Es difícil defender el concepto de estabilidad cuando se está en una montaña rusa. Pero a finales de 2021, hace escasamente cuatro meses, la aprobación de los presupuestos más expansivos “de la historia” -como viene siendo ya habitual dado el carácter del Gobierno de Coalición Progresista (GCP)-, que debían hacer realidad el Plan de Reconstrucción y Resiliencia europeo, situaban en la mejor perspectiva posible la negociación y aprobación de la reforma laboral. La gestión de las ayudas europeas, vía ley del presupuesto, había abierto en canal el bloque de la derechas políticas y sociales. Mientras el candidato conservador Pablo Casado rompía cualquier opción de gobierno de coalición bipartidista con el PSOE y exigía a Vox que se sometiera a su hegemonía, Garamendia, dirigente de la patronal CEOE, contribuía al nuevo consenso social pos-PP. A su vez, la ministra de trabajo y dirigente designada de Unida Podemos en el GCP, Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT admitían los límites impuestos a la reforma laboral por la Comisión Europea.
¿Qué más estabilidad podía pretender el régimen del 78? Bajo el cesarismo de Pedro Sánchez se establecía un nuevo consenso social que debía sostener la política de reconstrucción para la salida de la crisis con un escudo social reforzado, cuyos primeros beneficiarios -como demostrarían los resultados de las empresas y la banca- era la derecha social, a cambio de una política de rentas contenida en la negociación colectiva, que evitase una escalada de conflictividad social. La “política de mal menor” se convertía en la formula natural de la estabilidad de este equilibrio que representa el GCP: todo intento de ruptura del régimen en la periferia implica una ruptura reaccionaria en el centro, todo incremento de salarios una garantía de aumento de beneficios.
Lo que quedaba era un largo período preelectoral hasta las elecciones a finales de 2023. Su principal obstáculo eran las propias contradicciones estructurales del régimen del 78, en forma de corrupción, cloacas policiales, cuestión catalana o el Sáhara Occidental, por otra parte largamente arrastradas. Y de pronto un misil en Ucrania convirtió todo lo solido en chatarra.
Los efectos de la guerra de Ucrania
La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero ha trastocado todo este escenario: ha minado las ya optimistas previsiones de continuar la recuperación de 2021, haciendo saltar el escudo social con la inflación; ha dado un nuevo aliento al bloque de la derecha social y política tras la formación del gobierno PP-Vox en Castilla y León y la sustitución de Casado por Alberto Núñez Feijóo como su candidato. Mientras tanto, la propia reproducción del GCP depende de la reconstrucción del espacio a la izquierda del PSOE, sin que la candidata designada, Yolanda Díaz, haya iniciado ni siquiera el “proceso de escucha” pre-constituyente.
Quizás bastaría comparar la evolución de las encuestas con la corrección de las predicciones de crecimiento del Banco de España y la Comisión Europea para caracterizar el año y medio que espera hasta las elecciones.
En el primer caso, la encuesta del CIS de marzo y la publicada poco después de la empresa 40dB -tras la aparición en escena de Feijóo-, muestran el reforzamiento de la movilización de las derechas frente a la relativa apatía de la base social de las izquierdas, especialmente de Unidas Podemos. Si el CIS sitúa al PSOE siete puntos por delante del PP (31,5% frente a 23,8%), esta ventaja se reduce a la mitad en solo un mes según la encuesta de 40dB, con una ventaja de solo 2,5 puntos del PSOE. Con el ascenso moderado de VOX y la caída continua de Ciudadanos, las derechas obtendrían 169 escaños, lo que seguiría situando la mayoría parlamentaria de 176 en manos de las derechas autonomistas y las izquierdas soberanistas vascas, catalanas y gallegas. Pero el bloque de las izquierdas, con 143 escaños, sería más dependiente. La suma de escaños del PSOE y el PP sería de 204. Público publica hoy un estudio de Key Data con un «empate técnico» PSOE-PP y un bloque de derechas de 172 escaños. Y ello explica la inicial estrategia bifronte de Feijóo.
En el segundo caso, las predicciones de crecimiento, el Banco de España ha rebajado un punto las publicadas por la Comisión Europea en febrero, del 5,4% al 4,5% para 2022 y otro para 2023, del 3,9% al 2,9%, con una inflación disparada del 7,9% en 2022 y del 2,0% en 2023, pero admite que “están plagadas de una extraordinaria incertidumbre” a la baja. Es decir, las consecuencias de la guerra de Ucrania erosionan en un 50% las predicciones de crecimiento y la inflación agrieta enormemente la eficacia del escudo social del GCP.
Conflictividad social y política de rentas
Tras la aprobación esperpéntica de la reforma laboral, gracias al error de un diputado del PP, sus efectos sobre el crecimiento del mercado de trabajo se han hecho sentir. El número de empleados ha crecido a 20, 18 millones de trabajadores y un tercio de los nuevos 153.900 contratos son indefinidos. Pero esta tendencia al reforzamiento de la capacidad de negociación y auto-confianza de los trabajadores se ve contrapesada por la pobreza severa acumulada, que según Caritas ha pasado del 9,5% al 11,2%, creciendo en 2,5 millones y sumando a un total de 5,3 millones de personas.
Tras el pulso en la subida del salario mínimo interprofesional, el pasado mes de febrero, la política de rentas para hacer frente a la erosión de los salarios por la inflación se ha convertido en la siguiente prueba de fuerzas del escudo social. Si las subidas con una inflación del 2% se han situado en los últimos convenios en una media de 1,5%, la propuesta de la patronal para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -marco pactado de la política de rentas-, es de 2,5% en 2022, con una inflación prevista del 7,9%, del 2% para 2023, con una inflación del 2%, y una subida del 1,5% en 2024. A lo que se acumularía un 1% adicional si la productividad por trabajador sube entre el 2% y el 4%. Es decir, una perdida acumulada, de cumplirse las predicciones, de mas de un 5% en 2022, que se consolidaría en 2023 y que ampliaría la brecha entre el aumento de la productividad y el crecimiento del salario mínimo, rompiendo la tendencia de los últimos cinco años.
La propuesta sindical de CCOO y UGT son aumentos del 3,5% en 2022, 3,2% en 2023 y el 3% en 2024, con la suma de la diferencia de la revisión del IPC anual, de manera que no haya perdida de poder adquisitivo mediante la extensión de esta clausula, que actualmente solo protege al 30% de los trabajadores con convenio, tras casi doblarse en los últimos meses. En el caso de los trabajadores con el SMI o pensiones mínimas, los sindicatos piden una prestación temporal y de pago único. El Banco de España ya ha intervenido para limitar cualquier revisión al cálculo de la inflación subyacente (3,4%), excluyendo los aumentos de precios de energía y alimentos.
Pero fue precisamente el precio de la energía, en concreto del gasóleo, el que hizo estallar el conflicto con los transportistas, que en una semana amenazó con desabastecer las redes de comercio minorista. La promesa de bonificaciones sin concretar, a la espera de acuerdos en el Consejo europeo de marzo, no fue suficiente para desconvocar a autónomos y pymes, cuyas asociaciones desbordaron a la Plataforma del sector que había convocado las movilizaciones. Alentadas por las derechas, con el apoyo de la gran patronal del sector- CNTC y FNATE- comenzaron a arrinconar al GCP hasta conseguir 20 céntimos de rebaja por litro en ayudas directas al momento de repostar.
Con este trasfondo llegó Pedro Sánchez al Consejo Europeo del 27 de marzo, donde su objetivo fue lograr con Portugal una cláusula de “excepcionalidad ibérica”, que permitiera poner un tope al precio del gas del sector eléctrico y evitar que con el 15% imponga su coste marginal a toda la factura de la luz, a pesar de las críticas de Alemania y Holanda de que ello implicaba acabar con la unidad del mercado energético común. Con un golpe de efecto, consiguió lo que buscaba, y el margen de maniobra para que tres días mas tarde el GCP aprobase su “Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra”, que Albino Prada ha analizado en SP, un segundo escudo social por un importe del 1,5% de los presupuestos.
La propuesta de las derechas: desgravación fiscal
Frente a las medidas temporales del segundo escudo social -prohibición de despido por causa objetiva por el precio de la energía, tope de aumento de alquileres al 2%, aumento del 15% del ingreso mínimo vital, subvenciones generales a los combustibles, prorroga de 10.000 millones de créditos del ICO..- la derecha, con Feijóo al frente, ha centrado su programa de oposición en la desgravación fiscal.
Tras una semana de filtraciones y globos sonda, la propuesta se ha concretado en una carta de Feijóo a Sánchez, quince días después de su encuentro en La Moncloa, con la oferta de un pacto de estado. La propuesta consta de varios elementos: 1) Una rebaja del IRPF de hasta 10.000 millones de euros, creando un nuevo mínimo adicional de 50 euros que no tributaria y deflactando la inflación; 2) la entrega de 200 a 300 euros anuales a las familias que no declaran; 3) la bajada del IVA de la electricidad al 4% o 5%, y no solo al 10% como ha hecho el gobierno; 4) nuevas reducciones de los precios de los carburantes; 5)utilizar el 7% de los fondos europeos, 4.900 millones para incentivos fiscales a las empresas. En definitiva, de lo que trata la propuesta es de una renegociación de los presupuestos aprobados por la coalición que apoya al GCP y dar al PP un derecho de cogestión de los fondos europeos post-Covid que viene reclamando para condicionar la política social y económica del GCP (“Que Ejecutivo y la alternativa de gobierno trabajen juntos asuntos tan relevantes”).
Técnicamente, la rebaja fiscal propuesta por el PP supondría la mitad de la recaudación por IRPF, superando el 4% del PIB, en un momento en el que el aumento de la recaudación prevista de unos 9.000 millones esta ya comprometida con el programa de bajada de impuestos del GCP en la factura de la luz, que se situará entre los 7 y los 12 mil millones dependiendo de su extensión.
Las empresas españolas, por otro lado, han salido de 2021 con unas ganancias sin precedentes de 64.021 millones de euros, después de haber perdido 9.389 millones en 2020. El crecimiento del 5% de la economía española y del 6% de la mundial ha supuesto un aumento de la facturación interanual del 13,8%. Si en la siderurgia las ganancias fueron del 43% superiores, del 42 en la automoción, pero en el caso de Telefónica fue del 414% gracias a la reestructuración de la multinacional. El sector bancario -sometido a una fuerte reestructuración, cierres de oficinas (el 55% desde 2008) y reducción de personal tras las fusiones (16.500 empleos)- ha obtenido también beneficios por valor de 19.866 millones de euros, tras haber perdido en 2020 mas de 5.000 millones.
El problema presupuestario más importante en 2022 en relación con la inflación será la revalorización de los nueve millones de pensiones, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que solo sería factible con aumento de la deuda pública cuando el banco Central Europeo ya ha anunciado el repliegue de su política de flexibilización cuantitativa mediante la compra de bonos y la subida paulatina de los tipos de interés. El peligro de una nueva crisis de gestión de la deuda, con la subida de las primas de riesgo, no es suficiente sin embargo para cambiar la orientación del gran capital de preferir la emisión de deuda al aumento de la recaudación fiscal y presionar por la reducción del gasto público a los niveles anteriores a la crisis del covid.
Detrás de las propuestas del PP se esconde en realidad un nuevo plan de ajuste, cuyos primeros beneficiarios serían los tenedores de bonos públicos.
Gustavo Buster Es co-editor de Sin Permiso.