l debate sobre los Presupuestos en Catalunya ha mostrado la fragilidad del Govern e indirectamente las dificultades del movimiento independentista y soberanista para definir una estrategia después de la rebelión de octubre de 2017.

Dos elementos condicionan toda discusión sobre los Presupuestos: la pandemia y los fondos que tienen que llegar de Europa y la crisis del sistema autonómico de financiación, especialmente grave en Catalunya por el diferencial entre lo que aporta y recibe. Los Presupuestos presentados representan un tímido giro, completamente insuficiente, hacia políticas sociales, especialmente necesarias en sanidad, educación y lucha contra la desigualdad, que se combinaban con el mantenimiento de inversiones especulativas, como unos Juegos Olímpicos de invierno o un nuevo centro de juego y diversión en Tarragona, que tanto gustan al sector convergente presente en Junts por Catalunya, a ese sector de la burguesía catalana que medra en la especulación inmobiliaria y territorial.

En primera instancia, el Govern no consiguió la mayoría suficiente para poder debatirlos en el Parlament. La CUP, después del voto de su militancia, decidió no apoyarlos. El president Aragonés tuvo que negociar de urgencia con los Comunes para lograr una mayoría suficiente. Eso desató la ira de Junts, que montó un pequeño escándalo y quiso desvincularse del acuerdo, -a pesar de que el conseller de Economía es de su órbita-, y finalmente votó a favor.  

Esta sucesión de hechos ha abierto la caja de los truenos, la mayoría independentista ha sido puesta en cuestión y se ha tambaleado el mismo Govern de la Generalitat.    

Táctica

Esta crisis, latente desde que se formó la actual mayoría parlamentaria, ha mostrado algunas cuestiones interesantes.  

La CUP, necesaria para la mayoría independentista en el Parlament, puso a votación entre su militancia la decisión sobre los Presupuestos. La mayoría (63,42%) votó a favor de presentar una enmienda a la totalidad, y en una segunda pregunta una mayoría parecida (68,79%) se pronunció a favor de seguir negociando. Una buena táctica: oposición a unas políticas que no responden a las necesidades de la población y disposición a seguir negociando; de hecho, a seguir presionando para arrancar concesiones. Es una táctica que corresponde a la situación actual. Desde una perspectiva de izquierdas y soberanista, no tendría ningún sentido hacer caer el Govern. Mientras se preparan las condiciones para una alternativa, lo conveniente es presionar, presionar y presionar, y con movilizaciones en la calle mucho mejor. Es la táctica de Bildu y ERC respecto al gobierno de Madrid, que, sin embargo, no utiliza la CUP en Madrid.

La CUP no mantuvo esa táctica hasta el final, y aunque logró ciertas concesiones, por ejemplo, ampliar las partidas dedicadas a vivienda o retirar las aportaciones a los Juegos Olímpicos y al montaje de Tarragona, se retiró de la negociación permitiendo que los Comunes facilitaran los votos necesarios en el pleno del Parlament. Por los a veces giros sorprendentes de la política ha sido posible y positivo el entendimiento entre el independentismo de ERC y el soberanismo de los Comunes, al que bien podría sumarse la CUP, como ejemplo de una alianza de las izquierdas catalanas. De rebote, los Comunes arrancaron a ERC un acuerdo para apoyar los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Otro ejemplo de mayoría diversa y plural de las izquierdas.

De estas carambolas se pueden extraer algunas ideas: primera, que se puede y se debe presionar para un giro hacia la izquierda en las políticas destinadas a dar respuesta a las necesidades de la población más desprotegida y, segunda, que es posible concretar acuerdos de las izquierdas tanto en las instituciones como en la calle.

Quien ha salido más debilitado de esta situación ha sido Junts per Catalunya. Quiso sentirse despechado y lavarse las manos del acuerdo presupuestario, pero eso le abrió una crisis interna entre quienes prefieren que todo vaya lo peor posible y quienes han comprendido que no podían quedarse al margen de las decisiones económicas.

Ho tornarem a fer (Lo volveremos a hacer)

Uno de los problemas políticos más difíciles de resolver tiene que ver con el balance después de una rebelión o una revolución que no ha triunfado. En la política catalana hay mucho de eso. En octubre de 2017 se fue muy lejos en el enfrentamiento con el Estado, la rebelión movilizó a millones de personas y se abrió la posibilidad de dar un vuelco al régimen, de avanzar hacia una república catalana. No es esta la ocasión de entrar en los detalles y balance, pero sin una nueva perspectiva política y social será difícil seguir avanzando. El movimiento republicano catalán ha demostrado su potencia y su resistencia, pero ahora mismo está desorientado y falto de una perspectiva. El ho tornarem a fer que dijo Jordi Cuixart ante el tribunal que lo condenó necesita de contenido y de fuerza movilizada para ponerlo en práctica.

Ante cada dificultad, los enemigos del derecho a decidir pretenden enterrar el proceso republicano y de emancipación catalán. A pesar de la falta de una perspectiva y del enfrentamiento interno entre sus componentes (que no es nuevo), el movimiento sigue bien vivo. Se confirma cada vez que hay elecciones, o en los numerosos actos que casi diariamente se celebran por toda Catalunya, en las protestas ante los juicios relacionados con el procés, en las iniciativas del debate constituyente (un debate popular para establecer las bases constitucionales de una república catalana) en la red del Consell de la República, en la iniciativa para un Acuerdo Nacional por el Derecho de Autodeterminación o en los 180.000 socios de Ómnium Cultural. Parafraseando al Tenorio, bien podríamos decir que “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

Generalmente, las revoluciones o rebeliones, como la catalana, tienen siempre una segunda oportunidad. La primera plantea el problema. La segunda tiene la ocasión de resolverlo. En la revolución francesa hay una primera etapa que va desde la toma de la Bastilla en 1789 hasta la caída del rey en agosto de 1792. En septiembre se proclama la república y se toman las medidas más revolucionarias para acabar con el feudalismo. En 1905 las clases populares del imperio ruso se levantaron y obligaron al zar a aceptar ciertas garantías constitucionales. La revolución fue derrotada, pero fue un ensayo y sus enseñanzas permitieron doce años después el triunfo de la revolución social en 1917. En octubre de 1934, un levantamiento obrero en Asturias se opuso al intento de las derechas de liquidar la república. El levantamiento fue aplastado, pero anunció la revolución de julio de 1936 contra el golpe fascista. El revolucionario del POUM, Joaquín Maurín, escribió Hacia la segunda revolución (también titulado Revolución y contrarrevolución) dedicado a sacar las lecciones del levantamiento asturiano como preparación de un nuevo intento revolucionario. Eso es lo que toca ahora a las diferentes fuerzas políticas y sociales del proceso emancipador catalán, que también debería afectar e interesar al conjunto de las izquierdas. Una de las fortalezas del republicanismo en el conjunto del Estado está en Catalunya, ya solo por eso el debate debería interesar a todos los demócratas del Reino de España.    

Referéndum

Lo que permitió la rebelión de octubre de 2017 fue la confluencia de muchas fuerzas e intereses con un objetivo: mostrar que el pueblo catalán, que es quien vive y trabaja en Catalunya, quiere decidir su futuro, libre y democráticamente. La represión del Estado -y, digámoslo también, la indecisión y falta de plan de los dirigentes independentistas- impidió que el proceso republicano continuara.

Un nuevo intento necesita de las enseñanzas del anterior y que se reúnan las condiciones: básicamente un nuevo proceso movilizador del pueblo y una crisis del Estado. Eso no se improvisa ni se puede resolver con un simple acto de voluntad. Necesita de nuevas experiencias y acumulación de fuerzas, de una relación clara entre reivindicaciones sociales, económicas y democráticas, para que las clases trabajadoras formen parte de ese proceso, de un contenido republicano, de alianzas con otras fuerzas soberanistas y de izquierdas del Estado y, evidentemente, de alianzas a nivel internacional.

Por más que siempre haya gente impaciente y que querría hacer mañana lo que no se hizo en 2017, en la práctica se reconoce que hay que rehacer el camino y encontrar uno nuevo. ERC defiende la mesa de diálogo con el gobierno Sánchez como un medio para lograr la amnistía y la autodeterminación (es decir, un referéndum). La CUP llevaba en su programa electoral la convocatoria de un referéndum durante esta legislatura. Incluso Junts per Catalunya tiene que reconocerlo. En septiembre, Laura Borràs, de Junts y presidenta del Parlament, señaló, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que “el mandato del 1-O sigue vigente y solo puede ser sustituido por un referéndum acordado, vinculante y con reconocimiento internacional”. Cierto que hay otros sectores del independentismo, como el Consell per la República o la ANC (Asamblea Nacional Catalana) que consideran que el referéndum ya se hizo el 1 de octubre de 2017 y que solo haría falta proclamar la república catalana, pero no parece que estén en condiciones de hacerlo ni que pudieran oponerse a una propuesta de este tipo avalada por un proceso de movilizaciones.

Jordi Cuixart, que sigue siendo uno de los dirigentes con mayor claridad de ideas, en su libro Aprenentatges i una proposta (Enseñanzas y una propuesta) aborda este debate. Dice: “Hay que gobernar bien Catalunya y, al mismo tiempo, comprometerse a celebrar un nuevo referéndum lo más pronto posible y sin más adjetivos. Tanto si le gusta al Estado o no le gusta. […] Ahora mismo no hay posibilidad de hacer un referéndum pactado, un nuevo referéndum unilateral o una declaración efectiva de independencia. […] (antes hay que lograr) la madurez de aceptar que habrá que realizar grandes actos masivos en el marco de la lucha no-violenta. Y que estos actos pondrán en juego la estabilidad, también emocional, de la sociedad”. Y del conjunto del Estado, habría que añadir. Esta propuesta es, además, la que concita mayor apoyo entre la población y permite una alianza práctica entre independentistas, soberanistas y demócratas. La iniciativa puesta en marcha de un Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación podría ser el marco diverso y plural para desarrollarlo.  

Los jueces siguen marcando la agenda

No es voluntarismo o simple deseo la idea de que hay que preparar una segunda oportunidad para la emancipación catalana, para construir una república y/o diferentes repúblicas en el marco de lo que actualmente es el Reino de España. Es la ceguera del propio Estado español la que genera las condiciones para una nueva rebelión.

No solo mantiene la persecución y el juicio contra más de 3.500 personas acusadas, sino que ha desatado un nuevo incendio con la decisión del Tribunal Supremo de imponer que el 25% de las clases que se dan en las aulas tengan que ser en castellano. Esta decisión rompe el modelo de inmersión lingüística que funciona con normalidad desde los años ochenta, contradice el Estatuto de Catalunya en vigor y se opone a las decisiones del Parlament respecto a la lengua. Crea un problema allí donde no lo hay. No existe un problema lingüístico en Catalunya. No llegan a 100 las familias que durante los últimos años pidieron la escolarización en castellano y a todas ellas se les atendió. Detrás de los jueces las derechas ya se han lanzado al ruedo y pedido el 155 para obligar a imponer la norma. Es un ataque a una de las cuestiones más sensibles en Catalunya, la defensa de su lengua como una de las características que la definen como nación, y que forma parte de una larga lista de decisiones del aparato judicial de la Monarquía contra la lengua. Algunos ejemplos: la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 contra el Estatut; en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dejó sin efecto siete artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona y diecinueve en el caso de la Diputación de Lleida; se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Cine y la propia Ley de Educación de Catalunya. Las dificultades de una lengua minoritaria, ya de por sí importantes rodeada de otras lenguas potentes, se ve agudizada por la imposición legal y antidemocrática de la justicia del Reino de España.  

Es ese mismo aparato judicial que sentenció contra el Estatut y que dio paso a la movilización democrática que tuvo su punto álgido el 1 y 3 de octubre de 2017. Ese mismo aparato que condenó a los dirigentes de la rebelión catalana a largos años de cárcel y que ahora quiere golpear la lengua de un país. Habrá respuesta. Para empezar, el 18 de diciembre está convocada una gran manifestación en Barcelona en defensa de la lengua.

Miguel Salas es miembro del comité de redacción de Sin Permiso