Después de días de filtraciones de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes cívicos y políticos del independentismo catalán, su publicación el lunes 14 de octubre confirmó la naturaleza política del proceso judicial. Es posible que no se hayan juzgado ideas sino violaciones del código penal, pero este ha sido interpretado para adecuarlo a las ideas y a la negociación, hasta alcanzar un consenso interno, entre los jueces. El Tribunal Supremo ha demostrado ser un poder del Régimen del 78, por si faltaba alguna evidencia empírica más. Un poder que ha reinterpretado la sedición con la finalidad específica, como apuntaba Joaquín Urías que fue miembro del Tribunal Constitucional, de poder castigar a los presos políticos. Un poder que ha cambiado la ley sin que intervenga el Parlamento lo que es un fracaso del estado de derecho.
El proceso judicial no ha concluido. Quedan los recursos y la elevación a los tribunales europeos de la causa. ¿Podrán defender ante ellos los abogados del estado la peculiar concepción de sedición que hace de la “resistencia pasiva” a la acción de los poderes públicos la base de unas condenas de 9 a 13 años? ¿Después de dos años de prisión provisional, justificada en una acusación de “rebelión”, con violencia necesaria? De entrada, no ha sido esta la interpretación de la justicia belga al recibir la nueva euro-orden de detención contra Puigdemont.
Pero lo esencial de un juicio político, cuya acusación principal es el rechazo del orden constitucional de 1978, son claro está sus consecuencias políticas. Quedan pocas dudas después de una semana de las protestas masivas que han paralizado Cataluña.
10 N: la peligrosa estrategia de la estabilidad
El escenario de las elecciones del 10 de noviembre, las cuartas desde 2015, ha cambiado radicalmente. No porque hayan superado la crisis de la alternancia bipartidista, sino porque aparecen ahora como una estrategia para manipular la crisis constitucional en Cataluña. Pedro Sánchez ha definido el “centro” como la estabilidad del régimen del 78, si se quiere, su supervivencia. Frente a una derecha que exige un estado de excepción, vía Ley de Seguridad Ciudadana o artículo 155, que acabaría con su legitimidad y el estado de las autonomías. Y frente a las fuerzas a su izquierda que lo cuestionan desde el 15-M. Ha sido Sánchez quien ha desplazado irónicamente el eje de la situación: de la agenda social, al rechazar un gobierno de coalición con Unidas Podemos (¿quién duda de ello ya?), a la cuestión nacional, apoyándose en la sentencia, e intentar convertir las elecciones del 10 N en un referéndum estatal contra el 1-O catalán. Estabilidad frente a “violencia”, “convivencia” frente a desgobierno. El problema de Cataluña, para el actual presidente del gobierno español, es un “problema de convivencia”, es decir, de criminalización de la movilización por la autodeterminación de una gran parte de la población catalana. En eso ha quedado reducida su agenda “progresista”.
Pero la única posibilidad de gobernar el Reino de España frente a la mayoría movilizada en Cataluña y una mayoría tensionada en el País Vasco (la manifestación de Gure Eusko en Donosti el 19 de octubre fue de una masividad contundente) es sustituir la alternancia bipartidista por una “Gran Coalición” PSOE-PP. A eso apuntan todas las encuestas (ver gráfico de Kiko Llaneras), erosionando aún más la pretensión “progresista” de un gobierno Sánchez minoritario, buscando apoyos a izquierda y derecha según sus propias conveniencias, como pretende hacer ahora Costa en Portugal.
El uso y abuso de la “violencia”
Pero hay algo más. El debate judicial sobre la violencia se ha trasladado a la reclamación del monopolio de la violencia del régimen del 78. La respuesta a las masivas manifestaciones y concentraciones por la Amnistía en Cataluña ha sido criminalizarlas, hacer responsable al clima de desobediencia civil de las barricadas de contenedores de basura y mobiliario urbano que arden a partir de las nueve de la noche, una imagen machacona transmitida por las cadenas de televisión. Y explicadas por la prensa española de forma irreconocible hasta para una persona convencida pero que viva y experimente la realidad en Cataluña. Tan evidente debe ser para ellos mismos que incluso un mismo periódico (El País) utiliza el mismo día dos portadas para la edición española y la catalana para titular las grandes movilizaciones del pasado 17 de octubre: “Masiva marcha independentista contra el fallo del Supremo” que se convierte en “Grupos violentos extienden el caos en el centro de Barcelona”. No hace falta especificar cual es la edición catalana y la española. Un modelo de periodismo al “gusto”.
El sueño de la razón soberanista produce sus monstruos, se recuerda una y otra vez a una derecha catalanista a la que se amenaza con la “violencia” de jóvenes desclasados contra sus intereses de clase. Se agitan los fantasmas del pasado de una Barcelona revolucionaria, para ofrecerle la estabilidad del régimen del 78, acompañado de las imágenes globalizadas de Hong Kong, Bogotá o Santiago de Chile, donde se cuestiona también estos días el orden neoliberal. Así, el conseller de interior Miquel Buch se ha convertido en su héroe, asegurando la perfecta coordinación de Mossos y Policía Nacional-Guardia Civil, como ha alabado el ministro del interior Grande-Marlaska. Y Sánchez exige a Torra que condene “rotundamente” la “violencia” a su satisfacción -no bastan las suyas por escrito, sino la sumisión- y se solidarice con las fuerzas del orden en el marco de la ley, antes de reunirse con él.
Frente a la capacidad de resistencia del movimiento popular republicano catalán, la coalición del Govern que constituye su dirección se ha resquebrajado por las mismas consecuencias de la sentencia que debía darle un segundo aliento. Los motivos son objetivos, porque responden a su falta de cualquier estrategia que no implique una salida electoral y ganar tiempo para una negociación rechazada, cuando la presión está en la calle e indignada con urgencia democrática por la frustración del 1 de octubre. Torra representa personalmente estas contradicciones con su doble desafío e incoherencia. Más pronto que tarde, después de las elecciones del 10 N que representarán el clamor por la Amnistía, ello exigirá elecciones autonómicas en Cataluña, que pueden suponer un cambio de dirección del independentismo catalán.
La miseria de la propaganda y la necesidad de la estrategia
Mientras tanto, a la espera de la exhumación garantista del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, casi todo es propaganda, y aun no ha comenzado la campaña electoral. Propaganda de “España Global” y distribución de videos y argumentarios repetidos hasta la extenuación por tertulianos mercenarios convertidos en sinceros constitucionalistas, hasta que la ha prohibido la Junta Electoral. Propaganda en los Premios Princesa de Asturias, con un espectáculo sumiso de la prensa española con los Borbones para subrayar que, a pesar de las pretensiones de Sánchez, la estabilidad está en la continuidad de la monarquía, no en la del gobierno. Propaganda en el desfile militar del 12 de octubre en Madrid, fallida en su simbolismo por culpa de una inoportuna farola.
Lo que no ha sido propaganda, sino una muestra de la solidaridad republicana que empieza a nacer, han sido las manifestaciones contra la sentencia y la represión en Cataluña que ha habido en Madrid y en San Sebastián, los actos en Sevilla y en otras ciudades. Sin horizonte electoral de cambio el 10 N, con las izquierdas divididas y sumidas en la melancolía de su estrategia fracasada de co-gobierno con Sánchez, solo queda la resistencia de la movilización por la agenda social ante la inminente recesión y la defensa de las libertades democráticas, en las que el derecho de autodeterminación por razones evidentes ocupa un lugar muy destacado, frente a la contrarreforma del Régimen del 78 que consolidará las elecciones del 10 N.
De ellas nacerá la alternativa republicana que necesitamos.Daniel Raventós es editor de Sin Permiso Gustavo Buster es editor de Sin Permiso