Las elecciones siempre son un festival de promesas, declaraciones y programas que, con raras excepciones, son pura palabrería cuando no demagogia de la peor especie. Hace pocos días, el martes 29 de octubre, desaparecía el pimpante federalismo del programa electoral del PSOE, pero reaparecía pocas horas después, el miércoles. “Era un borrador”, dijo Pedro Sánchez, a falta de mayor sagacidad. Socialistas catalanes, valencianos y mallorquines se espantaron con la desaparición y parece ser que se movieron para evitar que se suprimiera del programa un punto con el que se agarran como pueden para mostrar su adhesión a la “pluralidad nacional de España” que les cubra sus abundantes vergüenzas. Bien es cierto que este cambio tan rápido de A a B para volver en pocas horas a A no es un indicio que haga suponer una firme y genuina convicción federalista por parte de la dirección del PSOE. Inmediatamente después de la vuelta al sedicente federalismo, el candidato a presidente del PSOE declaraba que antes de cualquier diálogo, primero había que mostrar el mayor respeto a la legalidad y a la Constitución españolas. Más o menos como: ríndete, después hablamos. Dos cuestiones importantes surgen aquí. Una es evidente y no necesita demasiado desarrollo: si las movilizaciones catalanas son para cambiar la legalidad que impide a esta nación el derecho a la autodeterminación (un derecho que “no existe”, para la reconocida teórica política Carmen Calvo[1], vicepresidenta en funciones del gobierno español), es la legalidad la que se está cuestionando.
De algo de legalidad se deberá hablar si de lo que se trata es de conquistar, allá en donde aún no esté reconocido, el derecho al aborto que es ilegal. Si de lo que se trata es de reconocer el derecho al sufragio universal que es ilegal, se deberá hablar de la legalidad que no reconoce el sufragio universal. Si de lo que se trata es de reconocer el derecho a la eutanasia que es ilegal, algo deberá hablarse de la legalidad que prohíbe la eutanasia. No es necesario seguir porque es difícil ver la duda que pueda existir en ello. Pero el partido dinástico en el gobierno, como anteriormente lo fue el PP, está parece impedido de ver incluso el color de un caballo blanco muy precisamente de su gusto: el de Santiago (el de “cierra España”).
La otra cuestión que surge sobre la exigencia de Pedro Sánchez de acatar la legalidad y la Constitución española es la concepción del llamado federalismo que defiende en su programa electoral el PSOE. Y ello requiere algo más de atención.
¿A qué federalismo se refiere el PSOE? A una descentralización administrativa que se expresa, claro está, con otras palabras. De substancia, nada más. El federalismo es una palabra que a algunos les resulta simpática y que, como tantas y tantas palabras y conceptos (democracia, libertad, renta básica, liberalismo, igualdad…) se los puede retorcer para mostrar (o intentar hacerlo creer al menos) lo que uno quiere. Pero eso puede servir para una campaña electoral, para convencer a despistados o para distraer a los seguidores, pero poco más. Recordemos algunas nociones elementales de federalismo. El federalismo exige la negociación de igual a igual de las partes implicadas. Si no, será otra cosa, quizás de muy digna consideración, pero no federalismo. Se entenderá fácilmente que si una de las partes no está en posición de igualdad, la capacidad de negociación es cualquier cosa, pero no una característica que se establece entre iguales. Republicanamente no es admisible otra situación que la igualdad entre partes. Y ello exige el derecho de autodeterminación. Antoni Domènech lo expresó de una forma muy clara y sencilla en una situación que vale la pena recordar. Carlos Jiménez Villarejo escribió en octubre de 2012 una petición a Toni, entre otros destinatarios, para que firmase un manifiesto “federalista” de algunos intelectuales catalanes. La respuesta de Toni, publicada en Sin Permiso el 22 de octubre de aquel año, fue:
Gracias, amigo C. Ya lo había recibido por otros lados. Pero yo no puedo suscribir un manifiesto pretendidamente federal que no reconoce claramente de entrada, sin reservas, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, referéndum incluido. No es ni política ni intelectualmente creíble un “federalismo” así, y estoy convencido de que no hará sino cargar de razón democrática a los independentistas.
Miquel Caminal, uno de los estudiosos más reconocidos sobre el federalismo, además de federalista militante, escribió mucho a lo largo de su vida sobre esta cuestión. Miquel Caminal murió en el año 2014. Uno de sus últimos escritos, publicado en Sin Permiso a finales de 2013 y que era especialmente valorado por Antoni Domènech, ya entraba a analizar el auge de las inmensas movilizaciones en favor del soberanismo en Cataluña. Y lo analizaba desde su perspectiva federal. Y decía:
¿Tan complicado es entender que la unión voluntaria solamente es posible si se produce un igual reconocimiento para todos con su identidad de origen?
Y más adelante:
El pacto federal, para ser válido en sentido democrático y republicano, debe ser igual y conmutativo. Es decir, las partes que pactan lo hacen con reciprocidad y plena libertad, de forma que todos salen beneficiados con la unión federal, sin que nadie tenga que renunciar a su identidad y autogobierno. Un federalista que asume un contrato desigual o de sumisión no es tal. Por el contrario, debe contemplar la opción de la independencia o secesión cuando no es posible un pacto federal en condiciones de libertad e igualdad.
Pero el nacionalismo español y sus representantes en el gobierno del reino de España siempre se caracterizó por su intransigencia más cerrada. El nacionalismo español, apuntaba Miquel, “es el más particularista de todos los nacionalismos hispánicos, como el propio Ortega y Gasset reconocía.” ¿Está este particularismo motivado por la violencia de los otros nacionalismos “periféricos”? No, ni mucho menos. La violencia solamente es un pretexto más o menos oportuno. Se dijo y se repitió por parte de muchos representantes del reino mientras ETA actuaba: sin violencia todo se puede defender, hasta la independencia. Ya hemos visto la sinceridad de esta afirmación: simplemente era útil y funcional mientras ETA estaba activa. En Cataluña nunca ha habido una violencia armada de resistencia y la sentencia contra los presos políticos ha sido en muchos casos de más años que algunos golpistas fascistas del 23-F de 1981. Recientemente, Arnaldo Otegi declaraba en una entrevista que en el mundo es recibido como una persona honorable porque buscó una solución pacífica a un problema armado, en el reino de España es tratado como un delincuente. Alec Reid, sacerdote que inspiró buena parte del proceso de paz en Irlanda, ya les dijo a los militantes independentistas vascos: “cuanto más razonables seáis, más años de prisión pasaréis”. Otegi pasó 14. Alguna izquierda española, que valora la lucha por la autodeterminación catalana como si se tratase únicamente de una burguesía que quiere disimular sus vergüenzas, distraer la atención y manipular a la mayoría de la población catalana, aún no lo entiende, y acabará siendo víctima de su ceguera.
Han pasado siete años de la respuesta de Antoni Domènech a un manifiesto autodenominado federal, y seis de las “Tres cartas de un federalista catalán” de Miquel Caminal. En este tiempo han sucedido muchos acontecimientos directamente relacionados con la lucha por la autodeterminación de Cataluña. Uno de los más recientes que marcará la situación política durante mucho tiempo es la sentencia del Tribunal Supremo contra algunos de los principales dirigentes del llamado procés. Los presos políticos llevan ya dos años o más en la cárcel, entre ellos la que fue presidenta del parlamento catalán (un parlamento no soberano según la ley vigente, y la cárcel de Carmen Forcadell es todo un símbolo de ello) y los dirigentes de las dos asociaciones más importantes del soberanismo catalán. Las movilizaciones han sido constantes después de la sentencia, pero enfrente se han vuelto a encontrar con el más absoluto rechazo al diálogo. Miquel lo apuntaba hace seis años así: “(…) el autoritarismo que caracteriza a un nacionalismo español, que lejos de abrir vías de diálogo, se mueve entre el autismo, el insulto y la amenaza.”
Y, para vergüenza de los que se llaman federalistas y amenazan con la nueva aplicación del 155, cuando no de amenazas más represivas, el militante y estudioso federalista que fue Miquel escribía:
Así que la obligación de todo federalista es promover la unión en la diversidad, pero cuando esto no es posible, también asume el deber y el derecho a promover la secesión o independencia, aunque sea la última opción, cuando todas las demás han resultado baldías o imposibles. La autodeterminación en su sentido federal se fundamenta en la consulta democrática y pluralista, se orienta hacia la unión de pueblos libres y acepta la posibilidad de la independencia o secesión cuando no hay otra salida democrática. El catalanismo, en la hora actual, está asumiendo de forma preponderante la opción por la independencia de Catalunya y su separación del Estado español. Durante décadas se han defendido de forma mayoritaria las opciones autonomista y federalista dentro del Estado español, pero la cerrazón e intolerancia del nacionalismo español ha dejado sin futuro ni credibilidad estas tradiciones pactistas del catalanismo. Sólo una rectificación radical y profunda en los planteamientos del nacionalismo español podría cambiar las cosas y reabrir un escenario de entendimiento y concordia federal. No parece que esto suceda. En este caso la ruptura se hace inevitable y a la nación catalana, siempre abierta al acuerdo y convivencia con los demás pueblos hispánicos, no le queda más remedio que iniciar su propio camino, navegar por su cuenta, y esperar que su voluntad de autodeterminación sea respetada y no ahogada por la fuerza.
Visto que el PSOE se define federalista, no es exagerado afirmar que federalista se llama cualquiera, hasta el más convencido partidario de la sagrada unidad de España. Con este “federalismo” se castiga por todos los medios al alcance cualquier intento de hablar, discutir, pactar, y no digamos ejercer, el derecho de autodeterminación. Hasta “no existe”, como la citada dirigente de un partido que se presenta a las elecciones del 10 de noviembre y que lleva el “federalismo” en el programa, lanzó para que las hemerotecas lo recuerden en otros momentos no precisamente para honor y gloria de la inteligencia. “Respeto a la Constitución y a la legalidad” es la solución del PSOE. Rendición y hasta que no llega, represión: a por ellos. Cataluña es un asunto “estrictamente de orden público”, como Marlaska dijo recientemente. Un ministro de interior como los de siempre. Y a su derecha ruge la caverna de los herederos del franquismo de viejo y de nuevo cuño. Una situación política muy beligerante contra las libertades democráticas. No es un problema solamente de Cataluña, es un problema de libertades democráticas, por supuesto para esta nación, pero también para el resto de la población del reino de España.
La unidad de España es un pilar del régimen del 78, como es evidente para una parte creciente de los contrarios a este régimen, y para los favorables es una evidencia como la ley de la gravedad. El mismo padre del rey español actual lo dijo de una manera inigualable. Cuando Franco se estaba muriendo y el Borbón Juan Carlos I fue a visitarle, éste mismo declaró en una célebre entrevista que el dictador le dijo: “Juanito, por encima de todo, la unidad de España”. El régimen del 78 y los dos grandes partidos dinásticos siguen esta voluntad “por encima de todo”. Con la represión que sea necesaria y con las libertades democráticas que tengan que sacrificarse.
[1] A esta mujer alguien le debería recordar que en el congreso de Suresnes el PSOE todavía defendía el derecho de autodeterminación. Exactamente se resolvió en aquel congreso:
La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español.
Ya hace años de esta resolución, pero no siglos. Era en 1974.
Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org) y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, Against Charity (Counterpunch, 2018) traducido al castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).