La tercera remodelación en un año del Gobierno de Coalición Progresista (GCP) presidido por Pedro Sánchez, a poco más de un año y medio de su constitución en enero de 2020, es la expresión de su rápido desgaste en las circunstancias extraordinarias de la gestión de la crisis del covid-19, pero al mismo tiempo de la inestabilidad estructural del régimen del 78.
La primera remodelación, que tuvo lugar en enero de 2021, respondió a la búsqueda de un candidato socialista en las elecciones autonómicas catalanas que sustituyera al hasta entonces secretario general del PSC, Miquel Iceta. Salvador Illa contaba con la exposición mediática cotidiana como ministro de sanidad y la propuesta de abrir una mesa de diálogo con las fuerzas independentistas. Fue la fuerza más votada, si bien el bloque independentista mejoró sus resultados y dio una ligera ventaja a ERC, en el pico más alto de la tercera ola de coronavirus. La remodelación supuso el desplazamiento al ministerio de Sanidad de Carolina Darias y la entrada en el gobierno, como ministro de Política territorial, de Miquel Iceta.
La segunda remodelación fue la respuesta inevitable a la salida unilateral del gobierno del dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para encabezar las listas de su organización en las elecciones autonómicas madrileñas frente al principal baluarte y foco de oposición institucional de las tres derechas, el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Las izquierdas en su conjunto sufrieron una grave derrota, superando Más Madrid, la organización de Iñigo Errejón, al PSOE. Unidas Podemos conservó su grupo en la Asamblea de Madrid pero poco más. Pablo Iglesias abandonó la política, tras dejar como candidata in pectore de Unidas Podemos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nueva vicepresidenta tercera del gobierno, y a Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos.
Esta tercera remodelación, que ha afectado a siete de los quince ministerios socialistas del GCP, implica una auténtica crisis de gobierno. Pedro Sánchez intenta con ella soltar lastre de una erosión de legitimidad acumulada durante la larga primavera de 2021, que ha situado en las encuestas al Partido Popular de Pablo Casado por encima del PSOE y que, en alianza con la extrema derecha de Vox rozaría una mayoría absoluta de haber elecciones. Pero estas están lejos, en el horizonte de 2023, a pesar de que a la debilidad del PSOE se suma la de su socio de gobierno, Unidas Podemos, que más vale no tocar hasta que se reinvente sin Pablo Iglesias. Lo que sostiene al GCP son las mismas fuerzas coaligadas de la moción de censura de 2018, hoy con más razones si cabe para frenar a unas derechas radicalizadas, y que cuentan con participar en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción post-covid-19, mientras siguen gestionando la crisis interminable y estructural del régimen del 78 en un marco de creciente desmovilización de las izquierdas y radicalización de las derechas.
Una cadena de errores políticos
De hecho, el catalizador de la crisis ha sido una cadena de maniobras políticas orquestadas desde la propia presidencia del GCP, en especial por su jefe de gabinete Iván Redondo, para quebrar en una operación meramente institucional el bloque de las tres derechas en el gobierno autonómico de Murcia. La moción de censura que debía desbancar al presidente autonómico del PP con la ayuda de tránsfugas de Ciudadanos -que en ese momento intentaba en su agonía un nuevo giro de aproximación al PSOE, con la escusa de contrapesar la presión de ERC sobre el gobierno central-, fracasó. Lo mismo ocurrió, a otra escala en Castilla-León.
Pero su consecuencia más grave es que abrió el espacio político en mitad de la pandemia del covid-19 para que el Partido Popular convocase unas elecciones anticipadas en la autonomía de Madrid a mitad de mandato, en el terreno electoral que le era más propicio, para confrontar un modelo alternativo de gestión de la pandemia, de bloque de alianzas y de gobernabilidad con proyección estatal. Lo que Pablo Casado era incapaz de hacer con resultados visibles en el Congreso de los Diputados iba a hacerlo Isabel Díaz Ayuso con urnas en Madrid. La derrota de las izquierdas -con la única excepción de consolación de Más Madrid- el 4 de mayo fue aplastante, haciendo patente la desmovilización de las izquierdas y reduciendo el margen de iniciativa política del GCP.
A ello hay que añadir la crisis en las relaciones con Marruecos, que comenzó con un pulso sobre el tratamiento en Logroño, a petición argelina, del secretario general del FPolisario Ibrahim Ghali, gravemente enfermo de covid-19, y acabó con una crisis migratoria provocada por el gobierno marroquí en Ceuta la tercera semana de mayo, que no fue a más por el apoyo de la UE, en el mismo momento en el que el gobierno negociaba la situación de Gibraltar tras el Brexit. Más allá de sus consecuencias externas, la crisis migratoria de Ceuta volvió a agitar a una oficialidad militar que sigue confundiendo sus melancólicas querencias coloniales con su mandato constitucional de defensa del reino, que consideraba amenazado por la concesión anunciada de indultos a los dirigentes independentistas catalanes encarcelados. Las declaraciones de aquellos días de la ministra de Defensa acabaron de achicharrar políticamente a la ministra de Exteriores.
Las derechas aprietan, pero no ahogan
Tras su victoria electoral en Madrid, el PP intento trasladar la correlación de fuerzas autonómica a nivel estatal en el terreno que considera, de nuevo, más favorable: los indultos a los dirigentes independentistas catalanes, condición del diálogo entre GCP y la Generalitat y del continuado apoyo de ERC -y de soberanistas catalanes, vascos y gallegos por extensión- al bloque de la mayoría parlamentaria que sostiene al GCP. Crear un clima político que hiciera imposible los indultos equivalía a romper la mayoría parlamentaria y forzar una moción de censura o la convocatoria de elecciones anticipadas.
El prolegómeno de esta estrategia era la manifestación de las tres derechas, el llamado no sin ironía “bloque constitucionalista”, el 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid, con el precedente de la habida contra el independentismo catalán el 10 de febrero de 2019, a mes y medio de constituirse el GCP con el apoyo de la nueva mayoría parlamentaria. Pero la manifestación de 2021 tuvo menos de la mitad de asistentes que la de 2019, a pesar de la victoria electoral del 4 de mayo en Madrid del PP. Y la campaña de recogida de firmas contra los indultos fue un fracaso aun mayor. Pablo Casado había pinchado en hueso. Era evidente que, a pesar de la tibia argumentación del GCP a favor de los indultos, la mayoría de la población del reino, incluido en Madrid, quería pasar de página y dar una oportunidad al diálogo con los independentistas catalanes y la continuidad del GCP, dijeran lo que dijeran las encuestas.
La nueva situación sacó a la palestra las propias debilidades de Casado como alternativa a Pedro Sánchez. Su dependencia y a la vez tensiones con la extrema derecha de Vox volvieron a surgir con la exigencia de esta de que el PP presente una moción de censura condenada al fracaso, para hacer bueno el ridículo de Abascal en octubre de 2020, tras la abstención del PP. Casado prefirió la antigua estrategia aznarista de escorar el funcionamiento del régimen del 78 a través de la mayoría reaccionaria en los órganos caducados en su mandato del gobierno del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, de la Audiencia Nacional y de los tribunales en general.
Pero su legitimidad no solo está cuestionada por el bloqueo de la renovación de estos órganos, contraviniendo el PP el mandato constitucional, sino también por la previsible opinión contraria de los órganos judiciales de apelación europeos a sus sentencias en relación a las condenas a los independentistas catalanes y el continuo goteo de revelaciones sobre la corrupción y el nepotismo del “estado profundo” y las cloacas del estado del “caso Villarejo”, que ya ha implicado a un numero sustancial de la derecha social dorada del Ibex 35 en los juegos de espionaje del capitalismo de amiguetes del régimen del 78.
La propia división de las tres derechas, pero especialmente la del propio PP que enfrenta a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso, da un margen de maniobra extra a Pedro Sánchez. Por si hubiera alguna duda, recibió a Ayuso en la Moncloa poco antes de la crisis de gobierno y esta no pudo evitar la tentación de presentarse como la auténtica alternativa cañí, no ya autonómica, sino estatal, del bloque de derechas.
En definitiva, la cuerda de la que pende el GCP no es tanto la de la polarización nacionalista como la de los prometidos fondos europeos para la reconstrucción post-covid-19 que sostiene la Comisión europea. El 2 de mayo, la ministra Calviño presentó en Bruselas el plan del GCP para la utilización de 65.000 millones de euros en transferencias acordadas y el plan fue aprobado el 16 de junio. Sobre la base del reparto de la gestión de estos fondos hasta 2023, centralizada en la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez ha podido desarticular el frente de la derecha social, hasta el punto que la patronal y la Iglesia Católica han apoyado los indultos, y aislarlo temporalmente de una derecha política cada vez más radicalizada y mediatizada por Vox.
Una remodelación en clave PSOE
La remodelación del GCP ha afectado exclusivamente al PSOE. Unidas Podemos está cogida con alfileres, mientras cae en las encuestas en expectativa de voto y se remodela y establecen nuevos equilibrios de fuerzas en un espacio político fragmentado tras el batacazo de Pablo Iglesias y su abandono de la política y el éxito de Errejón con Más Madrid en las elecciones autonómicas del 4 de mayo.
Lejos de haber sido la oportunidad para redefinir el papel político de Unidas Podemos y reconstruir su base social en la reconstrucción de la movilización social para ampliar su margen de disputa al interior del GCP, el abandono político de Pablo Iglesias es el símbolo del fin del ciclo político iniciado con el movimiento de los indignados del 15-M y la subordinación a la hegemonía del PSOE de Pedro Sánchez. La pretendida justificación “euro-comunista” de la tensión fuera y dentro del gobierno ha dado paso a la resignación de adaptarse a un centro-izquierda que cuestiona incluso la radicalidad alternativa del 15-M al régimen del 78, al que ahora se pretende defender frente a la derecha extrema radicalizada.
La consecuencia inevitable, agravada por las crisis acumuladas del covid-19, ha sido una importante desmovilización de las izquierdas, refugiadas en la institucionalidad y desde la que miran con resignación la agitación social de las derechas, con la excepción matizada de Cataluña y el País Vasco. El balance de la “disputa” en el gobierno no puede ser más magro en el terreno del control de alquileres, el desmontaje de la reforma laboral del PP, las subidas del salario mínimo, la aplicación del ingreso mínimo vital o el mantenimiento de la ley mordaza. Se puede matizar en la reforma de las pensiones o enarbolar el reconocimiento de los derechos de las personas trans-sexuales. Queda lejos incluso de los Acuerdos de Gobierno PSOE-UP de 31 de diciembre de 2019.
Pero la prioridad de Pedro Sánchez, en la perspectiva de la mitad de una legislatura que se lo juega todo a la reconstrucción para salir de la crisis del covid-19 gracias a los fondos europeos y la gestión de una deuda pública que ya alcanza el 120% del PIB, no es asegurar la sostenibilidad electoral del socio menor del GCP, sino la del propio PSOE. Más después del desastre de Madrid y la evolución de las encuestas a pesar de la debilidad de Pablo Casado como alternativa.
Y en este sentido, el giro que marca la tercera remodelación de gobierno, es significativo. La división del PSOE en octubre de 2016 sobre el mantenimiento o abandono del bipartidismo como mecanismo de gestión único del régimen del 78 -que acabó con el cese del propio Pedro Sánchez como secretario general por un confuso Comité Federal que optó por permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente de gobierno con su abstención-, se ha acabado enquistando. El “sanchismo”, aupado en el apoyo de las bases del PSOE en las primarias de mayo de 2017 frente a dos candidatos del aparato institucional “filipista” como Susana Díaz – que acaba de ser defenestrada definitivamente en las primarias del PSOE andaluz- y Patxi López, fue incapaz de reunificar al partido en el Congreso de 2017. Por encima de él, Pedro Sánchez desarrolló un aparato propio que impuso la renovación del grupo parlamentario, marginó al Comité federal y asentó su estrategia política en el equipo que conformó en la Moncloa alrededor de Iván Redondo, antiguo consultor político de varios cargos del PP.
En el nuevo consejo de ministro surgido de esta crisis de gobierno se conservan claramente tres elementos esenciales: el equipo económico de Nadia Calviño, hilo de conexión directo con la Comisión europea para la gestión de los Fondos de reconstrucción; el mantenimiento de la coalición con Unidas Podemos, que asegura en buena medida la estabilidad del bloque parlamentario mayoritario y facilita la gestión con las izquierdas soberanistas, los sindicatos; y la reestructuración de su propio aparato político, traspasada su gestión ahora a Félix Bolaños, nuevo ministro de Presidencia y con el control directo de los “ministerios de estado” con José Manuel Albares, en Exteriores y la continuación de Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en Interior y Defensa.
Pero hay una nueva presencia orgánica del PSOE, en sus diferentes fracciones y territorios, en el nuevo gobierno, tras el cese de una buena parte de los apoyos del “sanchismo”, como la Vicepresidenta primera Carmen Calvo y el ya exsecretario de organización y ministro de transportes José Luis Ábalos. Con la recuperación de Oscar López, antiguo secretario de Castilla y León, aparcado en los Paradores de Turismo, como jefe de gabinete. La entrada de la presidenta del senado, Pilar Llop, en Justicia y de tres representantes de la nueva generación del aparato municipal del PSOE como Raquel Sánchez en Transportes, Diana Morant en Ciencia y la nueva portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Así como Pilar Alegría, que apoyó en su día a Susana Díaz y actual delegada del gobierno en Aragón, que será la nueva ministra de Educación.
Junto con el mantenimiento del hilo con el PSC que representan Iceta en el gobierno e Illa en Barcelona, cara a la negociación esencial con ERC y el diálogo con la Generalitat de mayoría independentista, la elección de los nuevos ministros y ministras es un intento claro de reconstruir una nueva relación orgánica con el conjunto del PSOE, que debe articularse en el previsto congreso del partido del 15 al 17 de octubre.
Operar en los márgenes del Consenso de Bruselas
Si los elementos organizativos de este proyecto de hegemonía del “sanchismo” parecen perfilarse, menos obvia es la aplicación del Plan de Reconstrucción que debe gestionar. Y ello a pesar de la absoluta credulidad sobre la llegada de los 65.000 millones de euros de las ayudas europeas, su efecto balsámico transversal y su capacidad transformadora de un modelo económico y social agotado tras dos crisis tan devastadoras como la Gran Recesión de 2007-2010 y la crisis del covid-19, que ha desplomado el PIB en un año más de un 10%.
A pesar de que el proceso de ratificación parlamentaria en los estados miembros de la UE ya se ha cerrado, está un pendiente un dictamen del Tribunal Constitucional alemán sobre el alcance del Plan de Reconstrucción europeo y los propios ritmos de ejecución del mismo, con la emisión de bonos europeos y la recaudación y reparto de los fondos. Si, se ha aprobado el Plan español. Pero los 23.000 millones previstos inicialmente para 2021, se han quedado ya en la narrativa oficial en 9.000 y está por ver que puedan ser ejecutados este año fiscal. Mientras tanto, la incertidumbre se aplaca con la emisión de deuda pública y la compra de los bonos por el Banco Central Europeo, hasta alcanzar ya el 120% del PIB y seguirá creciendo.
La credulidad parece que orientará las negociaciones para el presupuesto de 2022, el momento del “gran reparto”, que sería el verdadero eje de inflexión de la legislatura y el legado del GCP y de la mayoría parlamentaria que lo apoya. Después se entrará inevitablemente en periodo pre-electoral, con la advertencia generalizada de las instituciones financieras de que habrá llegado el momento de volver a un ajuste fiscal que equilibre inflación, deuda y presupuestos tras dos años previstos de relanzamiento económico (en el caso del Reino de España, del 5,9% y el 6,8% del PIB en 2021 y 2022).
Pero a pesar de que esta narrativa ocupa todo el espacio mediático y ha expulsado de él como excéntrico y marginal la construcción de una alternativa endógena al régimen del 78, la crisis de este sigue transpirando en una sociedad empobrecida, precarizada y agotada física y emocionalmente. Se le promete el maná y no se espera de ella otra cosa que extender las manos para recoger el reparto de las élites, en este caso “progresistas”.
Más allá de la desesperación que recogen los índices crecientes de pobreza, de paro – especialmente juvenil-, y de erosión de los servicios sociales, la credulidad colectiva durará lo que dure el maná (que tenia el sabor y la apariencia de lo que uno más deseaba…) en esta travesía del desierto que llamamos para mayor ironía “transición justa”. Cuando se desvanezca estaremos en el mismo pantano de la crisis del régimen del 78 y con una urgencia acumulada de construir una alternativa republicana y socialista.
Gustavo Buster Es coeditor de Sin Permiso.