A principios de los años 70 el franquismo daba señales de agotamiento y el intento de condenar a muerte a unos militantes vascos fue contestado con huelgas y manifestaciones nunca vistas durante la dictadura. La respuesta al proceso de Burgos aisló al régimen y aceleró su crisis. El indigno juicio contra los dirigentes políticos y sociales del procés catalán es también una expresión de la crisis del régimen monárquico incapaz de dar una respuesta democrática a la demanda del pueblo catalán de ejercer su derecho a decidir.
Muchos años después, Mario Onaindia recordaría en una entrevista que vivió el juicio “convencido de que nos iban a matar”. No fue así. La dictadura franquista no se atrevió. En diciembre de 1970, organizó un Consejo de Guerra sumarísimo contra dieciséis miembros de ETA, a los que quiso condenar a más de 752 años de cárcel y 6 condenas de muerte. Fueron: Eduardo Uriarte, Jokin Gorostidi, Xabier Izko de la Iglesia, Mario Onaindia, Xabier Larena, Unai Dorronsoro, Bittor Arana, Josu Abrisketa, Ione Dorronsoro, Enrique Gesalaga, Jon Etxabe, Gregorio López Irasuegui, Itziar Aizpurua, Julen Kalzada, Antton Karrera y Arantza Arruti. La dictadura pretendió una represión durísima, asestar un golpe de gracia a la resistencia obrera y nacional en Euskal Herria y atemorizar a toda la oposición antifranquista en el Estado español. No lo consiguió. El proceso de Burgos se convirtió en una denuncia de la criminal dictadura. Los acusados se convirtieron en acusadores del franquismo.
El año 1969 fue prolijo en acontecimientos. Hubo movilizaciones obreras y manifestaciones estudiantiles en Madrid, Barcelona y Euskalerria, especialmente tras la muerte en una comisaría de Madrid del estudiante Enrique Ruano y la condena a muerte (conmutada) a Andoni Aguirrezabala, militante obrera de ETA y uno de los fundadores de las CCOO de Euskadi. En enero se declaró el Estado de Excepción, que durará hasta marzo. Si la dictadura ya significaba la persecución política y la falta de libertades, el Estado de Excepción permitía el abuso generalizado de policías y jueces. Ese mismo año, se designó como sucesor de Franco a quien será el rey Juan Carlos. En la “sana” tradición española, que sigue bien viva, la corrupción y el engaño hizo saltar uno de los más importantes escándalos financieros, el de Matesa, que obligó al cambio de 13 de los 18 ministros del gobierno. El año acabó en el País Vasco con 1.953 detenidos y 300 personas obligadas a exilarse. El Tribunal de Orden Público, cuya continuidad ejerce la actual Audiencia Nacional, condenó a 223 años de cárcel a 93 militantes antifranquistas.
El anuncio del Consejo de Guerra y las altísimas penas solicitadas causaron una enorme conmoción y aceleraron la preparación de una respuesta unitaria de todo el antifranquismo. La base de la acusación era la ejecución en agosto de 1968 del torturador Melitón Manzanas, jefe de la Brigada policial de San Sebastián encargada de la persecución política y social. Para concentrarlo todo, se añadieron otros hechos, atracos, atentados, etc. En ningún caso se había demostrado que alguno de ellos hubiera sido el autor material de los hechos. Fueron acusados de manera genérica de “rebelión general continuada” [¡Qué manía enfermiza de la judicatura al acusar de rebelión a todos quienes luchan contra el sistema establecido, sea en 1970 o en el 2019!]
Ante el crecimiento de la oposición obrera y democrática, el régimen fue endureciendo aún más su legislación. El 18 de agosto de 1970 publicó un nuevo decreto-ley en el que se declaraba: “La defensa de la unidad y de la integridad nacional… y el mantenimiento del orden público y de la paz ciudadana reclaman la utilización a cada instante de medios apropiados para salvaguardar los valores intangibles solemnemente proclamados por los Principios del Movimiento Nacional y de nuestra legislación fundamental. Recientes acontecimientos han sacado a la luz tendencias y actos que por su naturaleza atentan a la seguridad de la Patria y que hacen urgente la adopción de medidas jurídicas más aptas para la protección de la paz social que se ha visto perturbada”. Llevaban meses preparando el juicio, el que fue fiscal del caso, el capitán Antonio Troncoso, manifestó que el Ejército había elaborado un completo informe sobre la historia de ETA y su posible evolución. Dejó claro que pretendía escenificar públicamente su liquidación y la victoria del Estado. Con la dirección de ETA detenida o exiliada, el régimen creía que solo se necesitaba un proceso ejemplarizante, juzgar, condenar y ejecutar a los dirigentes para aplastar el movimiento. El error de cálculo fue mayúsculo, los diseñadores de esa estrategia no contaron con la solidaridad y movilización que iba a surgir a nivel nacional e internacional.
En ese ambiente, se desarrolló el juicio del 3 al 9 de diciembre de 1970. Se había conseguido una primera victoria al lograr que fuera público. Como había dos sacerdotes entre los acusados el juicio podía hacerse a puerta cerrada, por el Concordato que regía las relaciones entre la dictadura y el Vaticano, pero el rechazo de los dos sacerdotes y presiones en la Santa Sede obligaron a que fuera público. Tuvo que permitirse la presencia de corresponsales extranjeros que explicaron al mundo lo que estaba sucediendo. La Sala era un hervidero de uniformes militares y policiales, y el exterior del Gobierno Militar había sido ocupado por la policía armada y una compañía de paracaidistas. La defensa corrió a cargo de dieciséis abogados, uno por cada encausado, que representaban un amplio abanico de la oposición antifranquista, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado, uno de los abogados era de Madrid, Gregorio Peces Barba (socialista) y otro de Barcelona, Josep Solé i Barberà (comunista). Los fondos para sus honorarios fueron recaudados mediante una cuestación popular.
El juicio fue aprovechado por los acusados para denunciar las torturas a las que habían sido sometidos, la falta de libertades, de persecución de la lengua vasca y para explicar sus ideas. Una carta de los 16 lo explicaba: “Ante el comienzo del proceso, una de las metas que nos propusimos satisfacer por medio de él fue la de aprovechar la plataforma que sin querer nos ofrecía el tribunal fascista, atrapado en su propia trampa de la pretendida legalidad, lo que desde el principio no ha sido más que una absurda farsa absolutamente ilegal. Hemos querido aprovecharlo para hacer conocer a la opinión internacional la lucha que mantiene el pueblo vasco, y en primer lugar su clase obrera, por su liberación total”. En estrecha colaboración con sus abogados prepararon el juicio para convertirlo en una denuncia del franquismo.
A Jokin Gorostidi, obrero de Tolosa, le tocó explicar el carácter obrero y vasco de su ideología, denunciando la explotación y afirmando su solidaridad internacionalista con la clase trabajadora del Estado español y la del resto del mundo. Eduardo Uriarte y Xabier Larena, estudiantes de Económicas y de Medicina, respondieron a sus abogados sobre las actividades políticas y culturales que desarrollaban, negaron la acusación simplista de separatistas y denunciaron el papel de los capitalistas vascos en el mantenimiento de la oligarquía franquista. La mayoría de ellos denunciaron a esos vascos que colonizan a su propio pueblo y reivindicaron a los inmigrantes del resto del Estado que crean riqueza y son explotados. Jon Echave y Julen Calzada, sacerdotes, expresaron el compromiso evangélico con su pueblo; para ellos la acción política no era una negación de su ministerio sino una obligación incluida en su vivencia religiosa. A Echave el fiscal le preguntó por qué llevaba pistola cuando le detuvieron. Respondió que para defenderse de la policía. Otros denunciaron a los jueces militares y se declararon prisioneros de guerra. Los jueces intentaron evitar toda respuesta política, interrumpían y cortaban las respuestas, pero empezaron a darse cuenta de que estaban perdiendo la batalla. Años después, Xabier Larena explicará en una entrevista: “En un receso, uno de los abogados oyó decir al coronel Ordovás, que presidía el Tribunal: ‘Estos cabrones nos están desbordando’. Fíjate como sería este personaje. Era coronel de caballería y tenía una cuadra de caballos. En un descanso estaba hablando delante nuestro con Gisèle Halimi, una abogada francesa que se dedicaba a defender a los independentistas bretones y estaba en el juicio como observadora. Ordovás le decía que estaba preocupado porque uno de sus caballos estaba enfermo. Halimi le respondió: ‘De su decisión depende que mueran seis personas y usted está preocupado por sus caballos’”.
Cuando el juicio estaba a punto de acabar y como el juez militar no les dejaba hacer su última declaración, Mario Onaindía, el último en hablar, se declaró prisionero de guerra, se acogió a la Convención de Ginebra y gritó: “Gora Euskadi Askatuta!”. El resto respondió cantando el Eusko Gudariak (himno vasco) Se armó un follón impresionante y los militares se quedaron blancos. La abogada Gisele Halimi, presente en el juicio, lo describió así: “De pie, con el puño levantado, cantan a la libertad. ¡Pánico en la sala de audiencia! Los jueces sacan sus espadas y los guardias sus pistolas: es el penúltimo acto de una verdadera ceremonia expiatoria”. (El proceso de Burgos. París. 1971)
Huelgas y manifestaciones
Para que el proceso se convirtiera en un arma arrojadiza contra la dictadura no era suficiente la valentía de los acusados, fue imprescindible la solidaridad y las movilizaciones que alcanzaron un nivel como no se había visto en 34 años de franquismo. No es ninguna exageración. El día del inicio del juicio, el 3 de diciembre, se desarrolló una importante huelga general en Guipúzcoa y bastante generalizada en las zonas industriales de Vizcaya. El Gobierno Civil de Guipúzcoa tuvo que reconocer que “desde la Guerra de Liberación (así llamada por los fascistas), no se había creado una situación tan difícil y preocupante”. El diario Pueblo, uno de los periódicos más importantes del régimen, publicó el 4 de diciembre: “Tensión en Guipúzcoa. Ayer 30.000 obreros en huelga, alrededor del 15% de la población activa de Guipúzcoa […] y en numerosas localidades eslóganes de tendencia comunista”. Hay que recordar que todo opositor al franquismo era tildado de comunista o masón.
El movimiento obrero y popular venía ya empujando con fuerza, especialmente tras la larga huelga (de noviembre de 1966 a mayo de 1967) en la empresa Laminados de Bandas en Vizcaya. Durante el año 1970, hubo más de 1.500 huelgas, con más de 400.000 huelguistas en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla o Granada, donde tres trabajadores de la construcción serían asesinados al disolver la policía una manifestación. La respuesta al proceso de Burgos aceleró ese proceso. El día 4 el gobierno decretará un nuevo Estado de Excepción en Guipúzcoa, que el día 14 se extenderá a toda España. Los paros y las manifestaciones se desarrollarán por todo el País Vasco y también en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla…. El día 8, un policía de paisano matará en Eibar al joven Roberto Pérez en una jornada de huelga general en la localidad. Habrá manifestaciones de protesta por toda Europa y por diferentes países de Sudamérica. El día 1, un comando de ETA había secuestrado al cónsul alemán en San Sebastián. Lo liberará el día 25 en una ciudad alemana. El 12 de diciembre, 300 artistas e intelectuales catalanes se encerraron en la abadía de Montserrat para exigir la amnistía y libertades democráticas. En Madrid, un centenar de abogados se encerraron en el Palacio de Justicia. En León, en un congreso de la Abogacía, se leyó un comunicado de apoyo a los presos vascos y se aprobó una moción contra la pena de muerte. Varios obispos redactaron homilías contra la pena de muerte y el juicio que se estaba desarrollando.
La dictadura reaccionó convocando una manifestación en la Plaza de Oriente el 17 de diciembre, “en apoyo a Franco, contra el separatismo y a favor de la unidad de España” [parece que en las dos consignas finales estemos escuchando al trío calavera de PP, C,s y Vox]. Sin embargo, la importancia de las protestas en España, las repercusiones internacionales y las presiones del Vaticano y de varios gobiernos europeos lo habían aislado. A pesar de ello, la decisión del Tribunal militar fue aún más dura que la petición del fiscal. El 28 de diciembre dictó sentencia: 9 penas de muerte (a tres de ellos se les condenó a doble pena capital) y 519 años de cárcel. Pero el régimen no estaba en condiciones de aplicar la decisión. El 30 de diciembre el Consejo de Ministros decide indultarlos y en el mensaje de fin de año, Franco declara que: “Las clamorosas manifestaciones de adhesión a mi persona, al Ejército español y a nuestras instituciones han reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto, pese a la gravedad de los delitos juzgados en Burgos”. Una supuesta clemencia que representaba una derrota. “Fue un juicio contra todo un pueblo, y lo ganamos”, declarará años después Xabier Larena, uno de los condenados.
El proceso de Burgos tuvo tanta repercusión que encontró su lugar en el cancionero y la poesía popular. He aquí dos ejemplos. Una canción de la cantante vasca Maite Idirin:
“En Burgos, en el funeral de E.T.A., seis serán condenados. En el momento en que comienzan a sonar las campanas, en Euskadi surgen otros mil combatientes. En el proceso de Burgos juzgan al pueblo vasco. Contra este juicio criminal se han levantado todos los pueblos. Todo el mundo sabe ahora que somos un pueblo. Nos creíais muertos, Euskadi condenada para siempre. Fruto de las tempestades del invierno duro, la nueva generación está contra vosotros. Delante de vuestras narices, “viva Euskadi libre”. Los trabajadores han salido a la huelga por todos los rincones. Ahora todo el mundo sabe que somos un pueblo” (traducido del vasco)
Y una poesía de Rafael Alberti:
Si los condenas a muerte
si los matas,
ellos serán los seis clavos
de tu caja,
los seis clavos de tu vida,
los últimos, si los matas.
Ellos serán los seis clavos,
los últimos, de esa España
que solo sabe de muerte,
triste España
que solo existe en el mundo
cuando de la muerte habla,
cuando sólo
por ti la mano levanta
para matar, pues la muerte
es la vida de esa España.
Pero los mates o no,
tu muerte está ya cercana.
Ya estás muerto, muerto, muerto,
ya en la tapa
de tu ataúd hay seis clavos
que la clavan,
que para siempre la clavan.
***
No corresponde a este trabajo el debate sobre la evolución posterior de ETA. Lo significativo fue que en torno a la lucha contra el proceso de Burgos la oposición antifranquista logró articular una respuesta unitaria de lucha por las libertades, movilizó a una parte importante de la población y, al obligar a la dictadura a retroceder, generó la conciencia y confianza en sectores importantes de la gente trabajadora, y especialmente de la juventud, de que se podía vencer, de que era posible derrotar al fascismo. A partir de ese momento hubo un importante desarrollo de las organizaciones políticas y sindicales, se generalizaron las luchas obreras y populares y se prepararon las condiciones para la última ofensiva contra el franquismo. Aún quedaban años duros de represión, especialmente con el asesinato de Puig Antich y el fusilamiento de los militantes de ETA y del FRAP el 27 de septiembre de 1975, pero los días de la dictadura franquista ya estaban contados.
Nota de la redacción: Los cuatro anteriores artículos de esta serie «Juicios para la historia» pueden leerse en los siguientes enlaces:
http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/juicios-para-la-historia-iv-la-revolucion-de-1905-ante-el-tribunalMiguel Salas Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.