El domingo, 13 de febrero, el Partido Popular ganaba las elecciones autonómicas en la Comunidad de Castilla y León. Subía 2 escaños, pero perdía 55 mil votos. Lejos quedaba la soñada mayoría absoluta que se perseguía cuando se forzó la convocatoria electoral anticipada y muy cerca, la posible entrada de Vox en un futuro gobierno que, se mire como se mire, dependerá de una ultraderecha que ha incrementado su representación en 12 procuradores.
El miércoles ,16 de febrero, estallaba en el PP una crisis de dimensiones hoy incalculables que no ha dejado de crecer desde esa fecha. Una crisis focalizada en Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta y partidaria de un acuerdo con Vox, y el aparato estatal de su partido, liderado por Pablo Casado y Teodoro García Egea, partidario de no se sabe muy bien qué, pero que, en sus idas y venidas, además de falta de línea, expresa sus dudas sobre la vía Ayusista y sus alianzas.
El domingo, día 20, todos los medios de comunicación se hacen eco de la reunión “secreta” de tres horas que el viernes celebraron Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El encuentro no selló la paz. Al contrario, apuntó que Ayuso sale tocada, pero que, claramente, el lado más débil del envite es Casado. Tras el encuentro aumentan las voces sobre una posible sustitución en la cabeza del partido a través de un congreso extraordinario. Es ya un coro el que pide que sea Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad autónoma gallega quien, con sus cuatro mayorías absolutas, tome las riendas del PP.
La corrupción omnipresente
La “guerra de charranes” desatada en el PP tiene casi todos los ingredientes de una buena serie: batalla por el poder, por el dinero, uso de espías, escuchas, chivatazos, traiciones, palabras no cumplidas y, sobre todo, corrupción. Mucha corrupción económica, política y moral.
Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, aparece ahora en el centro de la enésima trama corrupta. Desde que su hermana ocupa el máximo cargo de la Comunidad de Madrid, los contratos con la Administración autonómica en los que, de una u otra manera, aparece y de los que se tiene noticia suman ya 20. Ya lo vimos en las tramas Lezo, Púnica, Gürtel y, cómo no, en el Tamayazo. El procedimiento casi siempre es el mismo. A saber, utilizar la posición en el gobierno para hacerse con parte del “botín” que representa el presupuesto público de 23 mil millones que maneja la autonomía y llevarse además un tanto por la gestión (una comisión). En el caso que nos ocupa, la crisis sanitaria provocada por la Covid y la posibilidad de realizar contratos de gran importe por procedimiento de emergencia (sin concurso público) ha proporcionado la coartada perfecta. Por ese camino, una desconocida empresa no dedicada al material sanitario y propiedad de un amigo de la infancia de la familia Ayuso en Sotillo de la Adrada, Ávila, se hizo con un contrato de 1.5 millones de euros para traer mascarillas FFP2 y FFP3 de China al “módico” precio de 6 euros por unidad, cobrando una comisión de 280 mil euros por la gestión. A estas alturas no sabemos si la empresa es una tapadera del hermano de Ayuso para no figurar o solo un medio para la comisión. En cualquier caso, el contexto en el que se produce el pelotazo coincide con unas fechas en que fallecían más de 500 personas al día por Covid-19, no había mascarillas e Ifema era más un plató de televisión para Ayuso que un hospital de campaña; el Zendal funcionaba a medio gas en lo sanitario y a pleno pulmón fabricando contratos para suministradores privados. Mientras, la atención sanitaria pública (falta de todo) aguantaba gracias al pundonor de sus profesionales y la paciencia de la ciudadanía, la pizza era el único menú de los niños sin recursos y, en las residencias, los protocolos establecidos impedían a los ancianos ser atendidos en centros hospitalarios. 6 mil vidas se perdieron sin que nadie lo haya investigado.
Como siempre, en el caso que no ocupa el PP lo negó todo primero para luego acusar a la oposición. Al final, Ayuso ha reconocido que su hermanísimo cobró, según ella, 55 mil euros y que todo fue legal. Nadie ha visto un papel. La oposición, empezando por Más Madrid y seguidos por PSOE y Unidas Podemos, han solicitado ya la intervención e investigación de la fiscalía. También como siempre, el fuego amigo, en este caso el de Casado y Egea contra Ayuso, ha destapado un asunto del que ahora se busca denodadamente cómo salir.
La posición en el estado
La guerra por el poder, por el dinero y por la política que pueden hacer posible ambas cosas se halla detrás de la batalla en las derechas. En esa guerra, los bastiones que más valor tienen no son los del partido, sino los del Estado. Pronto lo dejó claro Martínez Almeida, portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, que calló y calla como lo primero y habla y actúa como lo segundo, destituyendo al “fontanero amigo” Ángel Carromero usado, con dinero del ayuntamiento, para buscar pruebas contra Ayuso. La alcaldía de Madrid, capital de España, buque insignia del PP y sus lazos con las empresas están en el aire; le falta a Almeida (y lo acusa) la “libertad de pactar con Vox” que ya tiene Ayuso. El alcalde depende de C’s y de tres tránsfugas de Más Madrid para seguir en su puesto.
Los presidentes autonómicos, empezando por Feijóo (gallego), pero siguiendo por el andaluz (Moreno Bonilla) o el murciano (López Miras), hijo de un golpe de mano que liquidó a C’s y se quedó con parte de Vox, trabajan ya para descabezar a los capitanes en Génova. Casado se resistirá, pero es solo cuestión de tiempo como ha demostrado su precipitado cierre, sin contrapartidas, del expediente contra Díaz Ayuso.
El bipartidismo
La base del marco de representación de partidos del régimen del 78 se halla en el bipartidismo. El turnismo entre PP y PSOE y su reparto del “control” en las principales instituciones marca la manera en que éstas se han desarrollado y funcionan o, más bien, no lo hacen. Su quiebra territorial, así como por la derecha como por la izquierda, constituye un hecho para el que no hay solución. La incapacidad, a través de los cauces dados por el sistema, de resolver las enormes contradicciones que la sociedad va acumulando, especialmente a partir de la crisis de 2008 y de la pandemia están detrás de esa crisis lenta pero irrefrenable.
El PP de Casado ha intentado “a su manera” amalgamar, en aras de la estabilidad y gobernabilidad, a la fracción que perdió primero, con C’s y ahora, con Vox. Lejos de ello y salvo en Galicia y Madrid (si bien no es igual) no lo ha logrado. Al contrario, las victorias se transforman, más pronto que tarde, en fragilidad o pérdidas. Es verdad que C’s camina hacia su extinción, pero la lectura reaccionaria y franquista que propone Vox de todo el régimen del 78 y sus instituciones aguanta, avanza y aparece (entre las derechas) como la más segura para “dominar España”. Ayuso coquetea descaradamente con ella, el poder económico por ahora no. El IBEX 35 no se ve hoy enfrentándose a la UE, al banco central o a los fondos europeos, tampoco abriendo en canal el problema nacional o el de los abandonados territorios de media península. Al contrario.
A pesar de ello y de que muchos ya buscan el fin de esa “guerra de charranes” que nunca quisieron, ésta no llegará. La razón es que detrás de la misma hay, junto al dinero, al poder y a la corrupción, un proceso abierto de reorganización en las derechas que empuja objetivamente hacia la profundización de la crisis del régimen del 78 y sus consensos. Es decir, hacia y la ingobernabilidad y la inestabilidad.
Por si alguien duda, no olvidemos que aún nos quedan por conocer 19 contratos de Tomás Díaz Ayuso.
Carlos Girbau Es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.