El miércoles 5 de octubre, el pleno del Senado aprobó una ley, para la creación del Fondo de Compensación a las víctimas del amianto asesino, histórica reivindicación de ASVIAMIE (Asociación vasca de víctimas del amianto) y de las confederaciones sindicales de CCOO y UGT, entre otros colectivos. Lejos queda el año 2013, en el que el Parlamento Vasco acordó crear una Comisión de Trabajo para dicho fin y su aprobación por unanimidad. O mi anterior participación como responsable sindical, en la negociación de la Estrategia de Seguridad y Salud del Gobierno Vasco en el marco del Consejo de OSALAN, que asumió el objetivo de la creación del Fondo. Ahora, espero su pronta publicación en el BOE y la elaboración del Reglamento de aplicación por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo máximo de 3 meses y que dicho Reglamento se elabore, manteniendo el espíritu de la ley, garantizando un procedimiento adecuado para las solicitudes y con cantidades económicas similares, a las que hoy en día se obtienen por la vía judicial.
La victoria social que hemos logrado, unido a la repercusión mediática me genera un sabor agridulce. Una satisfacción enorme, por un lado, porque muchas víctimas van a lograr una cierta reparación del daño causado. Pero también tristeza, por otro, recordando los compañeros/as que hemos perdido en este periodo. Personas como Eusebio Pabola, militante y delegado sindical de CCOO en Montero Kaefer, un pionero en la lucha sindical contra el amianto, que acabo con su vida. El me convenció a principios del siglo, sobre la importancia de una Asociación de víctimas, como agrupación de afectados del amianto. Tampoco puedo olvidar a Ezequiel Illarramendi y otros qué, en su fase terminal, pusieron voz y rostro a los titulares de prensa o EITB, denunciando el engaño al que estuvimos sometidos trabajando con él amianto, siendo condenados a una muerte prematura. Tampoco olvido a las viudas hambrientas de justicia, ni a las amas de casa, que fallecieron a causa de un raro cáncer, el Mesotelioma o cáncer pleura, al resultar contaminadas al lavar a mano la ropa de trabajo de sus familiares, porque las empresas incumplían la obligación más elemental, como lavar la ropa. Tampoco puedo ignorar a la madre de Juanmi Gutiérrez, difunto director del documental “La Plaza de la música. Historias del amianto” que falleció por un cáncer pleural, a causa de qué frente al balcón de su domicilio de Errenteria, donde secaba la ropa o cuidaba sus flores, inhalo las fibras asesinas, expulsadas por el ventilador de la empresa Productos Aislantes PAISA. Ventilador colocado, como solución más barata, para reducir el ambiente tóxico en su interior, al lijar las piezas de baquelita fabricadas o para desactivar las protestas obreras contra la toxicidad laboral.
Aunque tarde, podemos lograr el reconocimiento por los crímenes provocados, dado el desprecio mostrado por las empresas, Mutuas y Autoridades laborales, a la necesaria protección de la salud de sus empleados, comenzando a dar pasos orientados a la reparación del daño causado. Bienvenida sea, por tanto, la creación del Fondo de Compensación para las víctimas de amianto. Qué sin duda, no resolverá todas las injusticias a las que nos enfrentamos los enfermos del amianto, pero resolverá la injusta desigualdad entre las víctimas, ante la necesaria reparación de sus daños. Diferencias motivadas por hechos como: si la empresa infractora o sucesora continúa viva para exigirle responsabilidades o arrancarles indemnización por daños y recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Después de 40 años, muchas empresas desaparecieron, imposibilitando las reclamaciones de indemnización, incluso es posible, (por el deterioro de la negociación sectorial) que la pensión derivada por enfermedad profesional, resulte inferior a la de jubilación. Cuando a más de una de estas viudas las interpelan las amistades -escuchando junto al pésame: “Por lo menos, cobrarás un dineral”-, la rabia y ansiedad que les genera es enorme, por la injusta falta de una mínima reparación. Esperamos que el Fondo de Compensación posibilite, a partir del 2023, una cierta reparación de los daños causados. La situación es todavía más injusta para quienes enfermaron por limpiar la ropa familiar o resultado de la contaminación ambiental o laboral, sin pruebas de la exposición laboral real, quedando sin derecho a prestaciones de enfermedad profesional, ni indemnización, ni recargos.
Hay que tener en cuenta, que se trata de enfermedades que normalmente aparecen 30, 40 o 50 años más tarde de la exposición cancerígena y que la mayoría de las empresas, no se registraron, ni notificaron el nombre de los trabajadores expuestos a la Autoridad laboral; es decir, no existe constancia en OSALAN, (o en RERA en el resto del Reino) de dicha exposición laboral. Por tanto, resulta muy complicado conseguir pruebas o testigos (sobre todo, tras el diagnostico de un cáncer) de la exposición sufrida o de la infracción empresarial, obstaculizando así, el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad. Este es uno de los aspectos, que más nos ha diferenciado de otros colectivos de víctimas a la hora de valorar la importancia del Fondo de Compensación, al tener mayoritariamente orientada su actividad a reclamar a las grandes empresas: Uralita, Naval, Metro, …. Una realidad, bastante diferente a la vasca, donde los enfermos aparecen como setas en el amplio tejido industrial vasco, con grandes y pequeñas empresas o subcontratas implicadas. Por ejemplo, mientras en 2014, OSALAN tenía registrados 5.754 personas con derecho a la vigilancia sanitaria especifica por haber estado expuestos al amianto en Euskadi, en diciembre de 2021 los registrados hemos llegado a 11.898 personas, cifra que aumenta sin cesar, por nuestra actividad a ras de tierra como las hormigas, incorporando de uno en uno a todos ellos al Listado de trabajadores expuestos.
Aun con la creación de un Fondo de Compensación, soy firme partidario de continuar presentando demandas de daños contra las empresas infractoras, siempre que sea posible, para que las numerosas víctimas, sin otra vía para conseguir una reparación del daño, acudan al Fondo de Compensación.
Que sea posible una reparación del daño a partir de un Fondo público, es el resultado de la lucha perseverante de las víctimas del amianto, de una Asociación constituida por abuelos/as, más o menos enfermos y las viudas, que ha sido capaz de mantener un dialogo, tejiendo amplias alianzas con las diferentes fuerzas sindicales y políticas, y que ha demostrado, que la lucha perseverante da sus frutos.
Hay que continuar luchando con nuevos retos. Pese a la prohibición de la comercialización del amianto en 2002 en el Reino de España, las enfermedades y muertes por el amianto seguirán aumentando dado el periodo de latencia. Además, mientras no se produzca una prohibición mundial de la comercialización de la fibra, hay que poner en marcha un plan para erradicar y inertizar el amianto instalado en tejados industriales, viviendas, tuberías, jardineras y cobertizos o instalaciones ganaderas antes de 2032, cumpliendo así el compromiso europeo. Hay que tener en cuenta:
1- Que la gran mayoría del fibrocemento instalado, tiene caducada su vida útil (tras más de 40 años), lo cual supone un grave riesgo ambiental y de salud pública, porque está desprendiendo fibras cancerígenas invisibles, que serán inhaladas por la ciudadanía, generando una segunda oleada de cáncer por contaminación ambiental del amianto. Por esta razón, los Ayuntamientos que serán elegidos él próximo mes de mayo, deben asumir el compromiso de realizar un Inventario Municipal del amianto instalado, poniendo en marcha un Plan para erradicar el cancerígeno, comenzando por las escuelas y edificios públicos y controlar la actividad de los “Piratas”, que ilegalmente retiran materiales de fibrocemento, sin medidas de prevención, poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores o de la ciudadanía, generando vertederos incontrolados de residuos peligrosos en el campo.
2- Igualmente, considero necesario una revisión del criterio de acreditación de las empresas de desamiantado. El pequeño tamaño de la mayoría, la escasa formación, unido a la ausencia de recursos preventivos, hacen imposible el control y garantías de seguridad en su retirada o cumplir las nuevas exigencias europeas. La aparición de trabajadores del sector, con edades inferiores a 50 años, afectados de graves enfermedades, son indicativos de la intensa exposición, razón que requiere la adopción de medidas rigurosas de control y prevención.
3- Es necesario aumentar la presión social sobre los profesionales sanitarios, sobre OSAKIDETZA y los Servicios de Prevención, para que cumplan con las exigencias del artículo 5 del Decreto 129972006, comunicando “Sospecha” cuando diagnostiquen una enfermedad incluida en dicho Decreto y que pudiera tener un origen profesional. De dicha comunicación, depende en gran parte la visualización, reconocimiento de la enfermedad profesional y su prevención, evitando que la Sanidad pública corra con gastos hospitalarios que corresponden a la Contingencia Profesional.
4- Finalmente, todas las personas que trabajaron de forma directa o en ambientes donde se manipulaba el amianto, deben reclamar su inscripción en el Listado de Trabajadores expuestos, independientemente de que después de años no perciban síntomas de afección respiratoria. Las enfermedades del amianto (como las derivadas de otros cancerígenos laborales), son muy traidoras, aparecen cuando menos te la esperas, dejándote sin fuerzas para reaccionar. En mi caso particular, la detección precoz de la Asbestosis o fibrosis pulmonar crónica, ha sido posible, después de transcurrir unos 40 años de la exposición, gracias a la vigilancia sanitaria especifica al figurar en el Registro de OSALAN como trabajador expuesto.
Resulta evidente, que durante más de un siglo, gran parte del sindicalismo, las Autoridades y la propia sociedad, han despreciado los avisos que las Inspectoras de Trabajo británicas, como Lucy Deane, alertaron en 1903, sobre los riesgos del amianto; o las emitidas por el Congreso de los sindicatos británicos en 1932; incluida la propia legislación laboral vigente durante la dictadura franquista, que ya en 1947 reconocía la ASBETOSIS como enfermedad profesional o que 10 años más tarde, prohibía a los jóvenes menores de 18 y mujeres de 21 trabajar con amianto. Ya en 1978 la legislación recogía el MESOTELIOMA pleural y el CANCER DE BRONQUIO o PULMÓN como enfermedades profesionales derivadas del amianto. Pero ha sido necesario que las víctimas del amianto se organicen, denunciando la situación, logrando importantes condenas a las empresas por sus infracciones y obligándoles a pagar importantes indemnizaciones, para que la sociedad tome conciencia de los riesgos cancerígenos en él trabajo, que aun cuando no mata al instante, como las caídas de 10 metros de altura, conllevan 10 veces más muertes obreras y, si seguimos sin hacer caso a los riesgos ambientales del amianto instalado, serán muchas más las muertes. El camino marcado por ASVIAMIE debe convertirse en una referencia para los afectados por diferentes sustancias como la Sílice, Humos Diésel, Cromo, Cadmio…
Activista en defensa de la Salud laboral y portavoz de ASVIAMIE.