Con una tasa de abstención del 41,35%, el PSOE y el PP han perdido respectivamente 400.000 y 310.000 votos en relación a las elecciones de 2015, es decir 710.000. Se acumulan a los 125.000 votos perdidos por Susana Díaz y los más de 493.000 por el PP en 2015. En dos elecciones autonómicas, la potencial alternancia bipartidista en la que se sustentó el longevo “régimen andaluz” del PSOE ha desaparecido para dar paso a formulas de gobierno que tienen que apoyarse con partidos que se sitúan antes (Vox) o más allá (Podemos) de la Constitución de 1978.
Las perdidas de las izquierdas, la suma del PSOE y de Adelante Andalucía (Podemos + IU), se sitúan también en los 700.000 votos. La tendencia de las tres últimas elecciones andaluzas es más complicada de determinar, porque la irrupción de Podemos en 2015 agregó 430.000 votos al espacio electoral que ahora conforma Adelante Andalucía que, sin embargo, ha perdido 300.000 en las presentes elecciones. La desmovilización de las izquierdas ha sido evidente, entre otras razones porque, a diferencia de las derechas, descartaron en sus campañas la única formula posible de un gobierno de izquierdas, la coalición de todas ellas. Y aún suponiendo que la mayoría de los votos perdidos por el PP hayan ido a Vox, las izquierdas han visto como optaban por la extrema derecha alrededor de 100.000 votos. Una parte importante del “voto de la indignación” se ha convertido en este proceso de ‘lepenización’ en un “voto del odio”.
El bloque “aznarista” de las derechas compensa la perdida de 300.000 votantes del PP, con el aumento de 60.000 votantes de Ciudadanos (que irrumpió en 2015 -como Vox ahora- con 397.000 votos) y con los 380.000 votos de Vox, lo que le otorga 59 escaños, con una mayoría absoluta reforzada con 4 escaños de más.
¿Eran estos resultados completamente impredecibles?
A juzgar por la encuesta andaluza del CIS de octubre de este año, no tanto. Aunque su predicción de voto solo acertó en lo relativo al PSOE y sus predicciones para el resto de los partidos erraron entre 9 (PP y Vox) y 6 (C’s) y 5 (AA) puntos, con una tasa de participación un 15% superior.
Pero teniendo en cuenta la tendencia en las elecciones de 2012 y 2015 antes comentada, las respuestas en la encuesta a la situación económica (54,6% mala o muy mala); situación política (58,9% mala o muy mala); gestión del PSOE (43,1% mala o muy mala); gestión de Susana Díaz al frente de la Junta (43,7% mala o muy mala) y falta de representatividad de todos los partidos (37,4%) quizás hubieran permitido una predicción de la catástrofe algo más acertada. Es más, preguntados sobre que sería más importante para ellos en estas elecciones, los problemas de Andalucía o los generales de España, el 56,4% de los encuestados contestaba en clave regional y solo el 24,8 en clave estatal (con un 13,8% que ambos).
El profundo agotamiento del “régimen andaluz” del PSOE
Ya en las elecciones de 2015 fue evidente la erosión de legitimidad del sistema clientela del “régimen andaluz” desarrollado por el PSOE al frente de la Junta desde la transición. Después de 35 años, el “desarrollo del subdesarrollo” en la región más poblada del Reino se resume en estos datos: tasas de paro del 34,7% (25% en España), de pobreza del 38,3% (27,3), de pobreza infantil del 45,3% (32,6%), de 980 euros per capita de gasto sanitario (1.205) (ver aqui y aqui). Ello a pesar de una balanza fiscal con el resto de las autonomías que suponía transferencias del 4,29% del PIB en 2005 y un endeudamiento total que, con la crisis, pasó del 24% en 2007 al 97% en 2013.
La evolución del gasto público de la Junta de Andalucía, desde un mero 5% de su PIB en 1985, hasta alcanzar el 22% del PIB en 2010, es la crónica del despliegue de una red clientelar específica de un «capitalismo de amiguetes» peculiar, ligado al desarrollo de una sanidad y una educación públicas con sectores privados concertados y subvenciones a sectores agro-industriales y manufactureros ligados a la exportación y la energía, al tiempo que se dejaba caer sectores industriales públicos, como la construcción naval. Todo ello en paralelo al mantenimiento de bolsas de campesinos sin tierras, mantenidos gracias al PER, con el argumento adicional de evitar una concentración urbana inmanejable en pleno hundimiento de su salida tradicional en el sector de la construcción (Ver la colección de los Informes económicos y financieros de la Junta).
Esa estructura clientelar es la explicación no solo de porqué se produjeron las subvenciones irregulares a los ERE, sino también de porqué el Parlamento andaluz los aprobó sin objeciones durante 10 años. El gasto social público de la Junta ha sido un componente esencial para el mantenimiento del nivel de vida de importantes sectores de la población, cuyo ingreso per capita que les sitúa en el puesto 18 de las comunidades autónomas.
Desde 2015, con el apoyo presupuestario de Ciudadanos, la Junta de Susana Díaz ha hecho un especial esfuerzo de reducción del déficit, a un ritmo anual de -0,6% del PIB, con una deuda per capita que ha sido algo superior a la mitad de la media del conjunto de las Comunidades Autónomas y que suponía el 22% en vez del 24.7% del PIB. Con un crecimiento que ha alcanzado el techo del 2,8% para reducirse al 2,4% y 16 trimestres seguidos de creación de empleo, sigue sin recuperar el 40% de los puestos de trabajo perdidos en la Gran Recesión, a pesar de haber reducido en 11 puntos el paro hasta el 22,9% (14,6% para el conjunto del Reino de España). Pero los puestos de trabajo los creados son especialmente en el sector primario, lo que ha aumentado sustancialmente la desigualdad y la precariedad, al tiempo que aumentado la presión salarial en un sector con una tasa de ganancias basada en salarios mínimos.
La razón de las “políticas de estado” y del anti-catalanismo de Susana Díaz
En definitiva, la política del “mal menor” del “régimen andaluz” se ha basado políticamente en asegurar en los ciclos alcistas una serie de transferencias fiscales gracias a la aportación de los votos del PSOE andaluz a la mayoría necesaria para constituir y sostener los gobiernos centrales del PSOE. Y durante las crisis, un “neoliberalismo de rostro humano” justificado por el miedo a la gestión de la misma por el PP, representante de los sectores mas reaccionarios de la burguesía andaluza. Pero desde 2012, la Junta socialista no ha podido presionar más que de forma limitada al gobierno central del PP de Rajoy por el ajuste fiscal de Montoro. El margen de actuación, sobre todo en estos tres últimos años de inestabilidad presupuestaria y bloqueo del sistema de financiación autonómico, ha sido muy escaso para la Junta de Susana Díaz.
Su respuesta ha sido política en dos formulas sucesivas: en primer lugar, encabezando la propuesta de un pacto de estado PP-PSOE, que acabaría en la defensa de la abstención socialista para “dejar gobernar a Rajoy” y la defenestración de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE en octubre de 2016; en segundo lugar, tras su derrota en las primarias socialistas, apoyando las medidas del gobierno Rajoy contra el movimiento soberanista catalán en nombre de un nacionalismo español que envolvía la exigencia de mantener las transferencias fiscales asimétricas para la Junta de Andalucía a pesar de la anunciada crisis de recaudación fiscal en Cataluña.
El aislamiento político de Susana Díaz -y de la corriente mayoritaria del PSOE en Andalucía que representa, heredera del “felipismo”-, ha sido paralelo a la perdida de legitimidad y de votos del “régimen andaluz” que ha gestionado tras la crisis de corrupción de los ERE. Un aislamiento que ha sido consecuencia de la relación estructural en un régimen autonómico en crisis fiscal descrita, pero también de las maniobras tácticas que ha ejecutado para hacerle frente. En 2015, la ruptura del gobierno de coalición con IU para eliminar presiones a su izquierda y cerrar el ascenso de Podemos; en 2016, el apoyo a un “pacto de estado” PP-PSOE y, más tarde, a la abstención socialista que permitió formar gobierno a Rajoy y a ella concurrir como alternativa a un defenestrado Pedro Sánchez a las primarias del PSOE; en 2017-2018, como principal valedora desde la Junta de Andalucía de la aplicación del art. 155 a la Generalitat de Catalunya y alentando una campaña populista españolista contra el movimiento soberanista catalán.
En este sentido, el actual debate sobre el peso de lo “andaluz” y de lo “español” en las elecciones autonómicas que intentamos analizar responde a una falsa disyuntiva, por otro lado contradictoria con los datos de la encuesta del CIS de octubre. La crisis del “régimen andaluz” cuya agonía ha presidido Susana Díaz, y la crisis estatutaria, primero, y constitucional, posterior, catalana son consecuencia de la crisis del sistema autonómico que es uno de los pilares del régimen del 78. Lo que varía es el desarrollo de esas crisis, entre otras razones, por el peso de la cuestión nacional democrática en Cataluña y del nacionalismo españolista en Andalucía. Con su habitual brillantez, Javier Pérez Royo ha captado este ultimo aspecto con un titular: “Un 28 F invertido”.
Vox y las respuestas de las izquierdas
Algo similar ocurre con el análisis del voto emergente de Vox, disociado artificialmente entre lo “social” y lo “español”, sin querer comprender la respuesta reaccionaria y populista que representa transversalmente a la crisis tanto del “régimen andaluz” como del régimen del 78 en general. Que ese voto se concentre en ciudades como Algeciras (20%), Almería (15%), Fuengirola, recogiendo 1 de cada 10 habitantes de ciudades de más de 100.000 habitantes y en aquellos pueblos con importante presencia de trabajadores emigrantes en la agricultura exportadora refleja la conjunción de sectores de asalariados precarios y de pequeños y medianos propietarios que ven sus márgenes de beneficio reducirse y las prestaciones sociales universales degradarse, afectando o amenazando con afectar su nivel de vida y su estatus social.
Independientemente de sus conclusiones, Isidoro Moreno acierta en el análisis, cuando recuerda que Vox ha hecho suya la definición de “extrema necesidad” que en su día utilizó el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Pero lo que ha dado credibilidad a este “voto del odio” ha sido que podía condicionar y hacer posible una alternativa de derechas al “régimen andaluz”, encabezada por un PP andaluz en crisis e imposible sin un Ciudadanos en ascenso. El bloque “aznarista” de las derechas puede catalizar gracias a la movilización de Vox de esos 380.000 votos, que serán esenciales en las próximas elecciones municipales frente a los ayuntamientos de izquierdas.
Situándose detrás del llamamiento a “parar la extrema derecha”, Susana Díaz intenta su última maniobra para sobrevivir políticamente. Su propuesta no es el “antifascismo” y la movilización ciudadana, sino una negociación de intereses de aparatos con Ciudadanos -su socio parlamentario desde 2015- que permita que todo continue como hasta ahora, aunque la versión que tienta a Ciudadanos es sustituir a Susana Díaz con apoyo del PSOE andaluz al frente de un “régimen andaluz” adaptado en la medida de lo posible a sus propios objetivos políticos y evitar su subordinación al PP en el nuevo bloque de la triple derecha aznarista.
Superando la tentación inicial de asistir a la destrucción política de su enemiga, el PSOE de Pedro Sánchez ha hecho de la moderación centrista su principal respuesta programática, añadiéndole un toque europeista. La “contención sanitaria” de la extrema derecha que propone para aislar a Vox y contaminar o romper a los otros dos componentes del bloque aznarista apuntan también a mantener abierta una alianza post-electoral con Albert Rivera. Y algún efecto parece estar teniendo, a juzgar por las últimas declaraciones de Pablo Casado de que el “PP solo pactará con Ciudadanos en Andalucía”, aunque reciba el apoyo parlamentario de Vox.
En cualquier caso, el PSOE de Pedro Sánchez pone distancia con Susana Díaz y los resultados andaluces, intentando rentabilizar a su favor, en Cataluña -en plena movilización por los presos independentistas-, la amenaza del bloque aznarista de la derecha, que exige que se aplique de nuevo el art. 155 a la Generalitat presidida por Torra. Para prolongar la legislatura con su gobierno minoritario, necesita dotarse de la legitimidad de unos presupuestos que reagrupen electoralmente al bloque social de las izquierdas – que comienza a movilizarse autónomamente, especialmente en el sector público. Esto explica el cambio de ritmos del gobierno Sánchez y su anunció de presentar el techo de gasto y los presupuestos de 2019 en el Congreso de los Diputados.
Los resultados de las elecciones autonómicas han sido especialmente duros para la coalición de Podemos e IU, Adelante Andalucía. El enfrentamiento solapado con la dirección estatal de Podemos por el control del aparato y la orientación estratégica de la coalición andaluza se ha hecho pública antes de las elecciones municipales y europeas de 2019. Juan Carlos Monedero no ha tardado en saldar cuentas con Teresa Rodriguez y la corriente Anticapitalistas, acusándola de falta de “astucia”, sectarismo y caer en un andalucismo de corto vuelo, incapaz de ensamblar con un proyecto nacional español -aún por desarrollar por Podemos- por intereses inconfesables de corriente. Frente a este chorreo de acusaciones, la dirección andaluza de Podemos ha reafirmado su coalición con IU, su autonomía política y su carácter alternativo a largo plazo, porque “Susana no es el socialismo”. Un debate imprescindible ha empezado con pie cainita.
Pero los llamamientos al “espíritu del 15 M” -que Emmanuel Rodriguez recuerda hasta que punto está agotado por su ingenuidad política- no pueden obviar el hecho de que nadie podía creer en una alternativa de izquierdas, en un gobierno andaluz de izquierdas, sin un cambio en la correlación de fuerzas que obligase a rupturas importantes con el “régimen andaluz”. Que un gobierno PSOE-Adelante Andalucia necesitaba un planteamiento programático serio, más allá de los meros emplazamientos o las reafirmaciones sectarias, para convertirse en el “sentido común” de la movilización social por los derechos recortados -como las continuas manifestaciones por la sanidad pública andaluza-, por un nuevo modelo de desarrollo andaluz que se enfrente a la desigualdad y a la rentabilización de la indignación por la extrema derecha en un “voto del odio”. Sin esa política de frente único de izquierdas no hay otra alternativa creíble, como han demostrado los hechos con contumacia, que el bloque aznarista de las derechas.