie atrás. Veremos. Lo cierto es que muchos no recibirán ingreso alguno este mes, pero sí facturas, que se sumarán a su dolor. Situaciones así reafirman de nuevo la urgente necesidad de una renta básica universal. Un ingreso económico incondicional e individual a cargo del Estado para todo ciudadano. Protección como base para la garantía de derecho.
La detención y posterior liberación de Puigdemont en Cerdeña nos indica que está lejos de apagarse el volcán político que provoca el empecinamiento del régimen y sus instituciones contra el derecho a decidir del pueblo de Catalunya y quienes lo sostienen. Solo la autodeterminación y la amnistía podrán resolver la cuestión de una manera positiva. Cuanto antes comience ese debate en la mesa de negociación bilateral, mejor. Mientras tanto, solo queda el esperpento del Tribunal Supremo, con Llarena a su cabeza. Venganza y opresión contra derechos, diálogo y convivencia.
Una vez negado su derecho legal a una muerte asistida, el suicidio en un hotel de Madrid fue la única salida que le quedó a una mujer enferma. La denuncia de otra mujer, en la radio, destapó lo que representa un grito a voces: en el reino de España, la sanidad pública no realiza apenas interrupciones voluntarias del embarazo. La ley permite a la mujer ejercer ese derecho, como permite la muerte asistida. Pero siempre hay un juez, un médico, un funcionario, un reglamento, una objeción de conciencia que impiden garantizar en La Palma y ante el volcán la protección incondicional de su población, la libertad y derechos de pueblos como el vasco, gallego o catalán a decidir su futuro o la libertad de cualquier ser humano, en especial de las mujeres, a hacerlo sobre su cuerpo y su vida.
La derecha con sus prejuicios, su homofobia, su defensa de la desigualdad por cuna, fortuna, lengua, origen o género saca ventaja en este régimen a su medida, podrido y corrupto desde su cima monárquica, y en el que la opinión y posición de aquellos que no votamos acaba imponiéndose sobre pueblos y gentes.
Eso será así mientras las izquierdas no hagan un hilo común e inseparable entre la necesidad de garantía de derechos de la población trabajadora y el republicanismo catalán.