Dobles realidades en el juicio del «procés»

“No -dijo el sacerdote-, no se debe tener todo por verdad, sólo se tiene que considerar necesario.

—Triste opinión —dijo K—. La mentira se eleva a fundamento del orden mundial”.

(El Proceso. Frank Kafka)

Sin que sirva de precedente, habrá que darle la razón al anterior secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, cuando declaró en el juicio que en Cataluña vivió “situaciones surrealistas”, que había “una realidad paralela” o “dobles realidades”. Algo parecido está pasando en el desarrollo del juicio. No nos referimos a las posiciones políticas, ya de por sí distanciadas, sino a la explicación de los hechos e incluso a los mismos hechos. Porque, efectivamente, al oír las declaraciones de los testigos de los fiscales o la acusación parece que tuvieron unas vivencias distintas a la mayoría de los mortales.

Recordemos que a las y los acusados se les acusa de rebelión, sedición y malversación y les podrían caer largas penas de cárcel. A Carme Forcadell, que fue presidenta del Parlament, se la juzga por permitir el debate de determinadas resoluciones en el Parlament. ¿Eso forma parte de la rebelión y sedición? A Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, dirigentes de Ómnium y la ANC, por su intervención en la concentración ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017. Al resto, miembros del govern, por ser miembros del govern que organizó el referéndum del 1 de octubre. Consideremos también que los hechos ocurren en Cataluña y que deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por el Tribunal Supremo. ¿Esto forma parte de las garantías democráticas o es una manera de asegurar el contenido de la sentencia? Consideremos también, y esto es muy importante, que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazó la extradición de Puigdemont porque consideró que no había base alguna para los delitos de sedición y rebelión, quizás de malversación, pero la justicia española retiró la petición (ganándose uno de los mayores ridículos ante la justicia europea). De por sí, eso ya debilita todas las acusaciones y, además, se juzga a la mayoría del govern pero no a su president. Tengamos muy en cuenta que en este proceso no se juzgará a quienes golpearon a la gente el 1 de octubre ni a los responsables políticos y policiales que ordenaron las cargas. Y, sobre todo, en un juicio con todas las garantías democráticas se deben probar los hechos y demostrar la culpabilidad, no al revés. Para redondear los aspectos “democráticos” del proceso, la acusación popular la ejerce un partido de extrema derecha.

El efecto fairy

Si empezamos por las declaraciones de quienes formaron parte del gobierno del PP, Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro y Zoido, parece como si apenas tuvieran responsabilidad en lo sucedido. Nadie se hizo responsable, se guiaban por lo que les decían, no previeron nada e incluso el ministro del Interior Zoido no decidió nada sobre el operativo. ¿Igual en esa época no hubo gobierno y no nos enteramos? Eso sí, repitieron el mantra de que había que cumplir la ley y definieron la línea de acusación: la violencia fue a causa de los escudos o murallas humanas, las cargas de la policía y la guardia civil fueron proporcionadas y nada de eso hubiera ocurrido si no se hubiera convocado el referéndum. Una lógica aplastante. Por ejemplo, no habría accidentes de coche si no hubiera coches. Parece mentira que esta idea no se le ocurriera al Sr. Zoido.

En los días siguientes declararon los segundos espadas, el que era Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el ex secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Recordemos que ambos son dirigentes del Partido Popular, el primero en Cataluña y el segundo fue alcalde de Córdoba, reprobado por el Congreso de Diputados en 2017 por chivarle al que fue presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que le estaban investigando, y actualmente portavoz del PP en el Parlamento andaluz. O sea, no son nada inocentes; para que lo tenga en cuenta el Tribunal. El primero pasará a la historia de la tontería supina en relación al orden público. Resulta que le explicaron (nunca vio en directo) que una de las violentas armas que usaron los que querían votar era tirar fairy en el suelo para que los agentes resbalaran y, ¡atención! les golpearan (quizás, para darle un tono más melodramático, dijo “patearan”). Añadió también que en su pueblo alguien dibujó una diana con su nombre. Pero ¿qué tienen que ver estos actos con las acusaciones de rebelión y sedición? ¿Algunos de los acusados lanzaron fairy, pintaron la diana o incitaron a hacerlo? ¿Dónde están las pruebas? Que otros lo hicieran  ¿inculpa a los acusados? Quiso trasladar un ambiente de violencia, que no se vivió durante esos días ya que ha sido la creación de un relato posterior. Otra cosa, bien diferente, era la tensión política que se vivía, normal cuando cientos de miles de personas están en movimiento. ¿Acaso no hay tensión cuando se va a la huelga por el convenio o se convoca una huelga general? Millo puso como ejemplo que se tuvo que atender entre 100 y 150 miembros de la policía o la guardia civil, entre esas dos cifras hay mucha diferencia, ¿no? ¿Fueron 100 o 150? El problema es que la declaración del director de la Policía ante el mismo Tribunal fue que “ningún policía había cogido la baja”. ¿Dónde estuvo la violencia? ¿En lo que vivieron y sufrieron miles de personas y se pudo ver por las imágenes grabadas o en la construcción mental realizada posteriormente?

Más firme en sus declaraciones fue el ex secretario de Interior, y por eso ha sido gozosamente felicitado por los sindicatos de policía. Porque, éste sí, por fin, se hizo responsable del operativo, él lo organizó y dirigió. El 1 de octubre declaró “se ejecutó de forma ejemplar», para que «el uso de la fuerza fuera el mínimo imprescindible”. Sin embargo, aparte de decir que el dispositivo funcionó según lo previsto (¿estaban previstas las cargas y agresiones policiales?) y de insistir en la fórmula que otros también repetirán, “teníamos seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto”, acabó echando la culpa a los Mossos d’Esquadra. Si ellos hubieran hecho el trabajo, vino a decir, no hubiera sido necesaria la intervención policial. Sí, se responsabilizó del operativo… para acabar echando la culpa a otros. Si Millo se lució con el fairy, Nieto alcanzó la gloria diciendo que “no hubo cargas policiales, que no se puede decir que técnicamente hubiera cargas”. Se podría preguntar a quien recibió los golpes si es capaz de distinguir esas diferencias técnicas, aunque muy seguramente no tendrá ninguna duda de que le golpearon. “Y ha desconcertado al personal al decir que técnicamente no hubo cargas policiales. Será que los profesionales de seguridad tienen razones que ni los ojos ven ni la razón entiende”, explicó Josep Ramoneda en la Cadena Ser.

Algo de verdad

Esa es la realidad paralela, las dobles realidades que pretenden explicar policías, jueces y dirigentes políticos, cuyo verdadero objetivo es generar la idea, no real, de que hubo una situación violenta generada por los acusados o, en todo caso, por la decisión de declarar una república en Cataluña. Por eso, la mayoría de ellos repiten fórmulas parecidas para que queden ancladas en el subconsciente: “tumulto”, “lenguaje prebélico”, “virulencia”, “murallas humanas”, y que saben, sabemos, que no corresponden a la realidad, sino que es su manera de ocultar que los sucesos de septiembre-octubre de 2017 fueron una marea democrática que quería votar y decidir, quería una república y mostró su rechazo a la actual forma monárquica. Sin embargo, entre tanta posverdad se cuela algo de verdad. El jefe de la Guardia Civil en Cataluña el 1 de octubre, Ángel Gozalo, desmintió el efecto fairy de Millo o de los otros jefes policiales que habían insistido en el reparto organizado de papeles en los colegios electorales para impedir la acción policial. “Eran gente que armónicamente y conjuntamente se unían los brazos, no escudos” -declaró- y también negó que hubiera “mayoritariamente” niños apostados en los colegios para recibir a los agentes, si bien sí destacó la presencia de gente mayor. El 5 de marzo, la Audiencia Provincial nº 3 de Barcelona decidió reabrir la investigación sobre las cargas policiales en el CEIP Estel de Barcelona. En este colegio, resultaron 18 personas heridas a causa de las cargas policiales. En el auto se señala que “es de común conocimiento que en algunos centros agentes de la autoridad procedieron a requisar urnas y papeletas sin incidente alguno y en otros centros en cambio se empleó una desmesurada violencia”, y también que la “violencia desproporcionada” no estaría “amparada por el cumplimiento de una orden aun cuando esta sea judicial”. “No por ello -continúa- podemos otorgar una especie de ‘patente de corso’ para cualquier acción de violencia cuando esta resulta innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder”. Para insistir en la negación de esa doble realidad que nos intentan presentar, sino que se trata de un movimiento amplio, democrático, republicano, en el que coexisten diferentes opiniones, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo expresó en su declaración ante el Tribunal: “Si estamos aquí por el 1-O, aquí deberíamos estar millones de personas” y culpó a “las cargas policiales brutales” de dar lugar a una situación “muy preocupante” y de “alterar una movilización pacífica, ciudadana, ejemplar y masiva”.

Queda todavía mucho juicio por delante y hay muy pocos indicios de que el Tribunal tenga en cuenta, como mínimo, la realidad de los hechos y la falta de pruebas concretas de que las y los acusados organizaran la rebelión y sedición. Por eso, además de la defensa judicial, hay que poner la mirada en la movilización por su libertad y absolución. En Cataluña no cesa y para el próximo día 16 de marzo está prevista una importante manifestación en Madrid, con la participación de miles de personas que se trasladarán desde Cataluña y que cuenta con la solidaridad de personas y organizaciones de Madrid y de otros lugares del Estado que apoyan la libertad de los presos y el derecho de autodeterminación.Miguel Salas Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.