Ayer hubo dos cosas de las que era imposible sustraerse: hablar de Vox y ver un meme sobre la dimisión de Rivera. Sánchez y sus gurús demoscópicos convocaron las elecciones del 10-N para ganar aire y formar un gobierno constitucional que no dependiera de Unidas Podemos ni del independentismo catalán. El resultado de la operación en favor de “Ahora Gobierno” se ha saldado con un fiasco. El reino es hoy mucho más ingobernable que ayer; la base social del constitucionalismo de la segunda restauración borbónica pierde peso mientras crecen todo tipo de fuerzas, por su derecha y por sus territorios, que ponen en cuestión el orden nacido en el 78.
El PSOE obtuvo 728 mil votos y 3 diputados menos, quedándose en 120 y sin la mayoría absoluta que tenía en el Senado. Unidas Podemos se dejó 636 mil votos y 7 diputados, y ahora cuenta 35. Ambas pérdidas no se compensan con la entrada de Más País y sus 554.066 votos y 3 diputados. Cierto es que, a pesar del retroceso, el voto de las izquierdas con vocación estatal (10.404.234) sigue siendo superior al de las derechas (10.297.572) pero con un margen inferior en escaños (7) al del 28 de abril (17).
En resumen, las elecciones han reorganizado el espacio en el interior de cada bloque pero, a diferencia del 28-A, la derecha recupera terreno. Dentro de la misma, se desploma C’s con una pérdida de 2.499.060 votos y 47 escaños, mientras VOX, con una ganancia de 962 mil votos, logra 52 asientos en el Congreso y dos en el Senado.
Pero junto a esos grandes bloques, especialmente tras el 15-M y el declive irrecuperable del bipartidismo, a la variable social hay que sumarle la ascendente marea territorial. Se trata del empuje democrático que aspira a redefinir las relaciones del conjunto de pueblos incluidos en el Estado español a partir del ejercicio de su plena soberanía nacional y su derecho de autodeterminación. Partidos y coaliciones defensores de ese derecho y de la independencia de Catalunya, Euskadi o Galicia no han dejado de sumar votos y representación política hasta transformarse en el problema político fundamental de nuestros días. Dichas fuerzas que integran, tras estas elecciones, 36 diputados (13 de ERC, 8 de JxCat, 7 PNV, 2 CUP, 1 BNG y 5 de Bildú (que contará con grupo propio) representan una realidad indigerible para el actual marco del régimen del 78.
En el tiempo transcurrido entre la moción de censura que echó a Rajoy en 2018 hasta hoy, la situación del régimen no ha parado de agravarse. En tres años, los que van del gobierno del PP (gracias a la abstención del PSOE) a las elecciones del 10-N, las fuerzas que no querían tocar una coma de la Constitución del 78 acumulaban el 73% de todos los escaños del Congreso. Ahora las fuerzas que pugnan (Vox) por un giro reaccionario abierto y represivo, y que, objetivamente, va más allá de la actual constitución, y aquellas que apuestan por cambios constitucionales a partir de imponer libertad, igualdad y fraternidad republicana han reducido a los constitucionalistas al 64% del total. Por su parte, la abstención se ha incrementado casi 6 puntos respecto a abril.
La formación de gobierno no solo se otea más bien complicada por la falta de preminencia clara de uno de los dos bloques (izquierda-derecha), sino por la imposibilidad de configurar una base amplia a partir de un catecismo constitucional en el que cada vez creen menos personas y que le resta base constantemente, particularmente por el empeño de todo el aparato de Estado en imposibilitar, ante todo, el ejercicio del derecho a decidir de los pueblos.
Iglesias propone a Sánchez un gobierno a partir de los artículos sociales de la Constitución que hace ya 40 años que nos rige. Unos artículos que no están impidiendo que a través de mil y un caminos el conjunto del entramado estatal acabe amparando el avance de los desahucios, el empobrecimiento de la población, la desarticulación de servicios públicos básicos, la vergonzosa corrupción, el racismo institucional y la ley mordaza. Basándose en esa misma carga magna y sus artículos, recientemente el Tribunal Constitucional ha cargado contra la salud y el derecho al trabajo.
La urgencia de más del 20% de la población en riesgo de exclusión, de los niños empobrecidos o de las mujeres agredidas es precisa y concreta; no son letras en una constitución, que, por el mero hecho de estar escritas, sean capaces de frenar que continuemos perdiendo derechos.
Sánchez sigue en su laberinto. Mientras la derecha, a través de Vox, apunta y marca el paso del tipo de cambios constitucionales que necesitan los opresores para persistir en su dominio. Cárcel, represión, racismo, machismo y mano durísima en Catalunya constituyen la receta. Lo vimos esta semana pasada en la asamblea de Madrid cuando, junto al resto de derechas, votaron la ilegalización de los partidos independentistas.
Caminamos tras estas elecciones hacia la formación de un gobierno frágil, antesala de una crisis constitucional que lleva tiempo incubándose y que no sabemos ni cuándo, ni cómo aparecerá, pero que llegará.
Es la hora de la reflexión para ver cómo la izquierda amplía su base social; y no sobre una Constitución por la que no deja de perder votos (la mitad en el caso de Unidas Podemos en 3 años) y en la que ya no cree ni una parte de la derecha. Sino caminando hacia un amplio acuerdo democrático basado en las necesidades reales y concretas, y la libre decisión de pueblos y personas. Un acuerdo que, para ganar, apunta a más allá del 78 y que rezuma autodeterminación, libertad y fraternidad republicana.