La certeza de que el Tribunal Supremo condenará a los líderes
sociales y políticos catalanes procesados por haber promovido el
referéndum del 1 de octubre nos obliga, como personas afiliadas y como
demócratas, a tomar una posición clara.
La sentencia será una
condena no sólo del derecho a luchar por la autodeterminación, sino
también del ejercicio de la desobediencia masiva ante decisiones
injustas y del derecho a la disidencia política, cuando afecta pilares
fundamentales del Estado surgido de la Transición.
Cabe recordar
que los primeros encarcelados por las movilizaciones de septiembre y
octubre de 2017 fueron Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en su calidad de
presidentes de las dos principales entidades cívicas de Cataluña, Òmnium
y la ANC. Lo fueron el 16 de octubre, once días antes de la declaración
de independencia en el Parlamento. Su condena, por tanto, lo será por
haber ejercido derechos fundamentales, entre otros el de manifestación
(el 20 de septiembre y otros), el de expresión (por ser partidarios del
derecho a decidir del pueblo de Cataluña) y el de voto (por haber
impulsado el referéndum).
A pesar de que la cúpula del aparato
judicial del Reino de España tenga una agenda política y social propia,
es obvio que la sentencia será la expresión de la actitud del conjunto
del Estado y de sus poderes reales: desde la corona hasta el Ibex 35,
pasando por los partidos que sostienen el régimen del 78 (fruto de una
transición en la que las fuerzas populares no conseguimos una auténtica
ruptura democrática con el franquismo).
El movimiento sindical
debe considerar la sentencia como un paso más, especialmente grave, en
el curso de involución antidemocrática del Estado, que no sólo afecta a
Cataluña (jóvenes de Altsasu, raperos, titiriteros, activistas por el
laicismo…).
Esta posición clara, para que sea coherente, debe
corresponderse con la actitud decidida de impulsar las movilizaciones
necesarias para denunciar la sentencia, en unidad con el máximo número
posible de fuerzas sindicales, sociales y políticas.
Además de
basarnos en criterios democráticos elementales, el movimiento sindical
tenemos un particular interés en defender las libertades y en combatir
la criminalización de la protesta y la disidencia. La protesta, la
disidencia y el ejercicio de los derechos derivados de las libertades
democráticas han sido, son y serán un componente esencial de la
actividad sindical. El movimiento obrero siempre hemos estado a la
vanguardia de la lucha por las libertades, y tenemos que ser también
protagonistas de la lucha contra su recorte.
A falta de la única
sentencia justa, que sería la absolución de todas y todos los
procesados, llamamos a todo el movimiento sindical a comprometerse en la
defensa de la libertad, de la amnistía para los y las condenadas y de
la autodeterminación de Cataluña, como vía democrática para decidir el
futuro de nuestro país.
Cataluña, septiembre-2019