Se sienten impunes y mientras puedan, no dejarán de llenarse los bolsillos. El lunes pagamos la luz a 132,65 euros el megavatio hora (MWh); hoy ha bajado un 4%. Que nadie se haga ilusiones: ¡el mercado mayorista ha subido un 60% en un año! El efecto arrastre de la electricidad ha provocado que la inflación se halle en las cotas más altas en años, el 3,3%. Vivimos secuestrados por un puñado de millonarios y su ejército de abogados. Europa y unas normas hechas a su medida lo permiten. El gobierno de coalición progresista duda, dividido. Sánchez promete que rebajará el precio de la luz, pero no dice cómo. Eso sí, afirma que la propuesta de crear una empresa pública de energía, la que pide Unidas Podemos, quedó fuera del pacto de gobierno y eso lo salva del debate. Absurdo. Tampoco el Covid-19 entró en el programa de gobierno y no por ello ha dejado de formar parte de las iniciativas del ejecutivo. La escalada de la electricidad ya desangra, a tenor de las encuestas, al propio gobierno. Un gobierno que cuenta con el respaldo del voto, pero cuyas acciones están dominadas y encorsetadas por las poco democráticas normas e instituciones de la constitución del 78 y los verdaderos poderes que sacan ventaja y dominio en este capitalismo de amiguetes en la que navegan unos “próceres de la patria” que ordenan, pero a los que nadie vota ni elige.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder judicial, cuyo mandato caducó hace ya más de 3 años, seguirá, mientras pueda, abriendo el año judicial ante el rey Felipe y ofreciendo doctrina de cómo oponerse a los indultos de los políticos presos. Continuará animando a mantener y ampliar el margen de un poder judicial que no se someta al parlamento ni al pueblo del que debe emanar todo poder.
También, mientras puedan, el emérito y el fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso seguirán a lo suyo; el primero, recibiendo, y el segundo, enviando información privilegiada para salvar al ex jefe del Estado de todo juicio. Juan Carlos I está investigado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y delitos fiscales. Lo desveló la prensa no el fiscal ni el Congreso de los Diputados. En la cámara, PP, Vox, C’s y PSOE impiden, una y otra vez, y votación tras votación, que se hable del tema. Todo vale para no someterse al pueblo.
Mientras puedan, Rajoy y Cospedal esperan librarse de los efectos legales de la operación “Kitchen” (el robo de los papeles de Bárcenas organizado por Villarejo con el dinero de los fondos reservados de Interior). Ambos quieren, con la ayuda del juez, cargarle el asunto al devoto Fernández Díaz, ex ministro del Interior y miembro del Opus, que condecoró a una virgen y organizó la brigada patriótica que espió ilegalmente a partidos y políticos catalanes y a Podemos.
Mientras puedan, las eléctricas continuarán estrujando a la ciudadanía, los jueces riéndose del pueblo, el emérito feliz en su retiro, su hijo en la Zarzuela y la población fuera de la política. Pero en el mundo perfecto de los golfos apandadores la lucha de clases se cuela inevitablemente. La huelga Glovo, la defensa de la sanidad, la de la educación estos días en Madrid o Murcia, o el próximo 11 de septiembre en Catalunya nos recuerdan que el orden del 78 y sus instituciones, encalladas y en crisis, resulta incapaces de resolver tan siquiera el precio de la luz. Es la hora de dar alas al aire republicano que lo vinculará todo a la decisión del pueblo, a su intervención y a su elección. Solo así acabarán los abusos de hoy.