En la pasada semana, la más “orgullosa” de todas, mataron a Samuel de 24 años. Fue en A Coruña el sábado, a las 3 de mañana, en las inmediaciones de una discoteca. Su círculo cercano no lo duda: se trató de un asesinato homófobo, precisamente en los días en los que la ley “Trans” llegó al Congreso para su tramitación. Cincuenta concentraciones se van a realizar solo en Galicia exigiendo #JusticiaParaSamuel, pero también las habrá en otras ciudades como Madrid, Granada o Barcelona. Más medidas para la igualdad real y contra el odio, y más movilización para conseguirlas resultan imprescindibles.

Una movilización de mucho tiempo (más de 3 años), incluida una marcha a Madrid, es la que ha permitido que se alcance un reciente pacto sobre pensiones firmado entre gobierno, patronal, CCOO y UGT, y que deja sin efecto la reforma de Rajoy de 2013. A partir de ahora y por 5 años, la subida de la pensión se liga al IPC y si hay inflación negativa, no se bajará. Se equiparan las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de los matrimonios, los autónomos pagarán sobre ingresos reales y los becarios al fin también cotizarán. El Estado se hará cargo de un buen número de gastos que iban a la caja de la Seguridad Social (SS) pero que le eran impropios. Nada menos que 18 mil millones. Y hasta aquí lo positivo. A pesar de la trompetería con la que se quiere adornar este acuerdo, la parte mollar de las pensiones continúa sin resolverse y lo que se entrevé no pinta demasiado bien. El pacto suscrito reafirma la apuesta de 2011 por alargar la edad de jubilación a los 67 años, aumenta el castigo sobre las jubilaciones anticipadas, calla sobre cuándo y cómo recuperar el poder adquisitivo perdido por las y los pensionistas, nada menciona sobre incrementar hasta el Salario Mínimo Interprofesional las pensiones mínimas, ni sobre la brecha de género que sufren las de las mujeres. Menos todavía se habla de la precariedad profundizada por la reforma laboral aún vigente que lastra ingresos y futuras pensiones, y tampoco cierra la puerta a los planes privados de pensiones. Por último, no garantiza una financiación suficiente y no queda claro si la llamada “solidaridad intergeneracional”, aún por negociar, no esconde de verdad otra rebaja a las pensiones.

Los avances de hoy son mínimos y precarios a la vez que quedan muy lejos de lo exigible o lo que decía el programa electoral pactado por el gobierno de PSOE e Unidas Podemos. Lo vimos en el escudo social y ahora lo vemos con las pensiones, mientras siguen pendientes las leyes mordaza, la reforma laboral, el Salario Mínimo Interprofesional o la reforma fiscal.

Y como no hay semana sin jueces, esta tampoco iba a ser diferente. Isa Serra, portavoz de Podemos, ha sido condenada a 19 meses por el Supremo. Su delito: oponerse al desahucio de una persona discapacitada en el centro de Madrid. Por su parte, Vox ha visto como su cartel racista de la última campaña electoral ya no lo es. Según los jueces los menores extranjeros “representan un evidente problema” y ello lo explicaría todo. Finalmente, Miguel Urban, eurodiputado y conocido dirigente de Anticapitalistas, ha visto como su casa era asaltada hace unas semanas, aunque se ha sabido ahora.

Efectivamente, tenemos un “problema evidente”, pero no son los menores extranjeros, sino el que representan las instituciones del régimen del 78 y quienes en ellas ejercen de jueces, policías, militares o alto staff. Gente con intereses incompatibles con los de la mayoría y muchas veces, simplemente, con la democracia.

Un abrazo a la familia de Samuel, apoyo a Isa y Miguel y nuestra solidaridad con Juani Ruiz Sánchez que sigue injustamente encarcelada en Israel por defender a Palestina.