El pasado sábado 10 de noviembre, a los jueces de una justicia sorda les pitaron los oídos. En hasta 80 ciudades del Reino de España, la gente salió a la calle indignada por la sentencia que el pleno del Tribunal Supremo había dictado pocas fechas antes y que revocaba el fallo por el que se obligaba a la banca a abonar el impuesto de actos jurídicos documentados que se paga cuando se firma un préstamo hipotecario. El escándalo provocado por la nueva decisión a favor del capital financiero ha resultado mayúsculo. De hecho, el gobierno de Sánchez ha aprobado un decreto ley que, aunque insuficiente, rectifica a los jueces y su última sentencia, e impone a los bancos liquidar dicho impuesto a partir de enero de 2019.

La justicia española, que, no lo olvidemos, se imparte en nombre del rey, suma a su sordera una gran ceguera y un claro empecinamiento por violentar derechos fundamentales. Una vez más, un Tribunal Europeo, en esta ocasión el de Derechos Humanos, ha corregido a los jueces de la Audiencia Nacional a cuenta del caso Bateragune y la condena a Arnaldo Otegui. Antes fue Puigdemont y la ristra de ex ministros catalanes que se encuentran en el exilio por defender el derecho a decidir por el que fueron votados. La reciente sentencia de Otegui señala que el político vasco no vio respetado un derecho tan fundamental como el de un juicio justo.

El régimen del 78 surgió de un pacto por el cual las libertades que se arrancaron y lograron quedaban sometidas a la estructura administrativa, político-jurídica y militar de un franquismo remozado con los borbones a la cabeza. La crisis económica de 2008 puso sobre la mesa hasta qué punto ese régimen y su entramado eran tan útiles para los poderosos como incapaces a la hora garantizar la salud, el empleo o la facultad de decidir de la mayoría de la población. Las pruebas de cargo de ese hecho se han multiplicado en forma de empobrecimiento general, recortes, vaciado de las arcas públicas para rescatar a la banca, corrupción en los negocios y en el Estado, desahucios a familias, sentencias judiciales contra las mujeres (la Manada) o juicios y cárcel contra miembros del gobierno de Catalunya, sindicalistas y raperos.

Los órganos encargados de impartir la justicia bajo la constitución del 78 y sus normas son parte determinante de la vuelta de tuerca represiva que vivimos. Hoy la justicia está sorda y ciega ante el pueblo y ante la necesidad de proteger sus derechos, pero muy abierta de oídos y ojos a las demandas de los poderosos, perfectamente encuadrada en ese régimen monárquico incapaz y corrupto. El nombramiento, por acuerdo común del PP y del PSOE, del juez Manuel Marchena, hombre claramente del PP y líder del proceso contra los presos políticos catalanes, como jefe del Consejo General del Poder Judicial constituye un paso más para reforzar la ceguera y la sordera mencionadas.

La mayoría parlamentaria que permitió desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa responde a criterios que actúan dentro del régimen del 78, pero que apuntan más allá. De hecho, los problemas para reeditar tal mayoría en la aprobación de los presupuestos de 2019 o la incapacidad para regenerar un poder judicial que apesta a naftalina clerical, machista y franquista tienen su raíz en los límites que este régimen impone sobre la libertad y los derechos de todas y todos. Quebrar tales límites exige caminar hacia valores republicanos. Sin ellos, no habrá posibilidad de que llegue el aire fresco de la libertad.

Las iniciativas de referéndums a favor de la república en los barrios y universidades de Madrid, o las que se prevén en ciudades vascas para el próximo día 6 de diciembre, día de la Constitución, constituyen ese germen de aire fresco que, sumando a otros ya existentes, como Catalunya, contribuyen decididamente al esfuerzo por romper los márgenes que actualmente niegan la igualdad de toda la ciudadanía y asfixian la libertad.