La certeza de que el Tribunal Supremo condenará a los líderes sociales y políticos catalanes procesados ​​por haber promovido el referéndum del 1 de octubre nos obliga, como personas afiliadas y como demócratas, a tomar una posición clara.

La sentencia será una condena no sólo del derecho a luchar por la autodeterminación, sino también del ejercicio de la desobediencia masiva ante decisiones injustas y del derecho a la disidencia política, cuando afecta pilares fundamentales del Estado surgido de la Transición.

Cabe recordar que los primeros encarcelados por las movilizaciones de septiembre y octubre de 2017 fueron Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en su calidad de presidentes de las dos principales entidades cívicas de Cataluña, Òmnium y la ANC. Lo fueron el 16 de octubre, once días antes de la declaración de independencia en el Parlamento. Su condena, por tanto, lo será por haber ejercido derechos fundamentales, entre otros el de manifestación (el 20 de septiembre y otros), el de expresión (por ser partidarios del derecho a decidir del pueblo de Cataluña) y el de voto (por haber impulsado el referéndum).

A pesar de que la cúpula del aparato judicial del Reino de España tenga una agenda política y social propia, es obvio que la sentencia será la expresión de la actitud del conjunto del Estado y de sus poderes reales: desde la corona hasta el Ibex 35, pasando por los partidos que sostienen el régimen del 78 (fruto de una transición en la que las fuerzas populares no conseguimos una auténtica ruptura democrática con el franquismo).

El movimiento sindical debe considerar la sentencia como un paso más, especialmente grave, en el curso de involución antidemocrática del Estado, que no sólo afecta a Cataluña (jóvenes de Altsasu, raperos, titiriteros, activistas por el laicismo…).

Esta posición clara, para que sea coherente, debe corresponderse con la actitud decidida de impulsar las movilizaciones necesarias para denunciar la sentencia, en unidad con el máximo número posible de fuerzas sindicales, sociales y políticas.

Además de basarnos en criterios democráticos elementales, el movimiento sindical tenemos un particular interés en defender las libertades y en combatir la criminalización de la protesta y la disidencia. La protesta, la disidencia y el ejercicio de los derechos derivados de las libertades democráticas han sido, son y serán un componente esencial de la actividad sindical. El movimiento obrero siempre hemos estado a la vanguardia de la lucha por las libertades, y tenemos que ser también protagonistas de la lucha contra su recorte.

A falta de la única sentencia justa, que sería la absolución de todas y todos los procesados, llamamos a todo el movimiento sindical a comprometerse en la defensa de la libertad, de la amnistía para los y las condenadas y de la autodeterminación de Cataluña, como vía democrática para decidir el futuro de nuestro país.
 

Cataluña, septiembre-2019