Carlos Girbau
El pasado 7 de noviembre, durante el último pleno de la Asamblea de Madrid, saltó el escándalo. Por 66 votos a favor y 58 en contra se aprobó una proposición no de ley (PNL) presentada por uno de los diputados de Vox, José Ignacio Arias, en la que se solicitaban las siguientes barbaridades: (1) Que el gobierno central procediera a la ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o proveyendo de las reformas legales que se habiliten para ello; (2) que inscriba a los CDR [Comités para la Defensa de la República] en la lista europea de organizaciones criminales y terroristas, remitiendo a tal fin el expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional; y (3) que se procediera de inmediato a suspender cualquier pago y en su caso, revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo autonómico los CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con los mismos.
Tras presentar dos enmiendas formales que, por otra parte, no fueron admitidas por Vox ni sirvieron para tapar la vergüenza de la propuesta, PP y C’s dieron su apoyo a semejante ataque a los más básicos derechos democráticos.
Lo ocurrido en la asamblea madrileña demuestra que el caballo que marca el paso y tira de toda la derecha española en sus diversas acepciones es Vox. La votación desnudó la incapacidad del resto de la derecha, más allá de supuestas tácticas electorales de última hora, de ofrecer otro discurso diferente al de los franquistas y su letanía de más represión, más prohibición, más rechazo a la libre opinión, más racismo, más opresión sobre la mujer, además de amplias exenciones fiscales para los más ricos. Esta es la primera conclusión que se extrae de los votos del día 7, aunque ahora a los jefes estatales de PP y C’s, les haya entrado vértigo al ver el resultado práctico de su discurso e intenten tomar cierta distancia con la decisión de sus representantes en la asamblea autonómica.
Lo que manifiesta la situación vivida en la cámara madrileña es que para poder seguir implantando la opción política que se basa en un giro profundamente reaccionario y franquista, la derecha española (en todas sus variantes) debe ir más allá de la Constitución del 78. Dicho de otra manera: que la actual Carta Magna y el conjunto de reglamentos y leyes que de ella se desprenden no le son suficientes para sostener lo que ellos entienden de manera paradójica “por orden constitucional y la actual unidad de España”.
Porque la derecha que llama y exige a todo el mundo a mantenerse dentro de un supuesto espíritu de la transición, no ha tenido empacho alguno en olvidarlo cuando así le ha convenido y saltárselo debatiendo una proposición que destruye la llamada separación de poderes, la libertad de opinión, asociación, de concurrencia electoral y de representación. De hecho la propia izquierda en la Cámara (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos), que votó en contra de la PNL ultra derechista, no obtuvo ningún éxito en sus llamamientos a que PP y C’s se desmarcaran de la misma en nombre del pacto constitucional.
El gobierno de Sánchez (PSOE) ya ha puesto el asunto en manos de la abogacía del Estado para que estudie recurrir la decisión parlamentaria ante el Tribunal Constitucional (TC). Pero más allá de si el asunto finalmente llega al TC, de lo que decida y de cuándo lo decida, la cuestión planteada por la votación en la Asamblea madrileña no cambia un ápice. El tridente de la derecha se desliza cada vez de forma más indisimulada por un camino en el que la única norma válida es aquella que le permite mantener su orden y su ley, su España y su unidad. La constitución del 78 que tan profusamente se usa contra la voluntad del pueblo de Catalunya o de su Parlament, está claro que en Madrid pesa muy poco cuando están en juego “las cosas de comer”. Frente a ello, la izquierda debe oponer más pronto que tarde barreras reales y firmes a un giro reaccionario, barreras para las que, por otro lado, se demuestra que nuestra actual constitución vale de bastante poco.
www.sinpermiso.info, 9 de noviembre 2019