Prosigue inexorable el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, como antidemocráticas siguen siendo las decisiones judiciales y políticas, más aún tras haber sido elegidos diputados o senadores. Quizás a muchos lectores les sorprenderá que un juicio de parecidas características tuvo lugar en 1935, durante la Segunda República, en el que se juzgó al gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, tras los sucesos ocurridos en octubre de 1934.
En noviembre de 1933 las elecciones generales dieron la mayoría al bloque de las derechas, comandado por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) que ni siquiera había reconocido la república. A pesar de ser la fuerza mayoritaria no formó parte del gobierno, pero éste contaba con insuficientes apoyos parlamentarios y en octubre de 1934 la CEDA exigió entrar en el gobierno. El 4 de octubre se conformó el nuevo gobierno dirigido por Lerroux y Gil Robles. Saltaron todas las alarmas. Hasta la moderada Izquierda Republicana de Azaña denunció “el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos”. Ante el riesgo evidente de un retroceso antidemocrático y antirepublicano, las fuerzas republicanas y de izquierdas decidieron convocar una huelga general revolucionaria el 5 de octubre. Asturias respondió ejemplarmente. Se había formado una Alianza Obrera que unía a todas las fuerzas obreras, desde socialistas y anarquistas hasta comunistas y trotsquistas, y los mineros se encargaron de organizar la revolución que durante quince días mantuvo Asturias en manos de los obreros y campesinos. La cruel represión militar, dirigida por Franco, y la falta de respuesta en el resto del país acabaron con el ensayo revolucionario. En el resto del país la huelga no había sido preparada y aparte de algunos paros y enfrentamientos con la policía el movimiento no fue a más.
En Cataluña, los acontecimientos tuvieron un desarrollo diferente. El recuerdo de la historia ha dejado grabada la proclamación por Companys del “Estado catalán de la república federal española”. Pero los acontecimientos fueron mucho más complejos. En realidad, se entrecruzaron dos movimientos de resistencia frente a la deriva autoritaria: el movimiento obrero y el movimiento nacional. Hacía meses que se había formado una Alianza Obrera, impulsada por el BOC (Bloc Obrer i Camperol) que posteriormente fundaría el POUM, y en el que estaban integradas todas las fuerzas de las izquierdas, aunque, a diferencia de Asturias, los anarquistas de la CNT rehusaron formar parte. En palabras de Joaquín Maurín, dirigente del BOC, “El gobierno que acaba de formarse tiene como objetivo inmediato aplastar a los obreros y liquidar las libertades de Cataluña”. Efectivamente, las derechas no solo atacaron los derechos de las clases trabajadoras, sino que también empezaron a asfixiar a la Generalitat amenazando con su disolución. El día 5 se declaró la huelga general en Barcelona y sus alrededores, con gran apoyo en otras zonas de Cataluña. Miles de manifestantes se concentraron en las Ramblas y ante la Generalitat exigieron la proclamación de la república catalana. Una delegación de la Alianza Obrera se entrevistó con Companys y al finalizar la reunión uno de sus portavoces declaró: “La Alianza Obrera ha exigido al govern que actúe con energía y decisión. Les hemos conminado a proclamar la república catalana… antes que el gobierno fascista de Madrid pueda tomar la iniciativa”. (Historia del BOC. Víctor Alba.) Sin embargo, el gobierno de la Generalitat duda y da largas, no sabe qué hacer, atenazada por los ataques de las derechas y por la presión popular. Un participante en la reunión declarará que Companys “asegura, promete, se enfada, vacila…”.
Conforme iban llegando noticias de la insurrección en Asturias crecía la presión popular exigiendo a la Generalitat que tomara medidas. A mediodía del 6 de octubre, el conseller Joan Lluhí i Vallescà le explicará a Manuel Azaña, que se encontraba en Barcelona para asistir al funeral de un amigo, que el govern “por el temor de ser desbordado por las masas proclamaría el Estado catalán dentro de una república federal” (Companys i el 6 d’octubre. Enric Jardí) A las 8,10, desde el balcón de la Generalitat, Companys leyó su discurso: “Las fuerzas monarquizantes y fascistas que pretenden traicionar la República han conseguido su objetivo y han asaltado el poder. […] el gobierno que presido proclama el Estado catalán de la República federal española y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, los invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo el más generoso impulso de fraternidad, en el común anhelo de edificar una República federal, libre y magnífica”.
El gobierno de Madrid declaró el estado de guerra y movilizó al ejército que rodeó el Palau de la Generalitat y después de unas pocas escaramuzas con els mossos d’esquadra la rebelión fue sofocada. La presión popular obligó al govern de Cataluña a tomar una decisión en la que apenas creía y, sobre todo, para la que no se había preparado. [No es este el lugar para hacerlo, pero sería útil para el debate político comparar y sacar conclusiones de las improvisaciones de octubre de 1934 y de octubre de 2017]
Represión y juicio
A pesar de que la lucha continuaba en Asturias, el fracaso de la rebelión catalana fue utilizada para que el gobierno de la derecha proclamara que reinaba la tranquilidad en España. Algunos manifestantes se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su apoyo al gobierno. Algún periódico de la época destacó el discurso del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, diciendo que “en un siete de octubre se firmó la paz de Europa (referido a la batalla naval de Lepanto en 1571) y otro siete de octubre nos devuelven la unidad de España”. En fin, arengas que también se pueden escuchar en pleno siglo XXI.
Inmediatamente se desató la represión. Fue detenido todo el govern de la Generalitat, también los concejales del Ayuntamiento de Barcelona que habían dado su apoyo a la proclamación de la república catalana, y centenares de militantes que habían participado en la huelga general, hasta fue detenido, y juzgado posteriormente, Manuel Azaña, que como hemos dicho se encontraba en Barcelona. En el mes de diciembre de 1934 se contabilizaban 3.500 detenidos. Como presidente de la Generalitat se nombró a un coronel, para la alcaldía de Barcelona a un teniente coronel y otro coronel como jefe de policía. Se suspendió el Estatut de Cataluña, el Parlament fue ocupado, prohibidas sus sesiones y suspendidas las garantías constitucionales. Fueron clausurados una serie de periódicos, se embargó los bienes de los detenidos y se obligó a que todos los documentos oficiales fueran redactados en castellano… algo comparable a un 155 de la época. Fueron encarcelados en los barcos Uruguay, Argentina y Ciudad de Cádiz y en la cárcel Modelo. La solidaridad empezó a expresarse desde el primer momento, y además de manifestaciones era habitual que los días de fiesta pequeñas embarcaciones se acercaran a los barcos donde estaban los detenidos para expresar su apoyo.
En los barcos-prisión estuvieron hasta el 7 de enero de 1935. Para su traslado a Madrid se tomaron toda clase de precauciones. Según La Vanguardia: “Dicha orden se transmitió con toda clase de reservas, a fin de que no se enterara nadie y evitar que se produjesen incidentes». Y el tránsito entre el barco-prisión y el «autocar requisado sin número de matrícula» se llevó a cabo en un escenario previamente vaciado, deliberadamente silenciado y fuertemente custodiado: 21 agentes del Cuerpo de Seguridad y Asalto —el cuerpo de policía estatal popularmente conocido como Guardias de Asalto— enviados desde Madrid”.
La acusación también nos sonará a actual. Se les acusó de “un delito de rebelión militar comprendida en el artículo 237 del Código de Justicia Militar. Son responsables criminalmente del expresado delito, en concepto de autores, conforme al número segundo del artículo 238 del Código de Justicia Militar, en relación con el número primero del artículo 14 del Código Penal común. No son de apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Debe imponerse a cada uno de los procesados la pena de treinta años de reclusión mayor, accesorias y la octava parte de las costas”.
Después de 232 días en prisión, el 27 de mayo de 1935 se inició el juicio. La prensa de la época relató: “En la puerta de la calle del Marqués de la Ensenada se formó, a las siete de la mañana, una cola de personas que deseaban asistir a la vista […] Poco a poco fue engrosando y a las once de la mañana, hora de comenzar el juicio, había unas 200 o 250 personas […] Las calles de los alrededores están ocupadas por efectivos del Cuerpo de Seguridad y Asalto; y la sede del Tribunal lo está por efectivos de la Guardia Civil. Del autocar penitenciario bajan el president Lluís Companys y los consellers Pere Mestres, Joan Lluhí, Joan Comorera, Martí Esteve, Ventura Gassol y Martí Barrera”.
El Tribunal era un reflejo tenebroso de la alianza política conservadora y autoritaria que gobernaba, y también de que la república no había depurado a los jueces monárquicos. Estaba presidido por el juez-político Gasset Lacasaña, nombrado pocas semanas antes. Había sido alcalde de Castellón y concejal durante la dictadura de Primo de Rivera. Al estallar la guerra civil se exiliaría y en 1938 se ofrecería a los franquistas. De los vocales, uno pertenecía al Partido Conservador ultracatólico; otro fue defensor del fundador de Falange; un tercero exsacerdote confesor de los Marqueses de Urquijo… El fiscal, Lorenzo Gallardo González, considerado como liberal, había sido nombrado fiscal del Tribunal Supremo durante la dictadura de Primo de Rivera y, como el presidente del Tribunal, también se pasaría al bando franquista.
Las defensas negaron el supuesto delito de rebelión, ya que el objetivo de los acusados fue defender la autonomía catalana y el régimen republicano frente a las amenazas autoritarias y pro monárquicas y que se trataba de decisiones políticas, ya que se quería una España que reconociera la multiplicidad de naciones que la componían. Los abogados defendieron el argumento de que “los hechos no pueden integrar un delito contra la forma de gobierno, y sí contra la forma de Estado, puesto que en realidad lo que proponían era convertir en una República federal la República unitaria que existía en España. Aceptando este criterio se imponía la absolución, porque el delito contra la forma de Estado, no se halla penado en ningún código”. El abogado de la defensa, Ruíz de Funes, explicó en su alegato final: “¿Qué se hizo?, pues buscar un cauce jurídico y político al conflicto. Estas son las célebres palabras que, a mi entender, constituyen la más feliz expresión que emplea Ossorio (abogado defensor de Companys) en su escrito de conclusiones: “Dar al conflicto un cauce jurídico y político”. ¿Por qué? Porque era un gobierno y porque la manera de resolver los conflictos, no es desatar contra ellos las fuerzas del Estado o del gobierno; es, primero, intentar su solución por vías pacíficas, porque, gobernar no es una función de fuerza, es una función de inteligencia, y porque toda la tragedia de España, la mayor tragedia de la gobernación de España ha sido creer que para gobernar era muchas veces inútil la inteligencia”.
El 6 de junio se dictó la sentencia: “Los procesados se alzaron en armas […] proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española […] implica la subversión del régimen constitucional, en lo que a la organización nacional afecta, transformando las regiones autónomas en Estados miembros y la República integral en federativa, con alteración profunda de poderes […] Fallamos: […] condenamos a cada uno de los procesados […] autores de un delito de rebelión militar, a la pena de treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales”. Sin embargo, seis miembros del Tribunal firmaron un voto particular, bastante elaborado, justificando la actuación del gobierno catalán por el peligro que significaba la entrada en el gobierno de la República de ministros contrarios a ella, alegando que sus actos se realizaron para evitar un mal mayor y, finalmente, que no existía tipicidad penal para los actos que se habían juzgado. El voto particular concluía diciendo que su conducta “sólo puede ser enjuiciada por la opinión pública, en el campo de la política y por la Historia”.
Las vueltas de la historia
Companys, Lluhí y Comorera fueron enviados al penal de Puerto de Santa María y los demás consellers al de Cartagena. La solidaridad con los presos se extendió por toda Cataluña y por toda España, pues eran miles los detenidos de la insurrección de Asturias, y la amnistía se convirtió en una exigencia que movilizó a todas las fuerzas de izquierda y republicanas. El gobierno de las derechas empezó a entrar en crisis, también por un tema de corrupción, el famoso caso del estraperlo, por el que se sobornó a altos funcionarios para permitir instalar casinos con máquinas trucadas. [La historia de España parece estar llena de hilos corruptos que se reproducen y parecen no tener fin, como si fuera algo consustancial]
El 16 de febrero de 1936 se convocaron elecciones que ganaron las izquierdas reunidas en el Frente Popular, que en Cataluña se denominó Front d’Esquerres. Los juzgados y condenados pasaron a dirigir el país. Manuel Azaña, que había sido juzgado y absuelto por los sucesos de octubre de 1934, fue encargado de formar el nuevo gobierno y posteriormente elegido presidente de la República española. Companys y los consellers volvieron a dirigir el govern de Cataluña. Como se ve, la justicia, especialmente cuando tiene que ver con procesos políticos, que ahora pretenden presentar como si fuera la única posible e imperecedera, está sujeta a los cambios políticos y a las mayorías sociales. Una lección que deberíamos tener presente ante el juicio que actualmente se desarrolla. Es bien conocida la cita de Marx con la que inicia su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La tragedia del juicio de 1935 fue salvada por la movilización social que permitió la victoria electoral de febrero de 1936. En pocos meses sabremos en qué sentido evoluciona la actual farsa judicial.
El 21 de febrero, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados sancionó la amnistía propuesta por el gobierno y Lluís Companys y el resto de consellers fueron puestos en libertad y trasladados a Madrid. El 28 de febrero el Parlament catalán pudo reanudar sus sesiones y acordó proponer a Companys como president de la Generalitat, solo la derechista Lliga Catalana de Cambó se opuso. El 1 de marzo, Companys y los consellers se trasladaron en tren desde Madrid hasta Castelldefels, y de allí en coche hasta Barcelona recibiendo una multitudinaria acogida en todo el recorrido. Otra vez desde el balcón de la Generalitat, Companys pronunció un breve discurso cuyas palabras finales han pasado a la historia: “Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vencer” (Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer)
Nota de la redacción: Los seis anteriores artículos de esta serie «Juicios para la historia» pueden leerse en los siguientes enlaces:
http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-vi-sacco-y-vanzettiMiguel Salas sindicalista y miembro del consejo editorial de SinPermiso