Esta semana el gobierno de Sánchez debe someter su propuesta de presupuestos para 2019 al ojo inquisitorial de la burocracia austericida que dirige desde Bruselas los destinos de la Unión Europea. A día de hoy, un elemento de roce con la ortodoxia neoliberal destaca sobre los demás: las pensiones y más concretamente, la reversión de la doctrina Rajoy que ha quebrado la vinculación de la subida de las mismas al IPC y ha representado una importante pérdida de poder adquisitivo para millones de pensionistas.

Las amplias, persistentes y masivas movilizaciones de estos últimos obligaron al gobierno Sánchez a rectificar la lógica en los presupuestos vigentes (2018) y a que la Comisión del del Pacto de Toledo acordase recomendar (por unanimidad) que de nuevo los incrementos de las pensiones se ligaran al IPC.  En ese momento se abrió la caja de los truenos y desde entonces los poderes fácticos por medio de sus voceros no han dejado de asegurar que, debido a esa vinculación, peligra todo el sistema.

El FMI carga contra la medida y defiende la línea de Rajoy, lo mismo que hacen los gerifaltes bruselenses. Tratan de aterrorizar y afirman que no es posible y que solo existe un camino, el del recorte. ¿Las razones? Por supuesto de dinero, pero no porque no lo haya, sino porque lo quieren los bancos y los amos de la deuda. Las pensiones representan, como las hipotecas, un negocio gigantesco y aunque para la sociedad sean un derecho que el Estado debe garantizar, para los señores del dinero no significan otra cosa que una cantidad de capital ingente que desean someter a su lógica de casino.

Ése es el fondo de la pelea: despojarnos de un derecho para hacer negocio. Lo que ahoga las cuentas del Estado no son los 3 o 5 euros que por persona y como media representaría el aumento, sino la sed de beneficio del núcleo reducido de familias que controla las finanzas y que pretende seguir manteniendo al reino y a Europa entera en un puño. Subir las pensiones en España al ritmo del IPC supone un crecimiento del gasto de 3 puntos del PIB en 30 años, pasando del 11% actual al 14%. Un porcentaje que ya alcanzan Francia (con un déficit 3 veces menor), Italia o Portugal.

Reducir el déficit e incrementar rápidamente el fondo que se destina a pensiones podría efectuarse con simples medidas tales como destopar las cotizaciones para salarios de más de 3.500€, elevar el Salario Mínimo Interprofesional (1000€) o eliminar las bonificaciones en la cuota patronal las cuales, como se ha demostrado, resultan ineficientes y caras. Solo esta última medida incrementaría la recaudación equivalente al 1% del PIB.

La dudas del gobierno de Sánchez ante las presiones de los agentes de la banca y los fondos nos ratifican nuevamente en la necesidad de continuar profundizando y ampliado la movilización. Al final, será la calle, donde se arrancan y se defienden los derechos, la que diga la última palabra.