La Comunidad de Madrid vive en un eterno apagón informativo desde que comenzó la crisis del Coronavirus. Una oscuridad que impide saber a ciencia cierta cómo se está realizando la gestión de una crisis sanitaria sin precedentes en uno de los sistemas de salud más penetrados por el sector privado y en la Comunidad del reino más afectada por la pandemia. Pensemos que nadie del gobierno de coalición PP-C’s sale a diario o regularmente a dar explicación alguna sobre la situación.
Sin embargo, esa escasez de información, precisa y veraz sobre aspectos fundamentales de la crisis como material necesario (guantes, mascarillas, respiradores), recursos públicos y privados, medios técnicos, organización de traslados o estado de residencias y UCIs contrasta con la escrupulosidad con la que se ofrecen otras noticias. Un ejemplo es la web para donaciones que desde el pasado 30 de marzo ha puesto en marcha en su portal la Comunidad. En este portal se anuncia que los fondos que se recojan se destinarán, sin mas detalles, a atender la crisis provocada por el Coronavirus. En uno de los párrafos de la información, se aclara, esta vez con total exactitud, que todas esas donaciones serán desgravables en la declaración de Hacienda y que, a tal efecto, se les remitirá a los donantes el correspondiente certificado que lo acredita. Vale aclarar que tal desgravación representará para el donante del 35% sobre el importe entregado. En 48 horas, la Comunidad ha destacado el “éxito” de la recogida de dinero, que alcanza mas de 8,5 millones de euros.
Recordemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por el Partido Popular durante 25 años y ahora compartido con Ciudadanos, lleva décadas aplicando una política de desficalización general que nos cuesta a toda la ciudadanía de Madrid (la Comunidad más rica de España) solo en el impuesto del patrimonio una media de 1.000 millones de euros al año. Un impuesto perdonado que, en caso de pagarse, solo afectaría en Madrid a los 16 mil ciudadanos más ricos de la región, o sea, a los superricos. Si se suman todos los regalos fiscales que, por todos los conceptos, han practicado los gobiernos del PP en los últimos tres lustros, los madrileños hemos dejado de ingresar cerca de 30 mil millones de euros en ese periodo. Es decir, el equivalente a toda la deuda pública actual. Por otra parte, 1.000 millones es precisamente la cifra que la presidenta Ayuso pide ahora al gobierno central para combatir la epidemia. Un dinero que, simplemente cobrando el impuesto del patrimonio que afecta únicamente a quien posee más de 700 mil euros por ese concepto, ya tendríamos todos los ciudadanos para combatir al Covid-19.
Un dinero que se ha quedado bien resguardado en el bolsillo de un puñado de familias y que es el que desde hace tiempo vienen reclamando las organizaciones sociales y políticas de la izquierda de la Comunidad como un recurso imprescindible para garantizar hospitales, escuelas, vivienda, atención primaria o dependencia. A tenor de la escasez de material en los centros sanitarios, la terrible saturación que sufren y sobre todo la falta de profesionales, parece que ese constante regalo fiscal a los más ricos se ha pagado con desorganización sanitaria y falta de medios indispensables.
Ahora, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto una cuenta para sufragar y garantizar con donativos (voluntarios) un derecho básico de toda la ciudadanía, un eje central de política publica democrática: la sanidad y el acceso a la misma. Lo que en realidad ha abierto el gobierno de la Comunidad el último día de marzo no constituye otra cosa que la cara “B” de su política de desfiscalización: una ventanilla para que los 16 mil super-ricos (el club privado de sus amigos) puedan seguir desgravándose y ahorrándose impuestos en una comunidad en la que están fiscalmente referenciadas la inmensa mayoría de las grandes fortunas del Estado. Unos patrimonios que ahora sumaran a los mil millones de su ahorro anual el 35% de sus “generosos” donativos.
Se mire cómo se mire, Madrid, de nuevo, pierde. La pandemia y sus graves efectos sobre nuestras vidas se ayudan a paliar y resolver con justicia fiscal y transparencia, no con una web para que laven la conciencia los de siempre con sus dádivas discrecionales premiadas, otra vez y sin visos de cambio alguno, fiscalmente.
Carlos Girbau es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.