Reivindican recuperar derechos y salarios perdidos por la crisis y exigen inversiones para mejorar la sanidad, la educación y la asistencia pública, recortada y vapuleada por las políticas neoliberales y los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE y el PP en Madrid, como el de Convergencia en Cataluña. A algunos les ha faltado tiempo para intentar enfrentar estas movilizaciones al proceso de autodeterminación, de exigencia de una república catalana. Son los mismos medios de comunicación o comentaristas que el 3 de octubre del 2017 presentaron como energúmenos a los que se movilizaron contra la represión policial el 1 de octubre. Todos los sectores movilizados tienen el deber y el derecho de luchar para mejorar su situación y la de la sociedad y, más aún, sin su participación el movimiento republicano sería inimaginable. Lo que es inaguantable es que el gobierno Torra sea incapaz de responder positivamente a las reivindicaciones. La república que se reivindica tiene que ser un cambio en lo social y en lo democrático, no una repetición de viejas políticas.
Las huelgas y movilizaciones también han sido importantes en el Euskadi. Paros en el transporte de Bizkaibus; en las Residencias de Guipúzcoa; en los centros de enseñanza concertada, 215 centros, 9.000 trabajadores y 120.000 alumnos, con un convenio pendiente de renovar desde hace 10 años; en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Vizcaya, 1.500 trabajadoras, con un convenio pendiente de renovar desde 2015. Todos estos sectores tienen convocadas jornadas de huelga para diciembre, como también la limpieza de Vitoria, huelga indefinida desde el día 2; el 12, huelga en Oficinas y Despachos de Vizcaya. Se calcula que en las últimas semanas ha crecido en un 30% la conflictividad laboral.
En Galicia, hubo paros esta semana en la Televisión gallega y hay huelga convocada para el día 19. También protestaron los médicos del Sergas, con razones muy parecidas a las de Cataluña, cargas asistenciales insostenibles, contratos basura, recortes salariales y retribuciones de jornada complementaria vigentes desde 1997. Y siguen las protestas de la plantilla de Alcoa contra un ERE que cierra la factoría de A Coruña. En Andalucía, en plena campaña electoral, los médicos de la sanidad pública realizaron paros el día 27. El día 30, protestaron los residentes del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El mismo día, 60.000 trabajadores y trabajadoras de Correos de toda España siguieron masivamente la huelga para exigir la recuperación de un 9% del salario perdido en los últimos años y la contratación de 15.000 personas para poder dar el servicio adecuado y rebajar la presión laboral. Para finalizar la semana, el sábado, 1 de diciembre, las Marchas de la Dignidad salieron a la calle bajo el lema “Sin derecho no hay justicia”.
¡Menuda semanita! Y seguro que no hemos recogido todas las huelgas y conflictos. Las semanas próximas tienen parecida perspectiva. Además de los sectores que ya están movilizados, la Administración Pública catalana irá a la huelga el 12 de diciembre para exigir la recuperación de las pagas no abonadas de 2013 y 2014. El día 15, la Marea pensionista se manifestará por toda España en defensa de las pensiones públicas y para la mejora de las más bajas. Correos tiene convocados nuevos paros, Amazon también y otros que iremos conociendo. Se están negociando numerosos convenios y las patronales se resisten a acordar lo que firmaron con los sindicatos: un salario anual mínimo de 14.000 euros.
Cierto que esta semana se han concentrado numerosos conflictos, pero la tendencia del movimiento huelguístico ya era ascendente.
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Número de huelgas |
Participantes |
Jornadas no trabajadas |
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2016 |
641 |
183.120 |
388.912 |
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2017 |
730 |
482.878 |
851.444 |
Fuente. Ministerio de Trabajo
La tendencia decreciente desde 2009 tuvo su nivel más bajo en 2015, con solo 615 huelgas. Entre 2016 y 2017, el aumento de participantes y jornadas no trabajadas supera el 200%. De enero a agosto del 2018, el último balance publicado, se habían producido 454 huelgas, con la participación de 195.607 personas y 420.732 jornadas no trabajadas, sin contar la participación en la huelga feminista del 8 de marzo, cuyos datos se han mencionado anteriormente. Hay que señalar que la mayoría de los conflictos tienen un carácter ofensivo, de recuperación salarial y de mejoras colectivas, y no simplemente defensivas, frente a un ERE o despidos.
El malestar tiene raíces profundas y está muy extendido. Los salarios siguen sin recuperarse. El último informe de la OCDE advirtió del estancamiento salarial “inaudito”, a pesar de una cierta recuperación económica y del empleo, básicamente precario y mal pagado. El acuerdo entre patronal y sindicatos no logra sus objetivos y buena parte de los aumentos salariales se los come la inflación. Un informe de CCOO expresa la sobreexplotación en torno a las horas extra no pagadas. “En España -se lee- se realiza un abultado número de horas extra que no se pagan, ni con dinero ni con tiempo de descanso: 3 millones de horas a la semana en el segundo trimestre de 2018, el 44% de todas las horas extra trabajadas. Esta situación de explotación afecta a 410.000 trabajadores/as de media”. El perfil de las horas extra no pagadas no corresponde a trabajos precarios sino a empleos fijos de determinados sectores que prolongan la jornada laboral sin cobrar y sin cotizar a la Seguridad Social. Un doble robo de los empresarios. Los servicios públicos, como se ha podido ver en los conflictos de esta semana, funcionan mal y tienen enormes déficits, lo que representa una nueva carga sobre la población trabajadora. El aumento de los alquileres y precios de la vivienda, de los servicios básicos, luz, agua y gas, hace la vida difícilmente soportable para amplias capas de la sociedad, en particular la juventud. De los Presupuestos para 2019 nadie augura su futuro. Bruselas ha puesto bastantes pegas y el gobierno Sánchez parece más interesado solo en prorrogar la legislatura que aprobar las medidas que anunció. Porque el problema que sigue sin resolverse es el de romper con la austeridad impuesta por las políticas neoliberales, y llega un momento en el que el malestar estalla, como se ve en las protestas de los chalecos amarillos en Francia.
Para que el optimismo de la semana fuera completo, solo faltaba conocer el triunfo de la plantilla de Coca Cola de Fuenlabrada, que desde 2014 han mantenido una tenaz lucha para defender sus puestos de trabajo. Tras de cinco años de lucha y de solidaridad han conseguido un acuerdo que recoge buena parte de sus reivindicaciones: en un plazo de dos años la multinacional abrirá un centro en Madrid o a 70 kilómetros a la redonda para mantener el empleo; si la empresa incumpliera el compromiso se ha acordado un plan social de garantía individual para toda la plantilla; durante ese tiempo se abonarán los salarios y habrá prejubilaciones o indemnizaciones, según la edad del trabajador o trabajadora. En el comunicado del comité de empresa informando del acuerdo, se reconoce como un triunfo de la solidaridad de toda la clase trabajadora, que “debe servir de esperanza e ilusión” para no someterse y luchar ante injusticias y adversidades. La victoria sindical también debe ser “un escarmiento”, explican, para las empresas “que no respetan los derechos de sus trabajadores”.
El 14 de diciembre se cumplirán 30 años de la huelga general del 14 D de 1988, la de mayor participación y repercusión social de todas las que se han hecho tras el franquismo. Una buena manera de recordarla es la recuperación del movimiento huelguístico como medio para revertir los recortes impuestos por las políticas neoliberales y recuperar derechos y condiciones de trabajo.