“Hay cosas que no se hacen;
si se hacen no se dicen;
si se confirman, se desmienten”
General Sáenz de Santamaría
«Del gobierno más progresista de la historia que, al mismo tiempo, intenta cómo puede salvar la monarquía de las triquiñuelas que, durante tanto tiempo, los servicios secretos españoles han escondido y protegido. No habrá vía corta democrática, claro. El 78 es así y la vieja tonada lo deja claro: ningún régimen reconoce tener presos políticos como ningún estado reconoce espiar a los adversarios políticos. Mientras tanto, los gobiernos continúan desmintiendo la realidad.»
El «no me consta» del gobierno español —mitad balones fuera, mitad chiste postdemocrático frente a la gravedad del espionaje político— me recuerda torpemente —recuerdos de pubertad política— a aquella portavoz gubernamental socialista que se llamaba Rosa Conde, que siempre decía «no me consta». Lo decía a cada pregunta difícil durante cada comparecencia oficial. Nunca le constaba la realidad, en una variante más refinada del pujolista «ara no toca» (ahora no es el momento). Así era nuestra juventud precaria: o no tocaba o no constaba. La realidad desmentía al gobierno y, viceversa dialéctica, los gobiernos se empeñaban en desmentir la realidad. Ahora bien, empezando por el final, que todo un gobierno del Estado implicado diga «no me consta» es bien distinto de decir «es mentira». Sabiendo diferenciar gobierno y estado, que no es exactamente lo mismo: «Los gobiernos pasan, las policías permanecen».
Como lo es también que el CNI se limite a decir que todo lo que hace es con orden judicial, que es cualquier cosa menos un desmentido; menos aún si se sabe que, desde 2015, tiene una orwelliana e inquisitorial Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, que incluye el independentismo como enemigo a abatir y que será la excusa que vendrá. Que los ministerios de turno -incluido el de la porra- ofrezcan como única respuesta una invitación al presidente del Parlamento de Cataluña a querellarse ante la justicia ya es una broma de la democracia cuando la democracia es de broma. Pillados, solo queda disimular y buscar cortinas de humo. Y hacer todo lo posible para que nunca haya pruebas, ni juicio ni condena. Rituales habituales, as usual, de la impunidad.
Acortando camino ante una excepción que se alarga, ¿cuál sería, sin embargo, la vía democrática más corta? Sencilla, ágil y rápida. El presidente Pedro Sánchez convoca el CNI de urgencia, le pide si es él quien está detrás y toma decisiones sobre el tema. Y si no lo hace, en suma, es porque no quiere. Y punto. Todo lo demás son excusas: dilación, complicidad y encubrimiento, que es lo mismo que torpedear. Del gobierno más progresista de la historia que, al mismo tiempo, intenta cómo puede salvar la monarquía de las triquiñuelas que, durante tanto tiempo, los servicios secretos españoles han escondido y protegido. No habrá vía corta democrática, claro. El 78 es así y la vieja tonada lo deja claro: ningún régimen reconoce tener presos políticos como ningún estado reconoce espiar a los adversarios políticos. Mientras tanto, los gobiernos continúan desmintiendo la realidad. No consta, no toca, no sucede.
Delito de Estado: impunidad garantizada, secreto oficial a gritos y ley del silencio. Y negocios turbios con empresas israelíes. Pero, por suerte, aún no han prohibido la hemeroteca: el diario Haaretz ya informaba y denunciaba en 2018 que diferentes estados empleaban tecnología israelí para «espiar e interceptar comunicaciones de defensores de los derechos humanos, disidentes y miembros del colectivo LGTB». Y sí, hablaban de la empresa NSO y su Pegasus, «el kit de espionaje más invasivo del mundo». El diario recordaba que las exportaciones, autorizadas por el Ministerio de Defensa, se habían seguido produciendo a pesar de saber los usos perversos, represivos y autoritarios que hacían de ellos los gobiernos, el español incluido. Incluso la diputada Tamar Zandberg, de Meretz, pidió el fin de este negocio, terriblemente opaco. Hago mención de un periódico y una diputada israelí para todos aquellos que se ponen la venda en los ojos ante la naturaleza neuróticamente securitaria de Israel.
Pero volviendo a las Españas, menos mal de los antecedentes, de hecho, que recuerdan que no estamos hablando de una excepción sino de una norma callada: la excepción, mira por donde, es la investigación realizada por CitizenLab, que lo ha hecho visible después de que WhatsApp se diera cuenta del agujero de seguridad. Para no alargar la infamia, sólo tres antecedentes concretos. Para recordar la norma excepcional de la monarquía bananera del Reino de España. De entrada, sólo habría que recordar que Narcís Serra acabó dimitiendo por el espionaje del CESID… al Rey. Era 1995. La pregunta sería que, si ya por entonces «escuchaban» a un rey corrupto, qué no harían con el resto de súbditos. Por aquellos tiempos brotaban 7.000 microfilms de los servicios secretos españoles filtrados a la prensa. Hoy Villarejo, ayer Perote; aquel coronel expulsado por irregularidades económicas que fue asesor de seguridad de Repsol y que acabó con la carrera del pianista Narcís Serra. El jefe del CESID, Manglano, acabó siendo condenado por «invasión masiva» por las escuchas producidas entre 1984 y 1991 a numerosos periodistas, políticos, empresarios y al rey que Franco nombró rey. Pero no vayan tan deprisa: fue absuelto posteriormente. Para eso está la alta judicatura española, para condenar enemigos y absolver a los amigos.
Dos. Recordarán el escándalo del espionaje en la sede de Herri Batasuna en nombre de una lucha antiterrorista bajo la que se ampararon tantos crímenes, abusos y canalladas. La tentación vivía arriba. En el piso de arriba de la sede de la formación política, piso franco del CESID durante una década. El balcón de enfrente también. Accidentalmente, cuando desde HB decidieron renovar la centralita telefónica, los operarios solo llegar decidieron no tocar nada: desmontando el falso techo para acceder a la instalación se encontraron todas las líneas pinchadas y conectadas desde el piso de arriba -alquilado en 1992 por los servicios secretos-, entre un desorden de cables, wires y cableado. Los operarios pusieron pies en polvorosa. Y los dos inquilinos del piso de arriba huyeron. Diez años continuados de espionaje industrial. Teléfonos, ordenadores, vídeo y decenas de micrófonos. Sin ninguna orden judicial y a costa de los fondos reservados, pero bajo órdenes gubernamentales. El equipo de investigación del diario Egin —cerrado por la Audiencia Nacional en 1998, a pesar de que en 2007 se decretó, ¡vaya por dios!, la ilicitud del cierre— descubrió a uno de los espías huidos en su casa, en los alrededores de Madrid. A otro en Vitoria, en casa de sus padres. Militares. Eran Mario Cantero y Francisco Buján. Junto con ellos, y en primera instancia, fueron condenados —cinco años después— dos directores generales del CESID: de nuevo, Manglano, y también Javier Calderón. Ambos condenados a tres años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta. Pero no corran tanto, caramba. Extremadamente rápido, el Tribunal Supremo no tuvo ningún reparo: absolvió con extrema rapidez a los dos directores y solo condenará a un solo agente. A dos años y seis meses de prisión. Que nunca cumplió. No hacía falta aclararlo, ya lo sé.
En la misma estela, un día de 1995, el ex diputado de HB Joxe Mari Olarra volvía de una manifestación y se encontró a tres hombres que le habían abierto el coche y lo estaban revolviendo. Los persiguió y casi pilla a uno que se acabó refugiando en una comisaría de la Ertzaintza, de donde saldría en libertad, sin cargos y sin ningún tipo de investigación. Sólo investigará, de nuevo, aquella cabecera de referencia periodística que fue Egin: descubrirían que era un agente del CESID en comisión de servicio, un capitán de caballería del Ejército, José María Liniers Portillo. En 2003, Iñaki Anasagasti denunciaba que los teléfonos del grupo parlamentario del PNV en el Congreso estaban intervenidos por el CNI, pocos meses después de que estallara un escándalo sobre las escuchas en los despachos de la ONU.
El País Vasco acoge y recoge el abanico acumulado más extenso y reciente del deep state. Toda aquella tecnología se ha transferido ahora al caso catalán, agentes incluidos. A raíz del proceso de ilegalización y apartheid electoral de la izquierda abertzale de 2002, se terminó haciendo público que el Estado disponía de una lista ilegal de 40.000 desafectos, a partir de la cual se determinaba qué lista electoral quedaba contaminada. Pocos levantaron la voz. Y así nos va. Thomas Paine: «Quien quiera salvaguardar su libertad deberá proteger de la arbitrariedad a todos los demás, o el precedente se volverá contra él». Mientras tanto, al fiscal general Conde Pumpido se le escapaba un «nos hemos pasado, pero ha colado». A raíz del juicio a las organizaciones juveniles vascas, se supo que eran 33.000 las escuchas recurrentes que se producían en el Reino de España. Una de las frustraciones de mi corta vida parlamentaria fue pedir insistentemente, como sabían Felip Puig y la Consejería de Interior, que de 418 identificados en una protesta contra los recortes antisociales, «178 eran antisistema, 39 independentistas y 19 anarquistas». ¿Lo pone en el DNI? Nunca respondieron, pero era la prueba evidente de que existen ficheros ideológicos. Recuerdo, de la Audiencia Nacional, un imputado por la quema de fotos del rey —absuelto después— que denunciaba la existencia de ficheros ideológicos ilegales. El magistrado incontinente Vazquez Honarrubia le espetó a micro abierto: «¡Eso ya se lo aseguro yo!». En fin.
Y tres y último. Deberíamos recordar, aunque nos lo quieran hacer olvidar, el caso que imputó al Conde de Godó, propietario de La Vanguardia, por las escuchas telefónicas ilegales con el trasfondo de las tensas y arduas negociaciones por las estrenadas fusiones mediáticas, con Antena 3, Polanco y Mario Conde por medio. Puertas giratorias público-privadas también en las cloacas, quien servía a aquellos intereses mediáticos era el coronel del CESID Fernando Rodríguez y el topo histórico de la dictadura reciclado para la democracia, Mikel Lejarza, El Lobo. Lobo escuchaba a través de la empresa General de Consulting y Comunicación SL, que facturaba mensualmente 5.650.000 pesetas a la «cuenta» del conde de Godó. Estuvo dos meses en la prisión de Quatre Camins, pero salió ileso con el coronel del juicio como el coronel, a pesar de que se les pedía años de prisión. Penas mínimas que nuevamente nunca se cumplieron, pese a la insistencia indignada del fiscal del caso, este hombre bueno que se llamaba y se llama todavía José María Mena. Años después, el magnate mediático Murdoch cerraba News of the World por las escuchas ilegales masivas del rotativo.
Ya paro. Me ahorro también la versión casera de Método 3. Me ahorro Aznar pidiendo al jefe del CNI, Jorge Dezcallar, que desmintiera en la SER que habían abandonado la pista de ETA en los atentados del 11-M y Aznar manipulando torpemente los informes de los servicios secretos. Me ahorro la videoteca de Villarejo, pero no olviden —insólito— que la fiscalía decidió purgar y eliminar algunos párrafos de la documentación del sumario porque comprometen «la seguridad del Estado» antes de levantar el secreto sumarial. Palabrota: «Expurgo previo sobre asuntos de seguridad del Estado». Qué se esconde bajo el eufemismo está por ver. Secreto de Estado con una ley de secretos oficiales que data de 1968: democracia con leyes de dictaduras. Y, sin embargo, todo es un asunto también catalán —recuerden el caso Cesicat de seguimiento de activistas a través de fuentes abiertas— y también singularmente español, pero de una dimensión que ya es europea y de una escala de espionaje que ya es global. Entre Assange y Snowden, digámoslo así. En Portugal, hace muchos años, un escándalo sacude el país: 80.000 escuchas autorizadas a 200 altas personalidades durante seis meses por un asunto relativo a una investigación judicial por abusos sexuales. Y en Italia, en septiembre de 2006: 100.000 ciudadanos con los teléfonos pinchados tras una red vinculada a los servicios secretos. Es Europa, que te escucha.
Hemos ido incorporando nombres oscuros en nuestras vidas transparentes. Primero fue Echelon, después Sitel —el sistema de escuchas de la Guardia Civil y el CNP—, ahora Pegasus. Cero ingenuidad. En el fondo, la novedad no es su existencia turbia, sino su uso torticero y brutal: hace mucho que la disidencia ya se ha incorporado como «criminalidad transnacional organizada», por decirlo en la jerga de 1999 de Sinere, la base de datos de la UE que incluía activistas antiglobalización. Un día tendremos que hacer todo el catálogo de los últimos años contra el independentismo como enemigo de Estado: del móvil de Roger Torrent al de Anna Gabriel —ya veremos qué dice Suiza—, de la baliza en el coche de Puigdemont a las visitas macarras de la policía patriótica en Andorra, de los ataques informáticos del 1-O a los fondos reservados. Todo el repertorio y toda la artillería usada contra el anhelo democrático de la autodeterminación. La lista es ya interminable.
Tenemos el escalofrío asegurado en este corto y convulso siglo XXI. El uso de los servicios secretos con fines políticos, partidarios e ideológicos. Si han leído la trilogía de Larsson, recordarán las desventuras de Lisbeth Salander, La Sección y cómo operan las estructuras policiales paralelas. Realidad contra ficción. Alemania acaba de disolver toda una unidad militar de fuerzas especiales por sus vínculos estrechos y directos con la extrema derecha. Si quieren quedarse de piedra pasen por El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano; si quieren protegerse, pasen por el manual Resistencia digital, de Críptica; si quieren blindar la privacidad e intimidad que tantos siglos ha costado alcanzar, acostúmbrense a desconectar todos los dispositivos frente a la distopía monitorizadora del 5G. Y ojo al dato, que ya hay atestados policiales donde el hecho de apagar el móvil se eleva a sinónimo de culpabilidad, «algo que ocultar». O eres de vidrio o ya eres culpable.
1984. Luces de bohemia. The Wire. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina en el palacio de las corrientes de aire. Pobre Orwell. Pobre Valle Inclán. Pobre McNulty. Y siempre Lisbeth.
PS. Hemos venido a estudiar y hemos venido a aprender a pensar. A no dejar de hacerlo nunca. Aprendizajes continuados. Y como la cosa va de libros en un verano que ya tiene pinta de invierno, les recomiendo abiertamente el último libro de Enric Juliana, Aquí no hemos venido a estudiar (Arpa, 2020). Es una puñetera maravilla. Es un espejo. Es un rompecabezas. Es una escuela. Es un laberinto. El franquismo, en parte, hizo el trabajo y la falta de memoria siempre es una derrota. Creía, tres veces rebeldes, que MMM iba ligado inevitablemente a Maria Mercè Marçal. Así es. Pero en adelante, memoria de un futuro anterior, incorporaré también otro MMM. Retengan el nombre, por favor: Manuel Moreno Mauricio. Un resistente. De Vélez-Rubio a Badalona. El mundo truncado de ayer bajo la dictadura explica aún el de hoy y hace dudar demasiado del de mañana, en medio del tercer plan de estabilización en curso. Sin spoilers, otra historia de la transición, en un tributo a quienes nunca dejaron de estudiar ni bajo las condiciones más inenarrables. Porque la historia enseña. A pesar de que tenga pocos alumnos.
David Fernàndez activista y periodista de la revista digital La Directa.