Junto al final del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo, no se habla de otra cosa:

VACUNAS: su ritmo de llegada es lento para lo que hace falta y además no es universal. Se está demostrando que la supeditación de su producción y distribución a los intereses de los dueños de unas patentes construidas con riadas de dinero público resulta incompatible con la salud de las personas y de buena parte de la economía. Pfizer y BioNTech recibieron cerca de 2000 millones dinero de los EEUU y Alemania; el coste de “crear la vacuna” ha sido de alrededor de 1000 millones y se espera que sus beneficios este año superen los 14 mil millones.  Sudáfrica, India y un buen puñado de premios Nobel solicitan suspender las patentes para producir más y más rápidamente las vacunas. La UE y las principales economías se oponen. Hablan de derechos de “propiedad intelectual” para justificar que hay que continuar enfermando, muriendo, empobreciéndose y cerrando pequeños negocios para seguir engordando su bolsa. Una bolsa que es, como se observa, lo más importante del mundo en el que nos obligan a vivir.

VACUNÓDROMOS: La apertura de grandes espacios deportivos para la vacunación muestra cómo el sistema de salud del reino anda bastante enfermo. Años de recortes neoliberales capitaneados por el PP, pero escoltados por los gobiernos del PSOE, han dejando a la atención primaria en el chasis. La Covid se ha encargado de sacar todas sus vergüenzas. El espectáculo de ancianos, personas con discapacidad y cuidadores desplazándose kilómetros y formado colas para vacunarse, que añaden sufrimiento y posibles contagios, representan una vergüenza. Serán buenas para la tele y la propaganda, pero nos recuerdan que necesitamos más medios y dinero público, y más control democrático sobre todo lo que condiciona nuestras vidas.

ESTADO DE ALARMA: Su llegada no evitó la pandemia, no salvó a los ancianos de las residencias, tampoco logró que la economía no se desplomara. Cierto es que el obligado e imprescindible confinamiento del año pasado impidió un desastre mayor y no es menos cierto que, vinculado al mismo, se construyó y dotó el pobre escudo social que hoy existe. Todas las disposiciones excepcionales en vivienda, suministros, impuestos, etc. están ligadas a ese estado de alarma; nada más las sustenta. De momento, los ERTE consiguen alargarse tres meses más; habrá que ver exactamente en qué condiciones. Sobre el resto de medidas, todo está abierto. Las comunidades señalan que, si termina el estado de alarma, quedarán aún más huérfanas de medios. El problema de fondo se halla en que, bajo el régimen del 78, ni una cosa ni su contraria nos valen para resolver los problemas de esta cuádruple crisis sanitaria, social, económica y ecológica abierta por el Covid-19. Así que, la pelea, se termine o no la excepcionalidad legal, va a ser grande porque la “excepcionalidad social” no han dejado de crecer y hace falta un plan de choque profundo para rescatar a nuestra sociedad.

URNAS: en Madrid se vota el 4 de mayo próximo. El PP convocó las elecciones para, sobre el lecho de una enorme abstención, seguir manteniendo la “especificidad madrileña”. O sea, un neoliberalismo extremo envuelto en fraseología trumpista.  Que no marquen el futuro y la salida de la pandemia, que no frenen cualquier avance de las fuerzas de progreso y de la izquierda en el reino pasa por echarles del ejecutivo madrileño. A ellos y a sus amigos de Vox. Para ganar un gobierno decente que inicie el rescate ciudadano votar será el primer paso.