El tarifazo eléctrico del 1 de junio nos ha dejado a todos temblando, mirando el contador de reojo. Como si fueran los aforos y horas de los bares en la pandemia, las familias memorizan los tramos en los que conviene planchar, hornear o poner la lavadora. No es para menos. La luz en mayo del 2021 ya era un 45% más cara que un año antes por esa misma fecha. En 6 años, hemos pasado de pagar unos 55€ de media al mes a más de 80€. El tarifazo implica un nuevo aumento de no menos de un 21%. Un escándalo.
El gobierno de coalición progresista se ha plegado a las eléctricas. Lo pueden disfrazar como quieran, pero obras son amores. El pacto de gobierno de 2019 entre PSOE e Unidas Podemos hablaba de una tímida reforma que perseguía introducir modificaciones tarifarias. Estas implicaban, de haberse llevado a cabo, un precio más bajo para los primeros kilovatios, lo que significaba un ahorro para las personas con menos ingresos. Ahora es justo lo contrario. El puñado de apellidos ilustres, que controlan en régimen de secuestro monopolístico un bien tan esencial como la energía y deciden cuánta, dónde y cómo se produce, imponen su voluntad sobre toda la sociedad. Aquí la firmeza del “pacta sunt servanda”, esgrimido en otras ocasiones a propósito de su acuerdo gubernamental, ha quedado reducido a simples migajas.
En resumidas cuentas, el gobierno baja un poco el coste de la parte fija de la luz (incrementada en su momento por Rajoy un 100%) y anuncia una reforma destinada a que las eléctricas dejen de llevarse crudo un sobre beneficio de unos 1000 millones al año por costes que ya no tienen. El sistema de precios del reino no distingue las fuentes que sirven para generar electricidad y las cobra todas por la más alta. Concretamente la vara de medir está en el gas que alimenta las centrales de ciclo combinado. En otras palabras, es como si todo el menú de una comida a base de acelgas lo pagáramos por el precio del langostino viudo que nos dieron de entrante.
A mitad de febrero de este año pudimos conocer que Endesa ganó 1.394 millones de euros en 2020, ocho veces más que en 2019, o que Iberdrola tuvo unas ganancias récord de 3.610 millones. Hay que reconocer que el sistema resulta goloso para los de siempre. No quieren cambios e incluso el anuncio del gobierno se les antoja ya un exceso.
Parece evidente que es necesaria una profunda reforma del sistema de generación, comercialización y distribución de energía, que debe ser sostenible, accesible y asequible para la mayoría de la sociedad.
El gobierno ha optado por trasladar y recudir toda la responsabilidad de ese cambio a los ahorros que pueda realizar la ciudadanía. Algo inútil para frenar el cambio climático y que, además, sigue sometiendo cualquier mudanza a la tiranía de las grandes empresas que miden lo verde por los fajos de billetes que ingresan.
Es imprescindible que la sociedad recupere el control sobre sus recursos. Ganar en democracia implica tomar medidas decididas contra las eléctricas y su modelo de negocio. Hay que construir de abajo arriba el cambio energético que el planeta y nuestra salud exigen. Debemos nacionalizar las eléctricas, recuperarlas así para el común, a la vez que gestionar a partir de los barrios, las comunidades y las pequeñas ciudades la energía. El día 5, en Santiago de Compostela, varios miles de personas salieron a la calle para reclamar esa reorganización democrática y rechazar los macro parques eólicos que de nuevo las eléctricas quieren crear. Sobre este tema, el próximo miércoles, 9 de junio, a las 19h, la Fundación Socialismo sin Fronteras ha organizado un debate: “Los parques eólicos y la transición ecológica”, con Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova; Jéssica Rei, de Salvemos la comarca de Ordes ; Dani Cornellà, parlamentario de la CUP-Guanyem y Mikel Otero, parlamentario de EHBildu.