La marcha de pensionistas llegó a Madrid el 16 de octubre y colapsó la ciudad; eran decenas de miles. Muchos alcanzaron la capital en autobuses desde todo el territorio, pero varios otros cruzaron a pie media península, en dos marchas desde Rota (Cádiz) y desde Bilbao. Al encontrarse se fundieron en un emotivo abrazo y dejaron algunas de sus zapatillas viejas y desgastadas por la caminata a las puertas del Congreso de los Diputados. Llevaban meses de lucha, meses saliendo a la calle para exigir pensiones dignas, justas y suficientes al grito de “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”. Junto a ello, también reclamaban el desarrollo real y efectivo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como “Ley de Dependencia”.
La Seguridad Social española contempla cinco tipos principales de pensiones: Jubilación (cerca de 6 millones de personas); viudedad (2,36 millones de personas, en su inmensa mayoría mujeres); incapacidad permanente (950 mil personas), orfandad (340 mil) y familiares (alrededor de 40 mil personas). Son las pensiones de jubilación y las de viudedad las que concentran la mayor parte del gasto del Estado en este capítulo (más de 6 mil millones de euros al mes distribuidas en 14 pagas). La pensión media de las mujeres se sitúa sobre los 730 euros por 1.152 euros la de los hombres. La razón de esa diferencia sangrante entre unas y otras, superior al 30 por ciento, tiene un doble motivo: por un lado, hay 10 veces más mujeres cobrando la pensión de viudedad (677,40 euros) y, por el otro, su vida laboral posee una trayectoria mucho peor que la de los varones: menos salario, más precariedad y menos años de cotización.
Los representantes de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones hicieron llegar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un informe en el que se detallan sus demandas:
· Por una parte, no aceptan como suficiente el 0´9% de incremento de las pensiones que el gobierno Sánchez ha asegurado que está dispuesto a aplicar desde final de año.
· Exigen el establecimiento inmediato de una pensión mínima igual a Salario Mínimo Interprofesional (900 euros) independientemente del tiempo cotizado y aunque éste hubiera sido ninguno. A partir de ese punto, piden un aumento de la pensión para que, en 4 años, alcance los 1084 euros, con una subida nunca inferior al IPC anual.
· A la vez reclaman una «verdadera reforma fiscal», del 7,5% del PIB, para solucionar el «raquítico estado de bienestar», el incremento del gasto en pensiones en 50.000 millones y crecimiento de la recaudación fiscal en 90 mil millones.
· Bajo la premisa de que aporte más quien más gana, demandan el “destope” de las cotizaciones de salarios superiores a 3.489 euros al mes, así como atajar el número de horas extra fraudulentas que ni se abonan ni se cotizan.
· Igualmente exigen el fin de las desgravaciones fiscales para los planes de pensiones privados y las tarifas planas para autónomos.
· Otra de las demandas es la derogación de las dos últimas reformas del sistema de pensiones: la del presidente José Luis rodríguez Zapatero (PSOE) 2011 y la de Mariano Rajoy (PP) 2013. Reformas que hicieron perder poder adquisitivo a los pensionistas, alargaron la edad de jubilación, y establecieron incentivos que permiten prolongar la vida laboral y que penan la jubilación anticipada.
· Finalmente, el texto reclama el fin del copago farmacéutico y garantizar los servicios básicos a los pensionistas, como electricidad, gas, agua, etc.
Agoreros de todo tipo que encuentran en la prensa neoliberal su altavoz mediático alertan sobre la imposibilidad de conciliar las demandas de los pensionistas con las exigencias del dictado de la Unión Europea, es decir, con los sacrosantos control de déficit y reducción del gasto.
La herencia del PP, representada en los presupuestos de Cristobal Montoro (2017) que siguen vigentes, continúa marcando el paso en la política económica a partir un ajuste austeritario que sigue pesando como una losa sobre la vida de millones de personas. Sin salir de la lógica impuesta por la UE, el gobierno Sánchez y su ministerio de Hacienda han remitido su Plan Presupuestario a la Comisión Europea. En el plan, el peso del gasto público con relación al Producto Interior Bruto (PIB) es del 41,3%, el dato más bajo desde el año 2017. Esto se traduce en que el reino de España se aleja cada vez más y más de la eurozona, en la que la media de gasto público de los Estados supera con creces el 46% del PIB.
En otras palabras: el plan enviado al escrutinio de la burocracia de Bruselas mantiene, en todos sus extremos, el sometiendo de toda la política pública del reino a los intereses de los grandes capitales y tenedores de deuda. Una situación que cada día aparece con mayor claridad y a los ojos de más sectores como totalmente incompatible con las naturales demandas y aspiraciones de que los poderes púbicos garanticen y aseguren con su acción los derechos de la ciudadanía.
Cada vez que la marea pensionista que se pone en marcha recoge oleadas de solidaridad y apoyo. Su persistencia y perseverancia así como la incapacidad parlamentaria de certificar legalmente aspectos tan de cajón como una pensión digna (recordemos el fracaso de la comisión del llamado Pacto de Toledo) demuestran como la separación entre el régimen, el gobierno y las lógicas exigencias de la calle se agranda cada día un poco más. No es únicamente un problema de pensiones; es mucho más que eso. Como la exitosa movilización de los pensionistas demuestra se trata de una lucha entre la defensa de la garantía de existencia material de las personas como derecho y como principio de cualquier política pública y los gobiernos sometidos a los intereses de los grandes capitales. Es una pelea por reforzar y ampliar la democracia ante el poder absoluto del dinero.
El próximo 16 de diciembre, en las diversas capitales del reino asistiremos al siguiente episodio de esta pugna por los derechos con las nuevas movilizaciones de pensionistas que están previstas y de las que en octubre Madrid ha sido un testigo privilegiado.Carlos Girbau Concejal de Ahora Ciempozuelos, activista social, amigo y colaborador de Sin Permiso.