Los valores universales del movimiento feminista son luz para la oscuridad de un sistema que subvalora los cuidados y recursos esenciales en la vida
La pandemia del coronavirus en la época de la globalización es mortífera para la humanidad, la naturaleza, el sistema económico y político; por supuesto, para las mujeres, las criaturas y los hombres. Todo el planeta está con la economía al ralentí. A la sanidad pública, con las trabajadoras en primera línea, le toca hacer ingentes esfuerzos para salvar vidas y para digerir los fallecimientos. La ciencia, a marchas forzadas, intenta encontrar una vacuna, después de diez años de menospreciar los avisos del personal investigador. Las profesiones feminizadas son las que se dedican en buena parte a los cuidados, a la salud y a la vida de las personas; incluso, de la naturaleza. Los valores de esta sororidad, compromiso y amor a los recursos públicos, a los bienes comunales y a los derechos universales.
Briznas cotidianas
Empiezo estas notas con unas briznas vividas en mi experiencia cotidiana en el acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género, seguiré con las contradicciones que nos encontramos las entidades feministas cuando desarrollamos los proyectos destinados a las mujeres.
A finales de marzo en Cataluña, a una mujer inmigrante y refugiada desde hace diez años, que arrastra una agresión continuada por parte de su pareja desde hace veintitrés años, que ha hecho lo imposible para recuperar su vida y la de sus hijas, que lleva seis años dependiendo de los recursos públicos, los Servicios Sociales la sacan ahora del circuito de atención, a pesar de estar enferma, en crisis de ansiedad y desesperación, porque ha empezado a cobrar una pensión de 600 €, con la consideración de que ya puede hacer frente a sus gastos mensuales. Este es el triste viacrucis que pasa la gran mayoría de mujeres que no encuentran el suficiente apoyo en la reparación del mal causado.
Un sobreesfuerzo para adaptar los proyectos al confinamiento
Desde el primer momento del confinamiento, la Plataforma unitaria contra las violencias de género de Cataluña (formada por 130 entidades) y la Asociación Hèlia dones (de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género), hemos buscado y encontrado la manera de seguir apoyando a cada mujer, escuela o entidad, que está o se acerca a los proyectos en curso; con más intensidad si cabe que antes del Covid-19, con la idea de aliviar y resolver las dificultades que agravan el aislamiento en que nos encontramos.
Hemos aportado todos nuestros recursos humanos y materiales para cambiar y adaptar rápidamente la manera de abordar la situación de crisis sanitaria y económica, incluida la endémica de emergencia feminista.
El abanico de actividades es amplio: atención telefónica y online; sesiones de las actividades de los proyectos presenciales adaptadas al confinamiento individual; nuevas charlas y formación online (desde Instagram Live, Faceboock, YouTube); talleres de yoga; biodanza; dinámicas y metodologías imaginativas útiles en un entorno difícil con instrumentos tecnológicos poco conocidos; coordinación y planificación a través de las plataformas telemáticas (Jit-Si meet, Zoom, Skype); grupos de apoyo material e información de todos los recursos públicos.
Asimismo, hemos sostenido la interlocución con las Administraciones para transmitir la realidad que están viviendo las mujeres y exigir los recursos mínimos adecuados, es decir, los que se denominan esenciales.
Las sesiones de teletrabajo resultan agotadoras, pero la ilusión y el trabajo realizado con convicción son muy gratificantes.
La falta de recursos resulta escandalosa
¿Y con qué nos encontramos? Con unas barreras y protocolos administrativos que persisten en los trámites anteriores a la nueva emergencia de la pandemia. Una falta de recursos tan escandalosa que llega a poner en entredicho el esfuerzo y la buena voluntad, tanto de las entidades feministas como de las instituciones y profesionales.
Las personas e instituciones más cercanas quedan frenadas por mil y una disposición de normas administrativas, leyes y medidas políticas. Sufrimos decisiones gubernamentales que, mientras con la boca pequeña defienden actuar ante la emergencia en función de los recursos y servicios públicos generales, se adaptan de hecho y en la mayoría de las ocasiones a los intereses privados y parciales de las grandes empresas, las farmacéuticas, la sanidad privada y concertada, a las fortunas inmensas y corporaciones. Se trata de sectores sociales minoritarios pero poderosos, que sólo entienden su beneficio y, que de vez en cuando, practican la limosna, la caridad y la compasión por las desgracias de la gente trabajadora, pobre e inmigrada.
Esto no es fruto del coronavirus, es algo mucho más profundo y arraigado en la sociedad y en el orden de valores morales. Hace años que estamos denunciando la falta de respuesta con respecto a la vivienda, a la atención a los cuidados, a la ausencia de una visión de género, a la incapacidad de no reparar con recursos el mal causado por el maltrato y el machismo.
Las mujeres, y sus hijas e hijos, no sólo necesitan acompañamiento emocional y herramientas para afrontar la situación, necesitan más credibilidad en el acompañamiento jurídico y social.
Hace dieciséis años que se aprobó la Ley estatal 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, y doce años que entró en vigor la Ley catalana 5/2008 del derecho de las mujeres a la erradicación de la violencia machista. En la celebración del décimo aniversario de esta última en el Parlamento de Cataluña, expresamos a los diputados y diputadas que, a pesar de los avances de la ley, su implantación no está a la altura ni de las demandas del movimiento feminista, que protagoniza grandes movilizaciones mundiales, ni de las demandas de la realidad de nuestro día a día en atención, prevención y sensibilización.
Las mujeres se reducen a números y prioridades ajenas a la vida
Las entidades que colaboramos en esta lucha por la erradicación de la violencia machista, tanto en atención como en prevención, entramos en un circuito perverso.
En realidad, paliamos las largas listas de espera de los servicios públicos dedicados a la violencia de género atendiendo directamente a mujeres. Acompañamos en los procesos de violencia, generamos metodologías para la formación de las profesionales, en el sector de la enseñanza y en todos los ámbitos sociales. Nos dirigimos con éxito a toda la ciudadanía para poder transformar y liderar los cambios. Y nos vemos obligadas a hacerlo de forma precaria.
Las instituciones son avaras a la hora de facilitar recursos y de que podamos desarrollar este trabajo vital en condiciones suficientes. Si la ley ya es limitada, más limitada resulta ante la emergencia existente, tanto en la insuficiencia de los presupuestos como en el sostén de las entidades y personas dedicadas, ya sean profesionales o voluntarias. En las administraciones prima el criterio de que nuestro compromiso y vocación nos impele a hacerlo, pues las mujeres, media humanidad, lo necesita. Unos golpecitos calurosos en la espalda, abrazos, besos y discursos bienintencionados que empañan unas condiciones de trabajo precarias y recursos ínfimos.
Nos topamos con unas políticas públicas y unas administraciones enquistadas en normas y gestión burocrática que priva de alma y corazón a las mujeres y a la situación que atraviesan, las reduce a números y prioridades ajenas a la vida, como si no existiera ningún síntoma de la emergencia feminista.
Muy a menudo hemos de lidiar con unos modelos de educación, atención y salud que alimentan los estereotipos vigentes. Es el imperio de la imposición del binomio mujer-hombre que perpetúa el dominio de los hombres sobre las mujeres, sustentado por el sistema moral e institucional patriarcal.
Aunque una parte de las políticas públicas ha reconocido la lucha feminista y las entidades por el derecho de las mujeres, no hemos conseguido la valoración suficiente y práctica, esencial, ni el nivel de recursos que necesita el sector que soporta esta parte de trabajo social a la que no llega la administración. La concreción de las administraciones valora y formaliza los recursos públicos a los que accedemos de un modo que nos mantiene como un sector, insisto, de trabajo altamente precario e incierto.
Cada año nuestro trabajo en los diferentes proyectos depende de las convocatorias que realizan las distintas administraciones. Ya hace años que estamos en crisis, entre otras razones porque las subvenciones o contratos o convenios no financian la estructura operativa mínima necesaria para llevar a cabo los proyectos. A pesar de ser programas altamente probados y necesarios, año tras año se ponen en cuestión, mientras consumen una gran cantidad de tiempo y esfuerzos en gestión administrativa en detrimento del trabajo de campo para llevarlos a cabo. y a buen fin.
La administración pone más el acento en el aspecto justificativo contable del gasto económico, con muchos requerimientos durante todo el año, que obligan a una gran cantidad de horas de trabajo empleadas por las entidades y por la propia administración, que en el núcleo esencial del contenido, calidad y utilidad del desarrollo del proyecto.
Los grandes recursos administrativos que se emplean para hacer estas convocatorias, y todo el enrevesado proceso, podrían convertirse en herramientas de acompañamiento a las entidades y hacer más fácil y eficaz nuestro trabajo.
Una pequeña idea: estos recursos se podrían dedicar a cobrar las subvenciones puntualmente. La gran mayoría llegan el cuarto trimestre del año, y eso dificulta la situación; iría de perlas conocer con más celeridad su resolución y que las subvenciones cubrieran periodos más largos para poder planificar las finanzas. Hay muchas entidades que tienen que pedir créditos a los bancos para esperar el cobro de las subvenciones, pero no pueden incluir los intereses en ellas.
Con la pandemia del coronavirus, todas estas carencias que hace tiempo estábamos denunciando y reclamado su resolución se han agudizado. Las entidades pequeñas que vivimos al día, sumergidas en esta precariedad estructural, sabemos que sin una reacción urgente de políticas públicas no podremos resistir la falta de financiación.
Gabinetes de crisis y coordinación de los recursos y servicios a las mujeres con las entidades feministas
Se necesita saber cómo irán las subvenciones y/o los contratos de este año. Estamos lejos de obtener una rápida respuesta sobre cómo se presenta el futuro. Todo son incertidumbres.
Para las mujeres que sufren violencia machista han habilitado respuestas telefónicas; una buena medida, pero no se ve por ninguna parte las soluciones efectivas. Los diferentes departamentos de la Generalitat o de los ayuntamientos se van traspasando las responsabilidades. Las entidades feministas implicadas hemos reclamado desde el primer día un gabinete de crisis con todas ellas, una coordinación que incluya compromiso y corresponsabilidad en la toma de decisiones, donde por supuesto también podamos participar las que estamos en primera línea con las mujeres y criaturas que sufren violencia de género.
Necesitamos coordinación efectiva y responsabilidad conjunta.
Todas las voces que nos llegan de las administraciones nos dicen que irán con tanta agilidad y fuerza como puedan, pero que debido al teletrabajo o a la falta de infraestructuras, lo más seguro es que todos estos procesos burocráticos dependan aún más de nosotras.
Las administraciones indican a las entidades que no saben de dónde sacar y aumentar los recursos en este momento de emergencia. Mientras tanto, cada día que pasa empeora la situación, y aunque algunas medidas informativas han mejorado, las soluciones no llegan mucho más allá de las buenas intenciones.
Varios manifiestos reclaman una reacción en consonancia con la situación extraordinaria que vivimos.
El contenido de esta voz de las entidades comprometidas plantea que la necesidad de que, en vez de detenerse o aplazarse, se agilicen y superen los obstáculos burocráticos para la resolución y el pago de las subvenciones, así como las contrataciones de todas las administraciones públicas.
Es imprescindible que se haga un ajuste y se facilite la flexibilidad en los proyectos en función de las necesidades, las metodologías y los gastos estructurales de cada entidad, dada la situación de confinamiento y de crisis económica sin precedentes. La necesidad de ayudas directas produce un ruido ensordecedor, falta un plan de contingencia para que todas las entidades feministas puedan continuar su labor de atención, de prevención, sensibilización e investigación.
Esta crisis nos está dando la razón tras muchos años de lucha abnegada y movilización en la calle por el reconocimiento del trabajo de cuidados y el sostenimiento de la vida. Hemos de acabar, sin hipocresías falaces, con las violencias machistas, la violencia sexual, las discriminaciones en el mundo del trabajo y la precariedad.
Ahora que se ha parado el mundo, las mujeres estamos en la primera línea en un abrumador 80 % realizando las tareas de cuidados en la salud. Lo confirma que haya más mujeres infectadas del coronavirus; no por ser mujeres, sino por ser mayoría en las profesiones -ahora de riesgo- feminizadas. Hay mayoría de mujeres en la sanidad, en el hogar, en el trabajo social, la limpieza, en los grupos de personas voluntarias.
En enfermería, 85% mujeres; farmacia, 70% mujeres; limpieza, 90% mujeres. Las médicas son mayoría, y las cajeras de supermercado son el 80%. En todos estos ámbitos hay que tomar medidas urgentes, teniendo en cuenta que de nuevo se ha comprobado el impacto de género en esta pandemia. Hay que segregar por sexos todos los datos y actuar en consecuencia.
En los manifiestos se expone la necesidad de que no se retrase más el plan de medidas urgentes respecto del paro, sobre el aumento de la pobreza del más del 50 % del trabajo precario o de economía de supervivencia, que queda fuera de todas las coberturas oficiales. Urge hacer efectiva, sin trámites burocráticos dilatorios, una renta universal de cuarentena, o mínimo vital, compatible con cualquier otra renta que pueda llegar a todas las personas en situación crítica.
En el confinamiento, apremia la regulación automática de todas las personas extranjeras para poder acceder a las prestaciones y alcanzar todos los derechos de ciudadanía. Tengamos en cuenta que hay municipios que incluso niegan el empadronamiento a las mujeres, así que ni siquiera existen para la tranquilidad de las estadísticas, el reparto de recursos y la hipocresía moral de responsables económicos y dirigentes públicos.
En general y en particular, urge agilizar y mantener la intervención integral en los casos de mujeres en situación de violencias machistas, la vivienda social inmediata y mantener los recursos previstos por el Pacto de Estado.
La normalidad del valor del factor privado prioritario respecto a los servicios públicos vitales ha permitido el actual desbarajuste
La pandemia ha puesto en evidencia la debilidad del sistema económico capitalista y patriarcal. Muchas personas piensan en la vuelta a la normalidad, pero también empiezan a ver que esta «normalidad» previa al coronavirus es la que ha causado este caos.
La normalidad que aceptaba los grandes recortes sociales en sanidad y enseñanza; la razón económica que aceptaba e instalaba el trabajo precario para una gran mayoría de la población; la aceptación de la desigualdad que hacía más grande la brecha salarial entre hombres y mujeres; las concepciones e intereses privados que no tienen en cuenta la sostenibilidad del planeta. Esta normalidad es la que ha encontrado abonado el terreno para extender el coronavirus. La normalidad inepta que no dispone de suficientes recursos para el cuidado de la gente en todo el planeta. No queremos volver a esta normalidad tan anormal y perniciosa.
La crisis de la burbuja inmobiliaria en 2008 ya puso en evidencia que se trataba de una crisis sistémica, pero todavía los poderosos pudieron engañar a la gente y salvaron a los bancos, que deben 65.725 millones de euros públicos.
Durante todo este tiempo ha habido una parte de la sociedad que sí ha reaccionado; por ello se han reforzado los movimientos sociales, y al menos las mujeres de todo el mundo han empezado a rebelarse y a lanzarse a la lucha por sus derechos.
El coronavirus se convierte en una crisis más catastrófica del sistema.
El movimiento feminista, con el impulso de valores universales, de los derechos equitativos y de las minorías, con su lucha contra todo privilegio, tiene mucho que aportar en la configuración de un nuevo mundo sin explotación, dominación y sin violencia de género.
Tenemos una oportunidad para el cambio
Desde el mismo día del confinamiento comienza una batalla entre los dueños de la economía del mercado privado, del capital, entre los líderes del mundo, que buscan cómo aprovechar esta crisis para fortalecer sus negocios sosteniendo el sistema al precio que sea, y los 7.500 millones de la población, la gente sencilla y trabajadora, a ras de suelo, que busca cómo hacer un mundo donde la violencia contra las mujeres sea impensable. Un mundo donde el sector de la salud y los recursos públicos tengan prevalencia respecto a los privados y en donde los derechos universales sean efectivos. Una sociedad donde se trabaje por un planeta sostenible, en la que el cuidado por la vida tenga más importancia que las ganancias de unos pocos poderosos que explotan al resto sin miramientos.
Está en nuestras manos, juntas podemos caminar con determinación hacia esta construcción de un mundo que ponga en valor el cuidado de las personas, lo transforme y termine con el patriarcado de hace cuatro millones y medio de años.
Montserrat Vila Planas presidenta de la Plataforma unitària contra les violències de gènere de Catalunya.