Empieza una desescalada del confinamiento que, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, será flexible, desigual y asimétrica, y además estará dominada por el principio de la “cogobernanza” con las comunidades autónomas.
El próximo miércoles la fórmula pasará su primer test en el Congreso de los Diputados. Veremos qué ocurre. El Estado de alarma puede ser renovado, pero no hay que ser un lince para darse cuenta que el Gobierno de Coalición Progresista se halla cada vez más solo. Sus aliados de la investidura se distancian y la calle se ve a sí misma cada vez más escéptica ante unas ayudas que, por muy buena intención que tengan, continúan dejando a más gente fuera que dentro, y llegando con cuentagotas y repletas de intermediarios y condicionantes.
El gobierno reconoció en el memorándum que remitió a Bruselas que el retroceso en el PIB alcanzará el 9,2%, el mayor de la historia. Como poco, más de dos millones de personas quedarán en el desempleo. Recordemos que 500 mil engrosaron sus listas en solo 15 días, muchos de ellos sin cobertura. Cáritas advierte de que la solicitud de ayudas se dispara y los servicios sociales reconocen no dar abasto. Estamos ante un empobrecimiento, tanto privado como público, que llega y afecta al mismo tuétano de nuestra sociedad.
El camino hacia la llamada “nueva normalidad” pinta más bien negro. La izquierda social se preocupa: a la corta, no hay recambio al actual gobierno de coalición. No existe un problema de comunicación gubernamental. Lo que se queda escaso es el “escudo social”, no sus explicaciones.
Por otro lado, rescatar a la mayoría de la sociedad significa colocar sus necesidades como la medida de todas las cosas y como la base de todo gasto. Las disposiciones del mencionado “escudo social” buscan un imposible: sorber y soplar al mismo tiempo; por eso se ahogan. Necesitamos que la banca pública existente, Bankia y del propio ICO, inyecten sin intermediarios efectivo a la gente y a las microempresas. Y es urgente una Renta Básica Universal. No hay medida más inclusiva que darle dinero a toda la población. Es necesario impedir el cobro de alquileres a todos los grandes tenedores de pisos. Hoy los microcréditos del gobierno solo cargan con más deuda a los inquilinos, mientras sanean las cuentas de los fondos buitre. Hay que evitar el cobro de suministros y servicios a los autónomos y a la ciudadanía no rica. Y proteger el consumo. No pueden beneficiarse de las ayudas aquellas empresas que trabajen con paraísos fiscales; resulta fundamental cobrar impuestos a las grandes fortunas, empezando por la deuda del sangrante rescate bancario. No se reactivará sanamente la economía con el dogal del gran poder económico reforzando su dominio despótico sobre toda la sociedad.
Es imposible “cogobernar” sin construir una respuesta cómplice con la mayoría política de izquierdas y soberanista que permitió la investidura y sin contar con la mayoría social que le dio sus votos en las urnas.
Un aspecto clave en toda esta situación pasa por hacer de los ayuntamientos el eje de toda la red de ayudas que se ofrezcan. Buena parte de la inoperancia de hoy viene precisamente de ese hecho, que no es una circunstancia “administrativa”, sino política y muestra la endeblez democrática del régimen del 78. Frente a ello, una libertad republicana, que más allá de acabar con la monarquía corrupta que cobró de Baherin otra de sus innumerables mordidas (1.870.000€), transformaría al municipio en su raíz, en la comuna soberana, en la base institucional de toda la libertad.