No hay día en el que el presidente Sánchez no diga que la base de la política gubernamental es “no dejar a nadie atrás”. Pero los números y, ahora, la calle empieza a llevarle seriamente la contraria. Las cifras de pobreza no bajan, la precariedad continúa bien instalada, los desahucios o el corte de suministros están a la orden del día. El llamado escudo social resulta escaso y cicatero. De ahí que, entre ola y ola de pandemia, la lucha saque la cabeza y la calle, en cuanto la “normalidad” lo permite, vuelva a ser el mejor medio de intentar resolver los serios problemas que los discursos esquivan. Movilizaciones que exigen soluciones a problemas que la propia pandemia y sus efectos no han hecho más que agravar.
Llevamos varias jornadas de paro total en el metal de la bahía gaditana. Formalmente se trata de una huelga por su convenio, pero el unánime apoyo que está cosechando demuestra que lo que está en juego es el futuro de toda una comarca a la que se quiere mandar al hambre. La huelga sigue toda la semana. Hoy, junto con los estudiantes que también se han puesto en huelga y todos aquellos que decidan sumarse, celebran una manifestación por las calles de Cádiz. De forma masiva y pacífica se oponen al violento intento de condenarles a no tener ni presente ni futuro.
Igual ocurre en A Mariña, donde los de Alcoa mantienen, erre que erre, la defensa del futuro de las gentes de Lugo. Quieren vivir en su tierra, pero el gobierno autónomo y el del Estado se niegan a intervenir, a nacionalizar para que la gente pueda trabajar allí donde reside. Defender que no se vacíe España exige nacionalizar; lo contrario pasa por permitir la violencia patronal y la expulsión del territorio.
Ayer se concentraron los trabajadores del sector automovilístico en Madrid. El peso del sector en la economía española supera el 10% del PIB y emplea a unos 500.000 trabajadores. También exigen la intervención de los poderes públicos para defender el futuro de una industria que se encuentra en plena mutación. No hacerlo, aboca a la destrucción del tejido productivo y social en muchas partes del territorio.
Intervención piden así mismo las auxiliares de Ayuda domicilio que el domingo se manifestaron por el centro de Madrid. Tres de ellas llevan acampadas 20 días a las puertas del Ministerio de Trabajo. Se trata de un sector claramente feminizado y de salario corto, pero de largas y sacrificadas jornadas. La movilización apunta certeramente: la dependencia no es un negocio, sino una necesidad y un derecho, y por ello, reclaman el carácter público (la municipalización) de los servicios que prestan.
El jueves será 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las calles de las ciudades se llenarán una vez más para exigir “ni una menos: Vivas, libres y combativas nos queremos”, para denunciar con rabia las 70 asesinadas y las 12.084 mujeres que han denunciado amenazas, violencia sexual, violaciones, etc. en lo que va de año. También para reclamar “recursos, educación y justicia feminista”.
La calle quiere soluciones, no quedarse atrás en empleo, salud, educación, igualdad, libertades y derechos que nos hacen fuertes. Lo resumía muy bien el enorme gentío que respondió a la convocatoria de manifestación convocada por EH Bildu del pasado 20N en Bilbao en la que se exigía una “república libre de iguales”. Para que la afirmación de que no hay que dejar a nadie atrás sea algo más que un eslogan hace falta, como nos recuerdan Cádiz, Madrid, A Mariña y las mujeres, una intervención mucho más decidida del gobierno a favor de la mayoría de la población.