El pasado 16 de noviembre, en menos de 4 horas y tras varias decenas de intervenciones no superiores a 2 minutos, el máximo órgano de representación de Izquierda Unida, su Asamblea Político Social (APS), aprobó por 66 votos a favor, 9 votos en contra y 5 abstenciones que Unidas Podemos y la propia IU entraran a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE. Ahora, la última palabra la tienen los afiliados y simpatizantes de la organización. Entre los días 22 y 24 de este mes, y de manera prácticamente simultánea a las bases de Podemos, votan sobre la posible participación en el gobierno.
Por su parte, la militancia socialista ya ha dado un respaldo amplio y claro a la propuesta de gobierno de coalición en una consulta en la que ha participado el 63% de su militancia y en el que el “sí” ha llegado al 92% (95.421 votos).
El máximo órgano de IU, otrora defensor del famoso latiguillo: “programa, programa, programa” adoptó su decisión sin ver programa alguno ni medidas precisas de política social o económica. Nada sobre la LOMCE (Ley Wert), reformas laborales, mejora en el acceso a la vivienda, asilo y refugio, mujer, sanidad, educación, contratación, lucha contra la pobreza y la desigualdad o las leyes mordaza. Menos aún sobre hechos más complejos como la derogación del cambio del artículo 135 de la Constitución, palanca sobre la que han pivotado y se han justificado todos los recortes y el programa de “estabilidad” de la UE; ni una palabra tampoco sobre la deuda pública (el 100% del PIB) o la generada a causa del rescate bancario, estuvo también ausente la crisis del sistema autonómico o el derecho a decidir de los pueblos que hoy forman parte del reino y que reclaman autodeterminación, especialmente Catalunya.
La propuesta de formar parte de un gobierno de coalición ante el máximo órgano en una formación que ha hecho gala, hasta ahora, de republicanismo irredento, se respaldó, de un lado, en el ya conocido preacuerdo de 10 puntos ampliamente comentado en Sin Permiso (aquí y aquí) y, del otro, en el marco económico establecido por el proyecto de presupuestos 2019 (acordado por PSOE e Unidas Podemos), que no vio la luz por el adelanto electoral provocado por el propio Sánchez.
Es de resaltar como la dirigencia del PCE y todas sus diversas sensibilidades, empezando por su secretario general, hicieron gala de una convicción extrema a favor de esa entrada en el gobierno y de adquirir en el mismo las mayores responsabilidades posibles y nunca menos de un ministerio.
Hace menos de tres años (2016) la XI asamblea Federal de IU terminó con un “Llamamiento por un nuevo país”.
En dicho documento se afirmaba: “Por eso hacemos un llamamiento a
construir un nuevo sistema político y económico, a poner en marcha un
proceso constituyente, que recoja los valores federalistas y
republicanos. Necesitamos nuevas instituciones económicas y políticas
que protejan a las clases populares y a la mayoría social trabajadora, y
que sancione con la dureza debida los comportamientos corruptos vengan
de donde vengan, que defienda nuestros derechos y libertades frente a
los abusos del poder. Apostamos por un nuevo país construido desde
abajo, por la gente que tiene que ofrecer su mano de obra para poder
sobrevivir y que ahora enfrenta retos que sólo podremos abordar
colectivamente. No queremos reformas de chapa y pintura, ni cambios
aparentes que sólo servirán para consolidar un sistema que expande
masivamente la explotación sobre los seres humanos y el planeta. No
queremos pactos que aparentan proponer cambios pero que en realidad
suponen más de lo mismo, esto es, reformas para recortar en sanidad, en
educación, en pensiones y en nuestros salarios. No queremos una
restauración del sistema, sino un nuevo sistema.”
Razones para un giro copernicano
En menos de 1000 días se ha pasado de defender abrir la puerta a un proceso constituyente republicano y federalista como respuesta concreta a la crisis política del reino, a su corrupción, a los recortes de libertades, a la degradación de las condiciones de vida y los derechos de sus habitantes a sostener que el medio para lograrlo es justamente el contrario. Como señaló Alberto Garzón en una carta a la militancia: “Desde hoy mismo, nuestra intención es hacer valer nuestro peso parlamentario para empujar hacia la conformación de un gobierno que se enfrente a la extrema derecha y que aplique un programa en defensa de las familias trabajadoras, como por ejemplo frenar la expansión de las casas de apuestas en nuestros barrios, poner en marcha medidas contra el cambio climático que no sean meros barnices verdes, desarrollar una estrategia transversal que tenga como objetivo acabar con el patriarcado en todas sus formas o convertir en una prioridad la lucha contra la precariedad”.
¿Qué ha cambiado en estos tres escasos años? Muy resumidamente, para la APS de IU diremos que han sido dos elementos: (1) que por primera vez se propone de manera precisa que la organización se integre en el máximo órgano de poder ejecutivo (el gobierno) que existe en el régimen monárquico parlamentario del 78 y (2) que la extrema derecha franquista de Vox obtuvo en la última cita electoral 52 diputados. Ambas cuestiones que no representan detalles menores, constituyeron los dos aspectos más repetidos en las breves intervenciones que se sucedieron en la tribuna de la APS. Ahora bien, ambas, son a su vez, la consecuencia de las razones más profundas que ya se señalaban en el Llamamiento por un nuevo país citado con anterioridad y que podemos compendiar en una frase: el agravamiento sin solución de la crisis del propio régimen del 78. Dicho de otra manera, lo que ha cambiado sobre todo en este tiempo es que los elementos de crisis política, institucional y social sin solución que vivimos se han profundizado todavía más.
Hoy, los principales dirigentes del
procés son presos políticos y el “suflé catalán” constituye una realidad
que, ni de lejos, tiene solución sin afrontar el derecho de
autodeterminación de su pueblo (derecho no reconocido en una
constitución que no se quiere modificar). Para continuar, la
representación política ya no encaja (sin vuelta atrás) en el
bipartidismo sobre el que se construyó y asentó el régimen. La
desigualdad y el fraccionamiento social se han enquistado en un mar de
precariedad agravado por los constantes ataques y recortes a lo público.
Necesidades
La decisión de la dirección de IU de cerrarle el paso a la extrema derecha y proteger la vida de la mayoría a partir de usar un cuchillo tan romo como el del marco legal en crisis del 78 es una posibilidad que, muy a la corta, puede parecer la opción más favorable. Pero incluso cuando pudiera aportar mejoras concretas en algunos aspectos, solo servirá para demostrar la incapacidad del marco normativo y legal actual de dar salida a los problemas que precisamente esa incapacidad acabó creando, y al que indudablemente se va a atar gracias a un compromiso de gobierno.
La alternativa adoptada por IU (que necesitará un análisis sobre el Estado y su naturaleza, que ahora se escapa del artículo) acaba considerando, de facto, que las instituciones que componen el Estado y sus diversos poderes son un terreno moldeable, neutral y nacido para servir a la ciudadanía. En consecuencia, el Estado ya no constituiría, por encima de toda consideración, la expresión del dominio de una clase sobre otra a través del monopolio de la violencia, sino un espacio en disputa que se debería ocupar para transformar. O sea, no haría falta la “ruptura” reclamada en la XI asamblea, sino solo acción de gobierno bajo el rey. Y todo ello se asume sin realizar ningún balance sobre el resultado de los ayuntamientos del cambio o la experiencia de los gobiernos autonómicos en la anterior legislatura.
Ante toda situación existen siempre, por lo menos, dos posibilidades. En estos tres años, los que van del gobierno del PP (gracias a la abstención del PSOE) a las elecciones del 10-N, las fuerzas que no querían tocar una coma de la Constitución del 78 acumulaban el 73% de todos los escaños del Congreso. Ahora, tras las mismas, los constitucionalistas se han reducido al 64% del total de asientos, siempre que incluyamos a Vox en tales opciones, opciones en las que se halla por mérito propio gracias a al giro reaccionario abierto y represivo que defiende, y que va más allá de la actual constitución.
A la opción de la entrada en el gobierno le cabía otra. La de quedarse fuera de los ministerios y cerrarle igualmente el paso a Vox apoyando un gobierno de Sánchez. La ventaja de esta alternativa se halla en que permitiría establecer, con la máxima libertad de acción en la calle y en la institución, puentes con esas otras fuerzas que empujan hacia una ruptura del régimen dentro de las actuales Cortes, en un sentido republicano y constituyente, que es precisamente el que la XI asamblea Federal IU proclamó como suyo. En estos momentos, tal posibilidad en lo inmediato se aleja. Pero queda también muy lejos que la misma esté resuelta. Y mucho menos en un debate como el del pasado día 16 de noviembre que solo duró cuatro horas.Carlos Girbau Miembro de la Asamblea Politico Social de Izquierda Unida, es amigo y colaborador de Sin Permiso.