Esta semana la guerra en PP adquirió un tinte brutal. Sangre, cadáveres, dinero, familia y poder se entremezclaron para ofrecer un espectáculo de primer orden. Una parte del sector activo de las izquierdas no ha dudado en acudir a la compra de palomitas. Ahora bien, como toda buena obra, la crisis en canal de los populares interpela directamente al espectador y, en consecuencia, coloca también a las propias izquierdas ante el espejo de sus tareas.
“El cadáver”
En siete días, al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya solo le queda el título. Perdió todo su poder. En 72 horas quienes le aclamaban, lo abandonaron y ejecutaron a toda velocidad. Tres de sus errores acabaron transformándose en pruebas de cargo irrefutables que determinaron la sentencia:
*El primero, el fallido voto en contra de la reforma laboral pactada por gobierno, patronal (CEOE) y sindicatos (CCOO y UGT). El voto “no” fue organizado como una auténtica conspiración para derribar al gobierno de coalición progresista. Un golpe de mano que incluyó la compra de dos diputados de Unión de Pueblo Navarro. El golpe se selló con un fracaso, pero consumó una ruptura definitiva y no sostenible entre la cúpula del empresariado y la del partido pro empresarial por excelencia del reino.
*El segundo, la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Castilla y León. El resultado de lo que se presumía como un éxito en la labor de recomposición del espacio del centro derecha, deshinchando a Vox y a C’s, también terminó en decepción. El presidente saliente y “proto-entrate” del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra hoy, haga lo que haga, más en manos de una extrema derecha (Vox), algo que no ocurría antes de la provocada y muy mal calculada visita a las urnas.
*El tercer error, fue amagar y no dar en la crisis constante que, en el último par de años, ha vivido la dirección estatal del partido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ataque de supuesta limpieza anticorrupción, que le llevó a denunciar la falta de ética, estética y decencia de la presidenta madrileña con la adjudicación a dedo de contratos a su hermano, y que solo le duró tres horas. Tras ese tiempo, Casado lo retiró, se dio por satisfecho con unas pocas explicaciones y colocó de esta manera el clavo definitivo en su propio ataúd político.
El PP se prepara para celebrar un congreso extraordinario los días 2 y 3 de abril, pero los muertos, aunque estén en la nevera, pesan y huelen. Es mucho tiempo para mantener a un zombi como Casado. Veremos si pueden.
Su sustituto
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la comunidad autónoma de Galicia, es quién, a día de hoy, figura con más papeletas en la carrera por la sustitución. Cuatro mayorías absolutas lo avalan junto con el hecho de que en su territorio Vox, el rival que compite con el PP por el relato y la dirección de la derecha española, no tiene representación y C’s, tampoco. Sus escándalos, marcados por sus relaciones con el narco Marcial Dorado, vuelven, tímidamente, a salir. También lo hacen los presuntos favores a la familia, tales como el enorme volumen de contratos para Eulen (6,2 millones de euros) y el ascenso, tras ello, de su hermana a directora de la compañía. Ahora bien, el espacio de las derechas de la piel de toro “busca jefe” y política para reconstruirse tras los bandazos de estos tres últimos años. Hoy esa necesidad tiene más peso que todas sus tropelías en los servicios públicos o su política descarada a favor de los sectores más poderosos en su comunidad.
El comisionista y su familia
Una parte importante de la pelea por deshacerse de Pablo Casado ha estado dominada por su reyerta con la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Ayuso convocó y ganó, contra la opinión de la ya descabezada dirección estatal de su partido, unas elecciones que le dieron una mayoría muy clara en su asamblea regional y le han permitido gobernar en solitario, si bien con constantes guiños y complicidades con la extrema derecha de Vox. Ayuso hace del relativismo norma, compra un estilo trumpista en el discurso y no duda presentarse como la víctima de todas las conjuras. Eso sí, no pierde ocasión para desmantelar lo público, exonerar de impuestos a los ricos y tratar al presupuesto público como su tesoro. Un tesoro que reparte de manera cada vez más discrecional entre familia y grandes empresas.
Ayuso resume (de manera muy concentrada) la naturaleza de la parte más parásita y a la vez pujante del capitalismo de la capital del reino: las comisiones y la corrupción, de las que, sin duda alguna, el ejemplo más paradigmático es el rey emérito y Madrid su centro.
Acelerando la crisis en el PP estatal, Ayuso convocó a los medios y acusó a Casado de espiarla. Además, colocó al alcalde de Madrid, también del PP, ante la obligación de destituir a su jefe de gabinete (el presunto fontanero de confianza que organizó el espionaje) y lo forzó, de facto, dejar su cargo de portavoz nacional del partido si quería seguir en el cargo de primer edil de la capital.
Ayuso defendió cobrar comisiones como algo legítimo y, en consecuencia, negó que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, o su familia se estuvieran lucrando ilegítimamente con contratos a dedo firmados aprovechando las facilidades que está dando la pandemia. En la rueda de prensa, desmintió a Casado y sus cifras de 283 mil euros en comisiones, pero reconoció pagos a su hermano por valor de 55 mil euros. Movió los hilos de la prensa amiga (la inmensa mayoría) para convocar una manifestación ante la sede del partido. Hoy, con Casado ya zombie, cuando uno de esos contratos ya se encuentra en manos de la fiscalía y las izquierdas aprietan en la Asamblea y los tribunales, reconoce y se desdice (a la vez) de los números dados por Casado, en un intento, claramente trumpista, de transformar hechos contrastados y presuntamente delictivos en simples pareceres.
De momento, a Ayuso ya le van saliendo más y más contratos. Un socio de la madre tiene uno por valor por valor de 925 mil euros, un tercero, socio del hermano, acumula varios y así se van añadiendo cuentas al rosario de favores que suman hasta una veintena entre 2017 y 2022.
El procedimiento todos los casos es siempre el mismo: (A) Controlar el presupuesto (B) despedazarlo en cachos entre las grandes empresas que refuerzan su posición en el mercado y su caja con ello, y (C) cobrar por ser el conseguidor/facilitador. La familia Ayuso lleva años comiendo en ese pesebre y siempre muy relacionada con el sector sanitario. Precisamente, la llamada Ley Ómnibus (Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región), norma de enorme transcendencia en Madrid, creará una oficina con dinero público, opaca al control político y el parlamentario, que desgajará una parte, no pequeña, de los 8.783 millones del presupuesto en sanidad madrileño en manos de la discrecionalidad contractual.
El declive del bipartidismo
La forma gore en que se desarrolla la pelea por el control del aparato del PP constituye la manera en la que, en una sociedad tan profundamente dividida en clases, la burguesía y sus representantes despliegan la lucha política adaptada, eso sí, a los usos y costumbres locales. Es decir, el combate por el poder entre los clanes del PP, cargado de corrupción, espionajes, uso descarado del poder institucional como instrumento y del dinero público como medio, es la manera en que llevan a cabo sus luchas políticas. Se trata de un método no diferente a lo que hacen en el mundo empresarial las diversas compañías. “Siempre amigos”, pero siempre en guerra por el control del trozo más grande del pastel, de aquel que permite ganar más y más dinero, impunidad y control social.
En medio del declive del bipartidismo, expresión de la crisis en la que vive el régimen del 78, el gran partido de la derecha busca cómo encajar la lectura reaccionaria, franquista, anti igualitaria, protoliberticida y recentralizadora que Vox representa. Una tarea que mantendrá a las derechas en un estable desequilibrio durante tiempo y que exigirá, además de nombres, propuestas y que hoy la aboca a un giro reaccionario cuya profundidad es, de momento, no predecible.
Las alianzas: un reto a derechas e izquierdas
La crisis de representación política bipartidista constituye la expresión de dificultades estructurales ya gigantescas en el régimen actual. Hay déficits de solución en problemas evidentes como la financiación pública (reforma fiscal), caja de las pensiones, desempleo, pobreza, seguridad social, atraso en la modernización de la Administración y del sistema productivo, descentralización y poder municipal, despoblación, desigualdad y, sobre todo, el gran problema que representa el no reconocimiento de la realidad plurinacional del reino y el rechazo militante institucional al derecho a decidir que expresa el aparato de Estado en su conjunto.
Todos estos retos, que afectan a la forma y nivel de vida de la población, no encuentran cauce para su resolución ni en marco institucional, ni en la representación política bipartidaria. Ahí se halla el fondo de la crisis que emerge a derechas e izquierdas y que exige mudas ante los cambios que todo ello provoca en el electorado. Esa es la razón por la que política de alianzas adquiere una importancia cada vez mayor en la lucha entre las clases en el reino.
Hoy en el campo de las izquierdas la base más sólida para la construcción de esas alianzas y su avance se halla en la mayoría parlamentaria sobre la que se sustenta el gobierno de coalición progresista. Ahora bien, dicha suma, para ser exitosa, deberá centrarse en resolver los serios problemas antes anunciados, no en proteger la estructura institucional que los tapona y acumula. El presidente Sánchez y el PSOE construyen, hasta ahora, la mayoría partiendo de esa segunda opción: salvar el régimen por encima de cualquier otro interés. De ahí nace la principal dificultad para aprovechar la división de las derechas como un medio de fortalecer a las fuerzas de progreso, e inclinar decididamente la balanza hacia ellas.
Fortalecer esas alianzas en lo social y territorial exigiría partir como método de la igualdad en el debate de todas las propuestas; las divisiones entre las izquierdas y opciones ciudadanas en Castilla y León, en Madrid o Andalucía así lo exigen. Por no hablar del reto que suponen EH Bildú o ERC. Por tales razones (empeño por la igualdad, amplitud de las alianzas y profundidad de los problemas) deberían tener un marcado carácter republicano en su fondo. Es decir, de conquista de derechos universales que garantizaran igualdad, protección y libertad para toda población, algo que en el marco actual está vedado.
Carlos Girbau Es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.